Suspender elecciones en Michoacán… ¿y en 2012?

Un fantasma recorre la geografía nacional

 

El concepto “crisis” posee una gran importancia dentro de la ciencia política y la teoría del Estado; se define como tal al momento en que se produce una ruptura en el funcionamiento de un sistema.

En la interesante obra Siete herramientas para apagar una crisis de gobierno, escrita por el colombiano Mauricio de Vengoechea, se asienta que las crisis no pueden ser encaradas apelando solamente a la intuición y dejando de lado el análisis científico, salvo que se esté dispuesto a caer en el “síndrome del acuario”, consistente en que el gobernante se acostumbra a ver y oír únicamente lo que sucede dentro de las paredes de cristal de sus oficinas, lugar al que sólo tienen acceso quienes sin descanso le dicen que “todo lo hace bien”, que “los que critican están equivocados”, que “las cosas están mucho mejor”.

En el libro en comento se propone un modelo para el manejo de las crisis gubernamentales apalancado en el uso intensivo de siete herramientas metodológicas, siendo la más importante de ellas la concepción e instrumentación de una estrategia. Es el alma de la gestión, no tenerla es como ir por el mundo dando palos de ciego; debe ser producto del consenso más amplio posible, incluyendo la aquiescencia de los ciudadanos.

El autor señala que evitar caer en el ojo del huracán es una habilidad que todo gobernante debe aprender a desarrollar, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de perder el norte e instalarse en un inmenso vacío que termina por devorarlo todo.

La guerra antinarco ha generado una crisis que ya se ha extendido a las distintas esferas del imaginario colectivo: el sistema jurídico, el sistema político, el sistema económico, el sistema social y el sistema cultural. Se trata de una mega-crisis, una crisis de carácter sistémico. Los límites constitucionales, la gobernabilidad, la estabilidad, el tejido social, el sentido de pertenencia a la nación, la esperanza en un futuro mejor, se encuentran seriamente dañados.

El Ejecutivo no tiene estrategia alguna para encarar el gravísimo estado de cosas en el que ha colocado a la nación. Su reacción ha sido el atrincheramiento en sus modelos mentales y la negativa rotunda a hacer contacto con la realidad. Derivado de lo anterior, se ha dado a la tarea de emprender acciones insensatas como la equiparación de su persona con la del gran estadista inglés Winston Churchill y el cabildeo que, según distintas notas de prensa, está realizando a fin de lograr un consenso en torno a la suspensión de los próximos comicios estatales de Michoacán, aduciendo que la excesiva violencia impedirá el desarrollo de las campañas y las jornadas electorales.

Respecto a esto último, Calderón está perdiendo de vista que, más allá de los cálculos sobre una supuesta rentabilidad política en pro de su partido, el derecho a votar y ser votado es un derecho humano y una garantía individual y que su eventual suspensión debe ser medida contra dos parámetros jurídicos fundamentales: los tratados humanitarios de los que es parte adherente el Estado mexicano y las reglas consagradas en el artículo 29 constitucional.

En el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José— se dispone que los derechos humanos de carácter político no pueden ser suspendidos en forma alguna, ni siquiera en el caso de una guerra interna. Consecuentemente, ni como jefe de gobierno, ni como jefe de Estado, el ocupante de Los Pinos tiene poderes jurídicos suficientes para promover, concertar o decretar el aplazamiento de los procesos comiciales. Dicho aserto se corresponde nítidamente con los lineamientos de la Carta Democrática Interamericana.

El desacato a este mandato colocaría a nuestro país de espaldas al derecho internacional de los derechos humanos, le significaría una responsabilidad internacional y obligaría a los organismos supranacionales a tomar cartas en el asunto, tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, entre otros.

Desde otra perspectiva, el artículo 29 constitucional prevé la suspensión de las garantías individuales en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, lo que teóricamente podría comprender la prerrogativa de votar y ser votado; sin embargo, para ello es menester contar con la aprobación expresa del Congreso de la Unión o, en su defecto, de la Comisión Permanente, la que debe adoptar la forma de una ley en la se contengan las prevenciones generales y el lugar y tiempo de duración de la medida de excepción.

Ese monumental desatino es una seria amenaza a la seguridad nacional y a la incipiente vida democrática de los mexicanos. Una vez conquistada la preciada meta del aplazamiento de las elecciones en tierras purépechas, ¿qué le impediría hacer lo mismo con la elección presidencial del 2012?

La sociedad civil y las fuerzas políticas progresistas deben salirle al paso a ese ignominioso fantasma que está recorriendo la geografía nacional. Hay que hacerlo a la voz de ya, antes que la ausencia de la razón jurídica sea suplida por una nefasta “razón de Estado” avalada por un cúmulo de bayonetas caladas.