Irma Ortiz

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, habló a Siempre! sobre su informe 2010, donde destacaron temas controversiales como la trata de blancas en los penales capitalinos y la supervía.

Tres aspectos

Presentó usted su informe 2010. ¿Los puntos torales?

Tres aspectos. El primero, la actividad de la Comisión de Derechos Humanos, que tiene una amplia gama en términos de promoción, de educación por los derechos humanos.

Durante el año 2010 se incrementó en más de un centenar el número de organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos con un proyecto muy interesante.

Por un lado, motivando la formación de nuevas organizaciones; por otro, con las consolidadas, impulsar agendas bilaterales y proyectos comunes.

Hay un proyecto en particular, de cultura de paz donde se involucra la Universidad Pedagógica Nacional, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos, empeñados en tener un modelo de convivencia diferente.

Una segunda parte tiene que ver con el Estado. La situación de los derechos humanos en la ciudad. A través del número de quejas que recibimos, las resoluciones emitidas y de la resolución de las recomendaciones, se establece que hubo alrededor de 9 mil quejas a lo largo de 2010. La mayoría en el ámbito del sistema penal, por una parte, la policía; el sistema carcelario; la procuración de justicia y el sistema de salud. Aclaro, la mayor parte de las quejas contra el sistema de salud son originadas en prisiones.

Destaco la recomendación sobre el tema de trata de internas en los penales. A pesar de que había muchos rumores de la existencia de estas redes, hicimos una investigación detallada, cuidadosa, que nos permitió establecer cómo trabajaba personal del Tribunal Superior de Justicia que emite los pedimentos para que las presas vayan al juzgado y gente del sistema penitenciario, que armaban una red y aprovechaban la necesidad de las internas de llegar a los juzgados para hacer una especie de “pasarela” y generar condiciones para la prostitución, en algunos casos consentida, en otros no, pero en todos los casos, ilegal y envuelta en un halo de corrupción.

Establecimos muy bien cómo se daba la situación y emitimos la recomendación. Desafortunadamente, está en seguimiento, hay una persona condenada y otra más prófuga.

En nuestra opinión, no se ha realizado una investigación detallada desde la procuraduría local para encontrar más culpables.

Un segundo problema tiene que ver con el desarrollo urbano. La ciudad crece, se invierte y surgen nuevos polos, es el caso de Santa Fe que debe estar comunicado con el resto de la ciudad. Ahí destacó el tema supervía que atendimos a principios de año, donde emitimos una recomendación, pero seguimos otros casos como el estadio en Azcapotzalco o la Torre Bicentenario.

Lo que hoy se nota es una efervescencia social a la que hay que dar la bienvenida, porque la ciudadanía es más consciente de sus derechos y no se contenta con que el gobierno comience a construir una carretera o un edificio, preguntan por qué, exige cuentas.

Hemos notado que aunque las leyes señalan qué hay que hacer, lo que no está claro, es cómo la autoridad se apega a la ley, todavía están muy acostumbrados a brincarse las leyes para ajustarse a los proyectos. Cuando la gente pregunta, no hay documentos ni respuestas claras y eso irrita más a la ciudadanía y situaciones que tienen que ver con elementos legales de la construcción y del medio ambiente, se convierten en conflictos sociales.

Supervía

El caso de la supervía pasó de ser un reclamo por una vialidad a convertirse en un conflicto social de alcance mayor. Hicimos notar en el informe la necesidad de que se respeten las regulaciones en materia de construcción, de medio ambiente, de participación ciudadana.

Es muy importante que se realicen las consultas necesarias antes de empezar los proyectos, hay que poner de acuerdo a la gente, porque si no después surgen problemas como éste.

La tercera parte del informe tiene que ver con la relación con el gobierno de la ciudad. Con el paso de los años esta relación se fue degradando, la autoridad aprendió a aceptar las recomendaciones de manera parcial y negociar los puntos recomendatorios, lo que hace al final que las recomendaciones sean aceptadas o las que son parcialmente aceptadas en los hechos, no tienen un efecto como el esperado, porque los puntos recomendatorios se negocian de manera tal, que causen el menor daño posible a la autoridad.

Es importante que la autoridad sepa que cuando la Comisión de Derechos Humanos dice que se violaron los derechos humanos lo hace porque hay una investigación seria, documentada y los expedientes dan cuenta de ello. Cuando llegamos a una recomendación es porque tenemos todos los elementos para recomendar y lo hacemos con una visión estructural. ¿Qué sucede?, que en ocasiones la autoridad dice: no estoy de acuerdo con que violamos derechos humanos, pero voy aceptar la recomendación, no toda, pero si este punto y este otro que creo que te puedo cumplir.

La finalidad de la recomendación no es sólo que se cumpla sino que se resuelvan los problemas. Está asociado con los cambios que tienen que realizar, los arreglos en la política pública para que las cosas no se repitan, se reparen los daños y las víctimas queden satisfechas.

Naturaleza del ombudsman

El asunto de la supervía sigue pendiente. Además, provocó un distanciamiento del gobierno capitalino hacia la Comisión de Derechos Humanos.

Llegamos hasta donde teníamos que llegar en el caso supervía. Somos una institución de Estado, cuya misión es decirle al gobierno esto no lo estás haciendo bien, hay que repararlo de esta manera. El Estado tiene la prerrogativa de aceptarlo o no, pero como todos los actos públicos la aceptación o no, tiene que ser fundada y motivada, tiene que ser explicada.

El marco jurídico de la ciudad en materia de derechos humanos prevé que cuando se da una presunta violación, la Comisión de Derechos Humanos interviene, investiga. Si se acredita esa violación recomienda y si no se acepta o se acepta y no se cumple, tiene que dar cuenta ante la Asamblea Legislativa, está en la ley y no se había hecho valer.

No se tenía conciencia clara del mecanismo y lo hemos hecho valer. Emitimos la recomendación, hay un rechazo o una aceptación parcial, sólo aceptaron algunos puntos que en nuestra opinión no garantizaban nuestra recomendación y por ello hicimos un llamado a la Asamblea Legislativa del DF para que active ese mecanismo y lo convierta en un mecanismo que se emplee de manera normal.

Cada año tienen un calendario las autoridades para comparecer y así expliquen las razones de sus rechazos o incumplimientos ¿En qué punto está el tema?, en manos de la Asamblea del DF.

Incluso hicimos un segundo llamado al gobierno de la ciudad para que aceptara la recomendación, éste se sostuvo en la negativa y la situación pasa a manos de la Asamblea del DF.

Otra cuestión difícil que se entienda es la naturaleza del ombudsman, que por su propia genética, si se puede decir, no puede ser orgánica con respecto al gobierno de la ciudad, porque eso implicaría restarle autonomía, por una parte y por otra, quitarle credibilidad, como consecuencia de la disminución de su autonomía.

Somos un órgano de Estado, como lo es el Tribunal Superior de Justicia, la propia Asamblea y el Gobierno de la ciudad, pero hoy las democracias se conciben como mecanismos de pesos y contrapesos. Si todos vamos para el mismo lado, no hay posibilidad de generar contrapesos y las posibilidades reales de denunciar lo que se hace mal, se minimiza.

La ciudad de México es una isla respecto de derechos humanos en todo el país e incluso con respecto a otras ciudades del mundo. Hay una actitud, por la razón que sea, de muchos funcionarios del gobierno que tienen interés en los derechos humanos, eso no pasaba antes.

El Distrito Federal se destaca por esta actitud, tenemos el programa de derechos humanos en la ciudad que no existe en otra parte del mundo, pero hay problemas serios que hay que denunciar. Esa visión orgánica que armoniza políticamente todos los que pertenecemos al Estado, no es funcional, la posibilidad real de hacer ver los fallos y huecos que tenemos en materia de derechos humanos, son muy importantes.

El ombudsman no tiene las resoluciones que emitimos nosotros, que no son obligatorias, pero el poder que tiene la institución se basa en la autoridad moral de sus resoluciones y en la posibilidad de hacerlo público.

La única manera de generar un costo político para la autoridad que viola derechos es ser contrapeso efectivo, garantizar la autonomía y denunciar lo que está mal.

Desde luego establecemos mecanismos de comunicación con el gobierno de la ciudad, hay una agenda muy amplia de trabajo con ellos, particularmente del tema de promoción pero respecto a la atención de quejas, el 70 por ciento, 7 de cada 10 quejas se resuelven por gestiones realizadas entre las y los visitadores de la comisión y el gobierno. Un trabajo intenso que da cuenta de 9 mil quejas, quiere decir que en la inmensa mayoría de los casos se resuelven por la vía de conciliación. No es verdad que no recurrimos a ésta, por el contrario, es la primera opción.

La trata de internas, por ejemplo, es un problema muy serio que había permanecido opaco. La Comisión de Derechos Humanos tiene 17 años emitiendo recomendaciones, si las ven, son las mismas, cambian los nombres de las autoridades, pero el problema penitenciario no sólo no se ha resuelto sino que se incrementa. Cuando surgen problemas de carácter estructural, tenemos que señalarlos, no está sujeto a negociación.

Experiencia ante procesos electorales

Es difícil trabajar cuando no hay esta fluidez, cuando ustedes trabajaron en la ley de derechos humanos y no se les invitó a la ceremonia.

Es una actitud que asumió el Gobierno de la ciudad en función de que el mismo día estaba mi informe de labores. Rechazo la visión de una confrontación, no la quiero comprar porque no la estamos asumiendo así. Para mí es muy claro que somos dos cosas distintas, la Comisión de Derechos Humanos tiene su mandato, el gobierno tiene el suyo. Hay momentos en los que trabajamos juntos y echamos toda la carne al asador.

El evento de la promulgación de la ley era un momento simbólico, importante, pero el que haya sido invitado o no, no mina el trabajo que hacemos en la Comisión de Derechos Humanos en favor del programa de derechos humanos.

Ahí también defendemos nuestra autonomía porque no podemos ser un estado monolítico.

Hay una agenda de trabajo que subyace estas cuestiones que trasciende a los conflictos personales y se está desahogando y qué bueno porque eso es en favor de la ciudadanía.

¿Está preparada la Comisión de Derechos Humanos ante los procesos electorales que se avecinan y con ello el incremento de denuncias?

Tenemos experiencia de muchos años de estos procesos, ahora aparecen más temprano, pero sabemos con mucha claridad que se incrementan las quejas, que los recursos se relocalizan en el gobierno y afectan los programas sociales.

Desde principios de este año instauramos un mecanismo para resolver esta situación. Tenemos dos meses y reducimos el número de quejas.

El problema más serio se presenta con la interpretación que se hace de la acción de la Comisión de Derechos Humanos. Hemos invertido durante 2010, que es en realidad el primer año de trabajo de esta comisión, mucho tiempo en generar criterios para que las resoluciones sean muy técnicas y se eviten o minimicen, porque no se puede evitar la posibilidad de que se diga que tienen algún interés de carácter político.

Nos queda muy claro que si se emite una recomendación al gobierno local se va a decir que seguramente que algún partido de oposición presionó.

Nos queda muy claro que si nos tuviésemos que meter en alguno de esos temas que no les gusta por ejemplo a los partidos más conservadores, se va a decir que estamos del lado del gobierno de a ciudad. Lo sabemos y por eso hemos generado pronunciamientos y resoluciones muy técnicas.

Si revisa el asunto de la trata de personas o el de la supervía, que ha sido muy polémico, la recomendación ha sido muy halagada en términos del corpus técnico, las violaciones son claras, están perfectamente probadas, no se puede decir, salvo con mala fe, que hubiese algún interés de otra naturaleza.

Emitimos recientemente una recomendación que es una de las más importantes emitidas en la Comisión de Derechos Humanos, que es la del arraigo. Toca un tema muy sensible en el país, que genera una doble posición porque cuando interpelan al jurista, no conozco ninguno que esté a favor del arraigo, pero cuando interpelan al funcionario público —y a veces estos dos elementos se reúnen en una sola persona— el tema es: lo necesitamos.

Queda claro que hay un elemento pragmático detrás pero que al asumirlo, se asume el costo de la violación de derechos fundamentales de personas concretas.

Es un tema polémico, con todo y eso, el número de casos que teníamos cerca de 90, donde se presentaban distintos tipos de problemas con el arraigo, nos empujó a resolver en ese sentido. Emitimos la recomendación que es muy técnica, muy cuidada para evitar que se dijera que es un mecanismo para golpear a fulano o zutano y la emitimos a las dos instancias que consideramos tienen que ver con el tema, la procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia.

Más allá de la respuesta que nos den, lo que importa es que el tema se discuta, que la Comisión de Derechos Humanos no se quede callada en un asunto que implica la posibilidad de que algún mexicano sea acusado por un delito, vaya a dar al arraigo, sin tener ninguna garantía de defensa.

Es una actitud de protección del defensor del pueblo frente a un género de violaciones que tienen un componente personal en términos de la posibilidad de personas concretas, se les aplique el arraigo pero también tiene un componente de violación legal de derechos humanos. La ley viola derechos fundamentales que incluso, no lo decimos así, la Constitución estaría poniendo en entredicho derechos fundamentales y alguien tiene que decirlo.

Me da gusto ver que el tribunal de justicia ha designado una comisión para hacer una valoración de fondo de lo que significa, es lo que queremos que se discuta, se confronte al jurista con el servidor público y se tomen decisiones que impliquen asumir la responsabilidad de seguir aplicando el arraigo, pero tienen que saber que están violando derechos.

Usos del sistema penal

Una reflexión: hemos dado pasos muy grandes en materia de democracia, sin embargo, cuando estamos frente a escenarios electorales, nuestros funcionarios siguen adoptando las mismas posiciones de siempre.

Es uno de los ámbitos en los que menos hemos evolucionado. Me voy a meter en un tema que no es nuestro, porque el plano electoral está fuera de nuestra ámbito de competencia, pero las campañas han evolucionado en un sentido interesante hacia lo que en el mundo en general se aprecia de la política, que es el tema de la imagen, que tiene que ver con mensajes cautivadores, mensajes que apelen menos al intelecto de las personas y mucho más al corazón, a la parte más visceral.

Desde hace tiempo hemos visto campañas que tiene ese matiz y la construcción de candidatos con esa misma visión.

En contraparte, tenemos los mismos criterios incluso exacerbados que se han tenido en el pasado como mecanismos para llegar al poder. Vemos estos mecanismos de alianza por ejemplo, donde no hay un programa político común, sin embargo, lo que sí es común, es la necesidad de llegar a través de alguien al poder y después repartírselo, una vez que están colocados.

Eso trae una serie de conflictos, porque las campañas cuestan mucho y ese dinero hay que sacarlo de algún lado, es un problema que se refleja en la distribución de los presupuestos hacia programas sociales y otras cuestiones de Estado que son vistas no necesariamente como prioritarias a la luz de las campañas y eso genera efervescencia.

Si a eso le añadimos las disputas que se dan hacia los grupos que se configuran alrededor de los partidos políticos, es relativamente explicable que se incremente el número de casos en los que puede haber violación a derechos humanos o incluso comisión de delitos. Vemos los usos del sistema penal con fines electorales, ahora tenemos un par de casos con el caso Hank Rhon y seguramente saldrán otros casos más, en los que siempre quedará esta sospecha.

Tenemos mucho que aprender, hay que apostarle a una cultura de derechos, en la que veamos al gobernante como alguien que nos va a resolver problemas y no necesariamente como quien que nos va a garantizar el acceso al poder o a la posibilidad de evadir la ley o tener un camino alterno que nos va a generar ventajas.

Hoy más que nunca el país necesita de gobernantes que tengan esa visión ciudadana de resolución de problemas, porque conflictos tenemos en todo el país y estos mecanismos siguen presentes pero no sirven para resolver efectivamente las problemáticas.

¿Consecuencias de utilizar a las instituciones de justicia?

Muy grave, porque desvirtúan a nuestras instituciones, generan desconfianza. Otro de los graves problemas en el país es la desconfianza en las instituciones, tenemos que ser muy cuidadosos y aquí también lo digo por la Comisión de Derechos Humanos, porque también somos una tentación. Hay que ser muy cuidadosos para que nuestros mensajes, las resoluciones y los pronunciamientos que hacemos, sean nítidos, claros, técnicos, muy profesionales de manera tal, que al contrario busquen garantizar la confianza ciudadana. Si no hay confianza en las instituciones es el principio, en mi opinión, de la desarticulación del Estado.