Jaime Cárdenas: Ahí está el caso de Hank Rhon
Moisés Castillo
En el reciente informe de la ONU sobre la independencia de jueces se exhiben las carencias en la independencia del Poder Judicial en México.
La relatora especial Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva detalla que el hecho que el ministerio público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva.
Además, Knaul de Albuquerque y Silva recomendó a México suprimir la figura del arraigo en la legislación, que dispone la retención paracarcelaria de una persona por un plazo de hasta 80 días, para que la autoridad judicial investigue, en espera de una eventual acusación que permita iniciar un procedimiento legal.
Es por ello que varios especialistas y la misma Secretaría de Gobernación, han urgido transformar estructuralmente al ministerio público y a la policía investigadora para que respondan adecuadamente a la reforma penal que se aprobó en 2008, ya que de lo contrario conducirá al fracaso.
Para Jaime Cárdenas, diputado del Partido del Trabajo, el ministerio público al no ser autónomo de la Presidencia de la República o de los gobiernos estatales, sirve para perseguir y golpear a los adversarios políticos, por lo que la tentación siempre está latente.
“Están mandando —dice— una señal muy ominosa, un discurso de «no nos va importar, vamos usar cualquier cosa para destruir a la oposición». En el caso Hank es para amedrentar a los priístas. Hank no tiene una buena fama, tiene antecedentes turbios, pero el gobierno aprovecha esta coyuntura electoral para amedrentar al PRI”.
Exceso en el uso del ejército
¿Apenas se inicia la “cacería de brujas” rumbo al 2012?
Hay que esperar a los acontecimientos, si hay otras detenciones de políticos priístas, si se sigue usando el ejército para tareas de seguridad pública. Hay una gran preocupación dentro del gobierno y del panismo, porque se dan cuenta que las encuestas en el Estado de México no les favorecen. El PAN será la tercera fuerza política por debajo del PRD y del PRI. Además sus precandidatos a la presidencia no son figuras que cuenten con el respaldo popular, ni los actuales funcionarios del gabinete, ni Santiago Creel, nadie tiene la estatura ni la popularidad para ganar la elección presidencial. Todo esto obedece al nerviosismo y preocupación que existe en las esferas del gobierno.
Pareciera que todo se justifica en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”…
Hay un exceso del uso del ejército en el combate al narco. Nosotros hemos denunciado que las fuerzas armadas no pueden realizar tareas de seguridad pública. La primera violación a la Constitución en el caso Hank tiene que ver con el empleo de las fuerzas militares para realizar estas tareas. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una labor exclusiva de las autoridades de seguridad pública civiles, aquí hay una grave violación constitucional. Sabemos que esas diligencias se realizaron sin tener órdenes de cateo, posiblemente se sembraron armas, todo se hizo sin transparencia. Esto está desaseado y se realiza en contra de la Constitución, son pesquisas no propias de un Estado de derecho. Hay un uso político de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, para investigar y perseguir delitos. La detención se realiza cuatro semanas antes de los comicios en el Estado de México. Por qué no se le detuvo después o meses antes de las elecciones. Desde luego que por el timing, por el momento en que se realiza la captura, tenemos que hacer obligadamente una lectura de carácter político.
¿Estamos viendo la verdadera mano de Marisela Morales?
Nosotros en su momento cuestionamos varias cosas acerca de su nombramiento. Ella fue responsable del llamado michoacanazo, ella tuvo un papel destacado en el asunto del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, no es para nada desconocido su pasado público. Ella ha permitido que el ministerio público se use con fines políticos. En vísperas de que fuera nombrada titular de la PGR, ella había recibido por parte de Estados Unidos el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011, por lo que solicitó desde un inicio la autorización del Senado, pero cuando llegó la petición a la Cámara de Diputados, ya había recibido el reconocimiento por parte de la primera dama, Michell Obama, y de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Sin embargo, la Cámara de Diputados nunca aprobó esta solicitud, la de senadores sí. Pasó como el caso de Genaro García Luna con el reconocimiento que le dio el gobierno colombiano: Marisela Morales perdió la ciudadanía mexicana porque no obtuvo la autorización del Congreso de la Unión para aceptar el reconocimiento de Washington. Desde ahí nos manifestamos contra las prácticas y actitudes de la funcionaria pública.
Crisis del sistema
¿Ha servido la alternancia para alcanzar una democracia con más justicia y menos impunidad?
Todo esto que ocurre es prueba de la crisis que vive el sistema político mexicano. Es prueba de la falta de democracia, es prueba de la falta de voluntad del gobierno panista para desarrollar procesos y prácticas democráticas auténticas. Felipe Calderón no tiene un compromiso con la democracia, con la transformación institucional del país para construir un Estado de derecho. Su gobierno se ha caracterizado por el uso anticonstitucional del ejército, por la mano dura. Es un gobierno pragmático, que vulnera libertades y este clima no augura nada bueno para el proceso electoral del 2012. Me temo que habrá mucha guerra sucia, habrá campañas negras y Calderón utilizará cualquier instrumento del Estado para destruir a sus adversarios.
En el plano electoral, ¿existen retrocesos o avances luego de la crisis del 2006?
La bancada del PT es muy crítica con las instituciones electorales. Pensamos que el método para designar consejeros y magistrados electorales, que pasa por la Cámara de Diputados o el Senado, es un método que ya está superado por la realidad y por una democracia efectiva. El actual método permite el reparto de cuotas, de magistrados y consejeros entre partidos mayoritarios. Por eso, nosotros hemos propuesto distintas iniciativas de reforma constitucional para que tanto consejeros como magistrados se elijan por el voto de los ciudadanos y que no sean determinados por las cuotas de los partidos mayoritarios.