El caso de Mariel Solís habla elocuentemente del sistema mexicano de procuración e impartición de justicia.

La chica de 23 años fue detenida en julio de 2011 porque en junio de 2010 un tal Eduardo Adrián López Herrera, El Güero, asesino convicto y confeso, la acusó de ser cómplice en el homicidio del profesor universitario Salvador Rodríguez, cometido casi un año antes.

Una vez detenida, Mariel fue exhibida en forma humillante ante los reporteros de la fuente como si en realidad fuera una criminal y no, como era en realidad, mera sospechosa, y fue remitida a Santa Marta Acatitla antes de que feneciera el término de las 72 horas, lo que impidió una adecuada defensa.

Durante seis días, Mariel estuvo presa. Además de la acusación de El Güero (¿arrancada mediante tortura o a cambio de una rebaja en su pena de 113 años?), otra “prueba” fue el video de un cajero automático en el que aparece una mujer de pelo ondulado y senos prominentes, en tanto que Mariel es una joven delgada y de pelo lacio con poco o ningún parecido con la mujer del video.

En agosto de 2010, en una audiencia de desahogo de pruebas, El Güero negó conocer a la jovencita universitaria, lo que no impidió que los agentes de la procuraduría capitalina, comisionados para el caso, siguieran adelante con la falsa acusación, pese a que un perito de la misma institución declaró que no se podía tener certeza de que la mujer del video y Mariel Solís fueran la misma persona.

En fin, que no se trata sólo de una pifia, sino del afán deliberado de incriminar a una persona a quien no se puede probar la culpabilidad. Por este hecho debe renunciar el subprocurador de Averiguaciones Previas de la procuraduría capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, y deberían ser cesados y procesados el agente del ministerio público que intervino en el asunto y los agentes involucrados en el caso. Pero es mucho pedir.

En los mismos días en que se discutía en los diarios el caso de Mariel, se supo que por disposición del juez penal 25, tres profesionistas, casados y respetables, habían pasado ocho meses presos por no dejarse extorsionar por el comandante de la policía de investigación Gustavo García Tello.

Es tan escandalosa la corrupción, indolencia e ineptitud del Poder Judicial, que el documental Presunto culpable es candidato a ganar tres Grammys. Es más, hasta Felipe Calderón exigió una depuración de la judicatura, exigencia que horas después abandonó al recordar que el tribunal electoral lo favoreció en 2006, pese a que eran abrumadoras las pruebas en contra de su triunfo en los comicios de ese año… Así no hay depuración posible.