Nora Rodríguez Aceves
Organizaciones de todo el continente latinoamericano exigen cambios en las políticas contra las drogas: el fin de un enfoque puramente criminal y policiaco, y la construcción democrática de otro en el que se privilegie el desarrollo social, la educación, la cobertura universal en salud, la libertad y los derechos de todas las personas. “La guerra hacia ellas nunca podrá ser la solución”.
En una declaración coordinada por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y firmada por varios grupos, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), las organizaciones, señalan que “como nunca antes, la llamada guerra contra las drogas amenaza a la seguridad, las instituciones democráticas y el desarrollo hemisférico. Las fronteras , en muchos sentidos, se han vuelto irrelevantes para una dinámica económica que trasciende países y gobiernos, de modo tal que un problema global afecta gravemente a miles de comunidades en toda la región”.
Mañana, 17 de junio, se cumplen 40 años de la Guerra contra las Drogas declarada por el presidente estadounidense Richard Nixon. Desde entonces, “un paradigma prohibicionista, represivo y de tolerancia cero ha devenido en una imposición política global, cuyos costos y resultados en América Latina no son nada más que un desastre: la producción y el consumo de drogas ha observado un constante aumento en la región, y el desarrollo de una economía ilegal de enormes proporciones ha generado un aumento en la violencia, la criminalización de grandes franjas de la población y un aumento exponencial de las violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho de todo el continente”, señalan las organizaciones y sociedades latinoamericanas.
En el documento Es hora de la Paz, las organizaciones indican los devastadores efectos sociales de esta guerra: el peso de la aplicación de la ley recae sobre los más vulnerables, desempleados, campesinos, indígenas, migrantes, y mujeres; la criminalización de los usuarios confunde el mundo de las políticas de salud con las de seguridad; los sistemas de justicia y carcelarios se encuentran al borde del colapso; la participación de las fuerzas armadas en esta guerra, ha incrementado sustancialmente las violaciones de los derechos humanos; las instituciones democráticas sufren inmensas presiones por parte de grandes intereses, que se empeñan en mantenerlas débiles para garantizar sus negocios; las mafias y el crimen organizado se han consolidado en la región, progresivamente extienden sus intereses a otras actividades ilegales igualmente rentables.
En contraste, los miembros del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, exigen un cambio en la estrategia y proponen: que todas las políticas hacia las drogas observen un equilibrio entre las prioridades de salud y las de seguridad, partan de base científicas y empíricas, respeten los derechos humanos y sean sujetas a evaluaciones objetivas, imparciales y periódicas en las que participe la sociedad civil; que las políticas hacia las drogas cuente con recursos suficientes; que las estrategias gubernamentales para la reducción de los cultivos ilegales se bases en la promoción del desarrollo económico y la prestación de servicios básicos; se desarrolle una cultura de no discriminación de los usuarios de drogas, de modo tal que estos encuentren apoyo en las instituciones, en lugar de persecución y criminalización, especialmente entre las poblaciones más marginadas; las leyes relativas a drogas observen proporcionalidad en la tipificación del delito y las penas y contemplen también sanciones alternativas para aquellos que al infringir las leyes no hayan cometido delitos violentos, entre otros planteamientos que hacen los organismos de la región latina.
“Después de 40 años tenemos evidencia de que la estrategia actual no sólo no funciona, sino hasta empeora la situación”, dice Coletta Youngers, asesora principal al programa de WOLA sobre políticas de drogas. “Es tiempo de implementar políticas que aborden las causas sociales del consumo y tráfico de drogas”.