Fallas, desvaríos y ocurrencias de Calderón
Las fallas, desvaríos y ocurrencias del gobierno de Felipe Calderón han trascendido al ámbito internacional. En una anterior colaboración hicimos notar que, merced a esos desatinos, se han abierto varios frentes que a manera de un legado maldito podrían ser endosados al siguiente Presidente de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, el Comité de Derechos del Niño de la ONU y otras instancias supranacionales, ya están tomando cartas en relación a la guerra antinarco y su horrenda secuela: más de 40 mil vidas humanas segadas, más de 10 mil personas desaparecidas, más de 50 mil huérfanos y más de 150 mil desplazados de sus lugares de origen.
A esos inauditos fuegos internacionales se han sumado otros, todos concernientes a asuntos ventilados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero es el caso del guerrerense Rosendo Radilla, cuya desaparición forzada durante la llamada guerra sucia fue atribuida por los jueces interamericanos a personeros del Estado mexicano.
El régimen panista se ha abstenido de instrumentar las acciones necesarias a fin de dar con el paradero de los restos mortales del progenitor de Tita Radilla; también se ha negado a derogar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, precepto en el que se plasma el fuero con el que se cobija a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando cometen delitos ajenos a la disciplina castrense.
Un segundo se refiere a las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes, al tenor de la sentencia dictada por la Corte de San José, fueron arteramente agredidas y violadas por militares.
A efecto de no llevar a juicio a los presuntos responsables y seguir manteniendo incólume el fuero que brinda impunidad a los militares, la administración calderonista se ha dado a la tarea de intentar revertir el fallo definitivo e irrevocable que le fue adverso mediante la interposición de recursos frívolos y notoriamente improcedentes. Es decir, en litigios de esta trascendencia jurídica y humana, se despliegan estrategias procesales propias de abogados tramposos, fulleros o chicaneros.
El tercero es emblemático a más no poder. Rocío Irene, Nitzia Paola y José Angel Alvarado, originarios de Chihuahua, fueron objeto de una desaparición forzada presuntamente imputable a militares. Sus familiares acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ordenó las medidas provisionales requeridas para la preservación de la integridad de las víctimas. Las autoridades nacionales no hicieron nada al respecto y la Interamericana emprendió un juicio ante el Tribunal de San José. Los representantes de nuestro país presionaron para que la audiencia que tuvo verificativo el 28 de junio pasado no fuera transmitida por televisión; ante las miradas llenas de asombro de los jueces humanitarios, igualmente hicieron ostensible su menosprecio y falta de respeto a los denunciantes.
Esa dureza, prepotencia y falta de sensibilidad contrasta significativamente con lo sucedido alrededor de otro asunto de carácter internacional. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la admisibilidad de la petición presentada por Fernando Rodríguez, presunto copartícipe en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, quien alega que fue detenido ilegalmente, que se le inflingieron torturas y que el juicio penal instruido en contra suya fue desahogado sin respeto a las normas del debido proceso.
Hasta ahí todo está de acuerdo a parámetros razonables. Nada puede reprochársele a quien decide activar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Lo que causa sorpresa y mueve a la reflexión es el hecho que, en un caso revestido de gran escándalo, el Estado mexicano decidió someterse al procedimiento de solución amistosa de la queja, aduciendo que nuestro país privilegia esa forma de atención de los asuntos en lugar de controvertirlos.
Tal determinación sin lugar a dudas evidencia que se está procediendo de manera autoritaria y caprichosa. De un lado imperan la intransigencia, la cerrazón, las engañifas litigiosas, la burla a quienes han sufrido graves vejaciones y ultrajes a la dignidad humana; del otro, campea una visión conciliatoria, anuente al reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos.
La generosidad que han mostrado el Ejecutivo federal y su equipo internacional no puede quedar circunscrita a la queja que nos ocupa. Debe ser ampliada a los casos que están pendientes de finiquito ante la Corte de San José así como a aquellos otros que se encuentran en proceso de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Respecto a estos últimos, por elemental congruencia y acorde al reconocimiento oficial de la existencia de una política institucional de no controvertir las peticiones humanitarias, el primer mandatario debe ordenar a la canciller Patricia Espinosa Cantellano, que de inmediato se produzca el allanamiento, entre otras, a las siguientes quejas relevantes: I) la interpuesta por Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y otros destacados luchadores sociales en relación a la matanza perpetrada el 10 de junio de 1971 por el grupo paramilitar de los Halcones, máxime que la verdad histórica de los hechos está documentada en una sentencia constitutiva de cosa juzgada emanada del Poder Judicial de la Federación; II) la presentada por Alicia de los Ríos con motivo de la desaparición forzada de su madre en el contexto de la guerra sucia; III) la iniciada hace más de siete años por Aurora Cortina, hija del magistrado fundador del antiguo Tribunal Fiscal de la Federación, quien fue injustamente cesada de su cargo por la sola circunstancia de haber escrito un ensayo proponiendo la creación de la carrera judicial.
Ese doble rasero internacional debe ser puesto de lado, entre otras razones, porque es profundamente antidemocrático, lastima la imagen de México en el exterior y agrede los principios vertebrales de la razón, la verdad, la memoria y la justicia.