Si México busca ganar la guerra antinarco sólo será posible persiguiendo los recursos financieros de los cárteles, que compran armas, policías, equipos de radiotelecomunicación y voluntades políticas.

Así lo advirtió un grupo de expertos académicos y políticos que participaron recientemente en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia. Hacia una Política de Estado en los Albores del Tercer Milenio, en el auditorio Gustavo Baz Prada, del Antiguo Palacio de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Según datos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México, del total de los delitos actuales, sólo el 22 por ciento son denunciados, por ello, los especialistas dijeron que nuestro país debe enfrentarse al crimen organizado, pero sin potenciar la agresión.

“La respuesta a la violencia mafiosa”, indicaron, “no está en la presencia policíaco-militar, porque el Estado cuenta con otras herramientas para hacerlo”, dijeron.

En la conferencia, entre 88 ponentes participaron: Luis Raúl González Pérez, abogado General de la UNAM y moderador; Ottavio Sferlazza, procurador adjunto de la Magistratura de Reggio Calabria, Italia; Luis Alejandro Astorga Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM; Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de seguridad de Lantia Consultores; Alfonso Navarrete Prida, diputado federal del PRI; Samuel González Ruiz, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y moderador; Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; Liza Zúñiga, investigadora del Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad, de Chile, y Sergio López Ayllón, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En particular, el doctor Ottavio Sferlazza, destacó que es de fundamental importancia luchar contra la infiltración de la criminalidad organizada en las instituciones y en el tejido económico, tanto como en el gravísimo fenómeno de la corrupción del cual depende, en gran medida, la pérdida de credibilidad de las instituciones.

Esta es la ponencia del doctor Sferlazza, quien, como ejemplo de la infiltración del narcotráfico en las institruciones, cuenta como Los Zetas colocaron una placa de bronce, a manera de limosna en una iglesia de Pachuca, y relata la experiencia italiana en la lucha contra las mafias.

CIUDAD DE MEXICO, 8 de junio 2011

Ponencia del Dr.Ottavio Sferlazza

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA EN MEXICO-ALGUNOS MOTIVOS DE REFLEXION A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA ITALIANA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

No es fácil para un observador extranjero intentar un análisis de la grave situación de la seguridad pública en México, analizar las causas del increíble nivel de violencia alcanzado en los últimos años y proponer soluciones eficaces que no sean veleidosas.

No es fácil nisiquiera para quien, como yo ha madurado una larga experiencia judicial en un País y en una región como Sicilia con una fuertísima presencia de la criminalidad organizada, como la mafia, que aunque se haya manchado de gravísimos atentados contra las instituciones – los estragos de 1992 en los que fueron masacrados Falcone y Borsellino y los hombres de su escolta – asimismo de sangrientas guerras interiores entre grupos o carteles (il monolingue recita: organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o armas)  contrapuestos por el control del territorio (en uno de los periodos má sangrientos, a lo largo de la así llamada segunda guerra de mafia  en los años 1979-1980 en la sola provincia de Palermo hubo más de mil muertos por obra de los Corleonesi de Salvatore Riina que lograron el control no contrastado de Cosa Nostra), sin embargo nunca ha hecho registrar niveles de violencia y sentido de inseguridad entre los ciudadanos como en este País.

Los fenómenos criminales difieren profundamente por raíces históricas, políticas y socio-económicas, si bien connotados por la compartición, por lo menos en  un sector de operatividad criminal, o sea el que se conecta con el narcotráfico.

Si los datos en mi posesión son exactos en los últimos cuatro años en México el número de muertos ha alcanzado la increíble cifra de 30.000(treinta mil) con una  media  de 33 muertos al día, más del 60% de los cuales son jóvenes.

De los 10 mil muertos y más de 2010 el 45% se ha registrado en dos solos Estados: Chihuahua y Sinaloa.

Según los datos estadísticos en mi posesión con respecto al total de los  muertos, 52 son militares y 637 policías de los diferentes cuerpos del País.

Se trata de una guerra en la que por lo menos ocho carteles se disputan el territorio para transferir droga desde el centro y el Sur América hacia Canada , Estados Unidos y Europa.

Impresionante es además el fenómeno de la violencia respecto a los migrantes. El año pasado estaba aquí en México cuando tuvo lugar la masacre de 72 migrantes en el Estado de Tamaulipas, evento que me impresióno mucho.

Pero ustedes conocen mejor que yo esos datos inquietantes por lo cual no sigo ilustrando una situación que ustedes viven cotidianamente.

Más bien, en esta sede, creo que es importante, para atenerme al tema que me asignaron y que constituye el ámbito de reflección de esta sesión, intentar un análisis del impacto de esta violencia en la seguridad objetiva y subjetiva y unas propuestas, sentando la premisa  que mi exposición encuentra el límite de (está limitada por) la  condición de observador extranjero y que aún frecuentando este País desde hace seis años e intercambiando opiniones con estudiosos mejicanos sobre temas de justicia, no me puedo considerar un experto conocedor de la realidad socio-política de este País.

Además, no siendo un experto en seguridad pública sino un magistrado quel lleva 30 años alternándose en el desempeño de funciones  juzgantes y requirentes, o sea de juez y de fiscal, mi perspectiva es  aquella típica del magistrado pero que  ha maturado una larga experiencia por lo que concierne la lucha contra la criminalidad organizada.

Me atendré a ofrecer algunos motivos de reflexión que proceden también de aquella experiencia.

La primera  reflexión es que a la luz de la experiencia italiana en el tema del contraste a la mafia, debo confirmar previamente la necesidad de rechazar con firmeza el intento mistificador de hacer creer que la respuesta judicial a la delincuencia organizada de tipo mafioso y a todas las formas de delincuencia en general pueda constituir una solución taumatúrgica y exclusiva del problema.

Creo que la acción de contraste debe exteriorizarse en un dúplice nivel:

–      la prevención y represión a nivel investigativo y judicial;

–      el viraje ético que requiere un crecimiento cultural y político global de la sociedad civil y de las instituciones.

Es evidente que uno de los valores básicos de la democracia es justamente la legalidad: el nexo estructural entre legalidad y democracia depende del hecho que la falta de legalidad determina necesariamente imposición, opresión y poder de una parte sobre el entero.

Creo que uno de los problems más graves de este País, que he aprendido a amar, es la desconfianza en las instituciones y en las Fuerzas del Orden.

Leí que en 2005 en una intervención al congreso americano el jefe de la intelligence, la DEA,  declaró que la corrupción de los policías estadales y municipales era el principal obstáculo en la lucha contra los carteles de narcotraficantes.

La capacidad de infiltración y contaminación  de las instituciones por parte de las organizaciones del narcotráfico parece que no han ahorrado nisiquiera las instituciones eclesiásticas si es verdad que la archidiócesis de México en un editorial publicado en el semanario “Desde la fe” condenó fuertemente la que se podría definir una “narcolimosna” en relación al hecho que en una iglesia de Pachuca se expuso una placa en bronce ofrecida por un exponente de la organización criminal Zeta.

El editorial subrayaba además el hecho inmoral de benefactores cómplices del narcotráfico que ayudaban/sostenían  la construcción de algunas capillas, con dinero procedente de los negocios más sangrientos e ilícitos.

Creo que el fuerte redimensionamiento del poder corruptor del narcotráfico y de sus enormes capacidades de infiltración constituye la precondición para una eficaz acción de contraste.

En Italia una de las especificidades de la criminalidad de tipo mafioso está constituida verdaderamente por sus relaciones con el contexto socio – económico legal, vale decir con las instituciones políticas, administrativas y las instituciones económicas del país, con las cuales obra (actúa) recíprocamente estableciendo relaciones de variada naturaleza, que pueden asumir aspectos del tipo parásito, pero también orgánico o a menudo simbiótico con los grupos y los centros de poder político-económico.

Lo que es cierto es que las organizaciones criminales de tipo mafioso – como la mafia siciliana, la ndrangheta de Calabria, la camorra napolitana y la sagrada corona unida de Puglia- producen graves distorsiones en el libre mercado en el cual se mueven y actúan con sistemas desleales que alteran las reglas de la concurrencia, ahorrando sobre los costos y agravando sobre los precios.

En Italia hemos alcanzado resultados significativos en la acción de contraste a la criminalidad organizada a través de una eficaz estrategia de agresión a los patrimonios ilícitos y al lavado de dinero.

En efecto se han introducido leyes especiales que preven casos específicos de confiscación, por ejemplo la así dicha “por equivalente” que permite, cuando no es posible confiscar el precio del crimen de corrupción, la confiscación de bienes de valor equivalente a ese precio, del cual el culpable dispone también por interpósita persona.

Disponemos de una importante legislación por lo que se refiere a la gestión y al  empleo de patrimonios confiscados, con la institución de una “Agencia Nacional para la administración y el destino de los bienes secuestrados a la criminalidad organizada” que tiene la función de administrar los bienes mencionados, dirigiéndolos hacia finalidades  institucionales y sociales.

 La ley consiente encomendar gratuitamente por ejemplo a cooperativas sociales, sobre todo juveniles, terrenos agricolas y construcciones rurales confiscadas  a la mafia para realizar actividades en el sector del turismo rural, zootécnico y de los cultivos biológicos.

Es demasiado evidente el sentido simbólico que a los ojos de la sociedad civil puede adquirir la transformación de una vivienda donde tenían lugar las reuniones operativas de los narcotraficantes en una estructura para el tratamiento y la reintegración de los drogatictos o sea una escuela; es impresionante el valor pedagógico del mensaje de educación a la legalidad que se puede transmitir a través de la reutilización de bienes confiscados por finalidades sociales. En este sector la famosa organización que se llama “Libera” realizada por don Luigi Ciotti, representa un nuevo frente del Estado y de la sociedad civil en la lucha contra la criminalidad organizada.

Para dar una idea de los resultados es conveniente citar unos datos estadísticos. En conjunto se han confiscado a las organizaciones mafiosas 9857 bienes inmuebles por un valor total  de 730.000.000 euros (equivalentes a 11 millardos y 680 millones de pesos) y 1377 empresas.

Es absolutamente necesario también en este País que los extraordinarios recursos financieros y la relevante liquidez de las organizaciones entregadas al narcotráfico así como sus patrimonios inmobiliarios y las empresas en las que se reinvierten, sean incautadas y decomisads, incluyendo también las empresas en aparencia lícitas en las que se han infiltrado grupos criminales que de esa manera pueden financiar también campañas electorales políticas.

2)     Bajo este último perfil , es de fundamental importancia luchar  contra la infiltración de la criminalidad organizada en las instituciones y en el tejido económico, asimismo el gravísimo fenómeno de la corrupción del cual depende en gran medida la pérdida de credibilidad de las instituciones, y la desconfianza de los ciudadanos por la falta  de una ética pública.

Creo que Italia puede preciar el mérito de ser ,a lo mejor el único País que cuente con una ley (art.143, texto único de los entes locales L.18/8/2000, n.267 que prevé  la disolución de los consejos comunales y provinciales, o sea los órganos elegidos por los ciudadanos de cada una de las municipalidades, encabezadas por el alcalde y el presidente de la provincia en caso de infiltraciones de la criminalidad organizada de carácter mafioso cuyo objetivo prioritario es la adulteración y  el control del mercado de las  contratas  públicas.

En mi País está en vigencia una ley anti lavado de dinero  muy severa y la constitución de la U.I.F (Unidad de Información Financiera) que ha proporcionado una serie de indicaciones  y criterios   para la individuación y la indicación de operaciones sospechosas bajo el perfil/desde el punto de vista  subjetivo y objetivo, obligación de  indicación  que incluye también a los profesionales(abogados, asesores fiscales, y notarios) con respecto a las operaciones de sus clientes. Pero la acción de contraste al lavado de dinero no será eficaz y completa si no se sanciona  penalmente tambien la conducta del  así llamado autoblanqueo.( si lo quieren podremos profundizar este tema durante el debite)

3)     Otro sector de intervención es el que se refiere a las organización de las fuerzas de Policía

A) Un primer nivel de profunda reestructuración es el que tiene que ver con el reclutamiento de los agentes de policía. De hecho, a mi parecer  éstos últimos tienen que ser seleccionados ante todo entre sujetos de segura fiabilidad moral, teniendo en cuenta  no sólo su   procedencia de familias honestas, sino también su título de estudio, que tiene que ser de cierto nivel mínimo, la contratación  a través de oposiciones públicas, una preparación profesional adecuada a su cargo adquirida a través de eficaces cursos antes de incorporarlos a los diferentes sectores para el desempeño de sus funciones.

Pero sobre todo se necesita una Policía  fuertemente motivada, que tenga un profundo sentido del Estado, capaz de conjugar  respeto de los derechos humanos, altísima profesionalidad y verdadera competencia: solo de esta manera será posible conquistar la confianza de los ciudadanos y su colaboración.

Además, todo eso no puede prescindir de un tratamiento económico adecuado que (les) permita un tenor de vida decoroso capaz de desincentivar la corrupción no siempre debida /atribuible  a avidez sino también a dificultades económicas y al limitado poder adcquisitivo del  sueldo   que constituye un impulso a la violación de sus propios deberes a cambio de “favores”.

B) A mi parecer, un segundo nivel de intervención reformista, considerando la experiencia italiana en la lucha contra la criminalidad organizada de carácter mafioso, tiene que concerner  la previsión de una estrucutura organizativa que garantice el máximo nivel de coordinación entre las fuerzas de policía que actúan en las diferentes comunidades locales.

En otras palabras, a la fuerte presencia de las fuerzas del orden en los territorios de todos los ayuntamientos- en Italia (por ejemplo)el cuerpo de  los Carabineros, (equivalente a la Guardia Civil) asegura una cobertura capilar hasta en los centros más pequeños con sus “Jefaturas de zona” – tiene que corresponder una eficaz red de conección y coordinación a nivel regional y central y no solo dentro de cada  cuerpo de Policía. A  todo eso hay que añadir una coordinación entre las diferentes fuerzas  de los varios cuerpos que sirva a prevenir competitividad, duplicaciones y superposiciones de investigaciones.

En efecto se necesita una visión unitaria de los fenómenos criminales dado que las investigaciones en los hechos delictivos no se pueden llevar a cabo de manera aislada y fragmentaria sino considerándolos como teselas de un gran mosaico y, por otro lado, el conocimiento y la comprensión  del “todo” ayuda a comprender el episodio aislado.

Bajo el perfil judicial, en Italia no hubiésemos podido alcanzar los notables éxitos contra las organizaciones mafiosas normalmente conocidas como (mafia, ndrangheta y camorra) sin un Ministerio Fiscal independiente del ejecutivo- que accede a la carrera solo a través de una pública oposición muy difícil y selectiva- una acción penal obbligatoria y una relación de dependencia funcional entre fiscalías y policía judicial.

En este marco se insertan los nuevos y más eficaces instrumentos de investigación: ante todo los colaboradores de justicia y las interceptaciones  telefónicas y ambientales, instrumentos que dependen directamente del  fiscal, aunque, por lo que se refiere a éstas últimas hay que pedir la autorización al juez de las investigaciones preliminares, con excepción de  los decretos adoptatados directamente en caso de urgencias particulares con siguiente convalidación  (por parte) del juez.

Quede  claro  que sin una ley que asegure  una adecuada protección a los arrepentidos/colaboradores de justicia” y sin un alto nivel de credibilidad y fiabilidad de las instituciones- ante todo de la magistratura y policía- no se pueden  incentivar las colaboraciones de los criminales.

3) La dimensión del fenómeno del  narcotráfico y las  estrechas relaciones operativas entre las organizaciones mafiosas( en primer lugar la ‘ndrangheta) y las que actúan en países que producen o distribuyen   la droga imponen una cooperación de investigación internacional   cada día mayor.

Considerando la situación desde este punto de vista hace falta una armonización entre los casos penales en cuestión, previstos  en los diferentes países ( con particular referencia a la “asociación delictiva de tipo mafioso”)con la finalidad  de favorecer el mutuo reconocimiento de las sentencias y la ejecución de dispociciones restrictivas, semplificando los procedimientos de extradicción y rogatorias activas y pasivas, por ejemplo en asunto  de interceptaciones  telefónicas y ambientales que tienen que realizarse en el extranjero.

Además yo creo que aquí en México la infiltración de la policía dentro del  crimen organizado es básica y para lograr desmembrar estas células primero hay que conocerlas y por eso  es necesario tener una “voz adentro” que declare como son los carteles, como están organizados quiénes son los jefes y sus actividades ilícitas: esos instrumentos son fundamentales, al igual que las interceptaciones telefónicas y ambientales

Mi impresión es que en este país la acción de lucha contra el  narcotráfico se ha inspirado en una lógica fundamentalmente militar , como una verdadera guerra: pero este tipo de orientación/elección conlleva el peligro de producir una espiral perversa de violencia y acaba por legitimar a los grupos criminales, implicados en esta guerra, a recurrir al asesinato sistemático.

Además la pretención de solucionar el problema de la violencia sistemática a través del mero recurso a la fuerza puede originar una gradual reducción de los espacios de democracia.

A eso se  añade   que no se puede subvalorar  el hecho que este  tipo de estrategia  militar   puede implicar el recurso a sistemas represivos poco respetuosos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que se necesita reafirmar la fuerza del estado de derecho la cual consiste en la destreza de investigar con profesionalidad y eficiencia, adquiriendo  pruebas suficientes que permitan la adopción de medidas restrictivas de la libertad personal  para someter a los imputatos a un justo proceso, garantizando, en caso de condena, la efectiva ejecución de las penas que tienen que ser muy rígidas..

Todo eso legitima la credibilidad en las instituciones, acrece el sentido de seguridad y de confianza de los ciudadanos, acerca estos últimos a las instituciones animándolos a la participación democrática y al ejercicio del poder a través de una elección consciente de sus representantes en las asambleas electivas.

El respeto de las reglas es un valor fundamental e imprescindibile.

Una victoria conseguida por sistemas antidemocráticos sería solo aparente, pero en realidad (es) una derrota real, con graves consecuencias en la credibilidad de las instituciones puesto que los ciudadanos ya no reconocerían la diferencia entre el Estado y la criminalidad organizada.

En mi país no se puede dudar que los masacres de Capaci y de calle D’Amelio en 1992, por su asombrosa y cruel modalidad ejecutiva y por las figuras emblemáticas de las víctimas, marcaron el más alto nivel de ataque militar al Estado por parte de “Cosa Nostra” y el momento más dramático de una lúcida estrategia terrorista articulada en el curso de los últimos tiempos por dicha organización para reafirmar la primacía y la intangibilidad de su poder criminal, tanto respecto a la sociedad civil y a las instituciones estatales como dentro de la misma asociación.

A pesar de eso hay que subrayar aquì (in questa sede) una vez más que el recrudecimiento de la criminalidad organizada de tipo mafioso no ha comprometido nunca el mantenimiento de nuestro sistema democrático y no ha llevado a registrar peligrosos retrocesos en el plan de la tutela de las libertades fundamentales: debe sin embargo reconocerse que la especificidad y la gravedad del fenómeno mafioso han impuesto elecciones legislativas orientadas hacia una disciplina distinta de las disposiciones judiciales aplicables a los crímenes atribuibles a la criminalidad organizada, introduciendo en el sistema procesal una legislación especial – que es algo diferente de la legislación excepcional – articulada en la previsión de toda una serie de disposiciones derogatorias con respecto a la disciplina ordinaria, que se concretizan, como es lógico que sea, en normas más rígidas aplicables solo a los procesos de criminalidad organizada.

A lo mejor se ha descuidado la lucha contra la corrupción y al reclicamiento, pero sobre todo, una eficaz acción de prevención social en primer lugar comprometiendo (en dicha lucha)las instituciones como la escuela, cuya tarea es la de formar las conciencias de los jóvenes y todas las comunidades políticas del territorio/locales.

El Estado en México tiene que recuperar la soberanía del territorio ayuntamiento por ayuntamiento y resanar el tejido social.

Me pregunto y os pregunto: ¿es posible que a nivel de la prevención y represión se haya delegado  demasiado al estado federal ?

Está claro que el control agobiante del territorio –como pasa en Sicilia y en Calabria, por ejemplo a través del sistema de las extorciones- y de buena parte de las actividades económicas, favorece el desarrollo de relaciones entre las organizaciones criminales y sujetos que pertenecen a otros sectores de la sociedad civil y de las instituciones.

Es evidente que las organizaciones mafiosas para gestionar esta inmensa riqueza -pero eso vale también para los carteles del narcotráfico- necesitan la colaboración de persons dotadas de las necesarias destrezas profesionales,como abogados,mercantilistas,  financieros, bancarios, administradores públicos, funcionarios, hombres políticos, periodistas, etc.

Ahora bien, una de las principales causas de la dificultad actual en que se halla la mafia siciliana, o sea la organización denominada”cosa nostra” consiste en la capacidad del pueblo siciliano de expresar una clara y firme  oposición a una de las más principales manifestaciones de las prevaricaciones mafiosas, las extorsiones, el pago del “pizzo”, que constituyen por tradición el principal factor de control social a través del  perverso y en cierta medida parodójico, mecanismo de la “protección impuesta”  .

Han influído en  este crecimiento cultural de la sociedad civil, por un lado,el sacrificio de muchas víctimas, sobre todo las de los estragos de 1992 ( Falcone, Borsellino, los hombres y las mujeres de la escolta),y  asimismo muchos otros, a veces desconocidos (curas, periodistas, empresarios, ) que han permitido la  toma de conciencia de la crueldad de aquella asociacion, y por otra, una renovada confianza en las instituciones basada en los éxitos de la acción de contraste de la magistratura y de las fuerzas de policía gracias a un uso eficaz de las interceptaciones telefónicas, una correcta  evaluación probatoria de las declaraciones de los colaboradores de justicia y luego la  emisión de rígidas sentencias de condena.

En Calabria,donde trabajo, uno de los principales objetivos de la dirección del distrito antimafia de Reggio Cakabria es identificar  y perseguir a nivel judicial la así llamada “zona gris”, constituida por exponentes de  la política, de las instituciones, profesiones y empresariado que proporcionan a la criminalidad organizada oportunidad de enriquecimiento y a veces, garantías e impunidad.

De manera no diferente, si bien ,repito se trate de fenómenos que tienen raíces historícas y sociales diferentes- es muy concreto el peligro que las organizaciones de narcotraficantes, gracias a la inmensa riqueza y luego a la capacidad corruptiva de la que disponen, puedan integrarse  en las clases dirigentes entrando en contacto con el sistema bancario y la clase política, utilizando el primero para el reciclaje de dinero y la  segunda (la classe politica) para lograr protección e impunidad.

Además, las  graves desigualdades sociales y económicas que caracterizan este país, en cambio de favorecer la solidaridad  de clase y  la cohesión social, pueden representar un fuerte impulso en las jóvenes generaciones que viven en los barrios más degradados de las ciudad , no solo hacia la elaboración e interiorización de modelos de vida distorcionados, sino a través de la mitización de la riqueza y el alto tenor de vida perseguidos a costa  del envolvimiento  en las actividades criminales,( hacia ) la exaltación de modelos criminales, considerados héroes  positivos para emular y cuyas hazañas hay que exaltar.

Es inquietante  el fenómeno de cantantes de narcocorridos, a través de los cuales los carteles, explotando la gloriosa tradición popular carora que ensalzaba las hazañas de los revolucionarios que luchaban contra un poder agobiante, buscan  consenso social y legitimación  creando una relación con los sentimientos nostálgicos de un pasado glorioso: pero hoy en cambio de los revolucionarios están los narcos.

 El narcotráfico ha acabado por constituir un elemento fundamental de la economía de ciertas areas geográficas de México, capaz de producir bienestar, gracias al reciclaje de relevantes flujos financieros reinvertidos  en actividades lícitas que sin duda  producen empleo y consecuentemente consenso social por efecto de una forma del reparto de la renta, así que las familias que controlan el narcotráfico con razón entran a formar parte  de poderosos grupos de presión político-financieros.

Un sistema social y económico injusto es un productor excepional de distorciones e injusticia, en cuanto puede  arraigar la convicción que la única manera para responder a la violencia social sea el recurso a la violencia personal   alimentando  por consiguiente el clima de inseguridad.

Los narcorridos, para los que justifican el estilo de vida de los narcos y sus actividades, constituyen un claro ejemplo de integración social y cultural fundada en la integración moral del ser criminal.

                                                     II

La delincuencia organizada en Italia y el contraste político institucional : la cultura de la legalidad

Las organizaciones mafiosas no solo se han ido adecuando palautinamente, al mismo tiempo condicionándolos, a ciertos mecanismos torcidos de desarrollo con la finalidad de crear espacios de intermediación parasitaria, sino se han ido imponiendo y arraigando progressivamente en el tejido social, sobre todo en las áreas geográficas en las que con mayor sensibilidad se manifestó la crisis ético-social de las instituciones, como estructura de poder político y económico que suele vivir en simbiosis con el poder político oficial.

No obstante las mistificaciones culturales dirigidas a relegar a la mafia como un fenómeno delictivo externo al sistema institucional, creo que definitivamente ya se ha hecho conciencia colectiva sobre la especificidad de la criminalidad de tipo mafiosa, respecto a  otras formas de crimen organizado, consiste en su relación estructural, en ocasiones parasitario, a veces orgánico, en otras simbiótico con grupos y centros de poder político-económico.

La indiferencia y la incapacidad de los poderes públicos, al menos hasta un pasado reciente, han acreditado a la mafia como un sujeto temible, pero también creíble y confiable para la población siciliana, capaz de movilizar recursos e incluso garantizar trabajo y ocupación.

Lo que terminó por favorecer el desarrollo del caldo de cultivo de la “omertà”, que se resume en el rechazo incondicional y absoluto a colaborar con los órganos estatales, no sólo por miedo a las represalias, sino también por la tendencia a negar toda legitimación de cualquier interferencia por parte del Estado.

El sociólogo Nando Dalla Chiesa, hijo del llorado General, agudamente notó que la omertà es una forma de oposición pasiva a las instituciones democráticas que se difunden en el tejido social en la medida en que el dominio mafioso impone su asimilación con el recurso al terror y a la intimidación y con una obra capilar de educación a la desconfianza en las instituciones.

Sin duda el desarrollo de la delincuencia de tipo mafioso ha sido favorecido también por un aparato público incapaz de establecer y de hacer cumplir normas autoritarias, incapacidad a la cual corresponde en los ciudadanos una difundida actitud de indisciplina y de resistencia a la observancia de la ley.

Dicha actitud cultural, que implica una arraigada desconfianza en las capacidades de las instituciones en auto-legitimarse también a través de un correcto y transparente ejercicio del poder, no se manifiesta solamente hacia los “hechos de mafia” sino también en relación a cotidianas manifestaciones de arrogancia y a cotidianos hechos de intimidación y opresión respecto a los cuales se asiste a un tipo de resignada aceptación, casi se tratara  de eventos ineluctables que forman parte de  la fisiología del ejercicio de los públicos poderes.

No cabe  duda  que la ilegalidad constituye un freno al desarrollo y la debilidad de las instituciones se repercute también en las tasas de crecimiento y en la misma colocación de inversiones que, como es suficientemente aclarado, se concentran  en las áreas geográficas donde las instituciones públicas son consideradas mas creíbles.

A menudo se habla de legalidad con referencia a las conductas o a las actitudes de cada ciudadano, sin embargo se olvida que la ilegalidad depende a su vez de un insuficiente ejercicio del poder coercitivo de los aparatos públicos cuya ineficiencia produce a su vez ilegalidad.

En mi opinión solo la credibilidad ética de las instituciones podrá favorecer la legalidad no solo y no tanto como concreta observación de la norma, sino como actitud psicológica de quien obedece a la norma porque siente el deber de hacerlo: en este sentido sería más apropiado hablar de sentido cívico o de ética publica que constituyen el verdadero capital social a  contraponer al consenso social en el cual la mafia ha podido contar.

 Bajo este perfil es extremadamente significativo el consenso social que se registró en 1992 después de las investigaciones de “tangentopoli” contra la corrupción politica – que en Italia  marcó la caída de la así llamada  primera  república  –  y eso constituye una señal evidente de una nueva primacía de la legalidad.

Si no se crean las condiciones para la formación de dicho capital social entonces se tendrá lo que los sociólogos llaman la “legalidad débil” la cual se realiza cuando en la colectividad se genera, respecto a las normas jurídicas vigentes, “una expectativa o previsión de ineficacia, aplicación distorsionada, particular, impuntual y no fiable” (cfr. Antonio la Spina, “mafia, legalità debole e sviluppo del mezzogiorno”  ed. Il Mulino ).

El poder no es dueño de la norma más bien/al contrario/viceversa  (come sinonimo di viceversa, invece )es su guardián. Estrictamente inherente al principio de legalidad es entonces una mayor intransigencia hacia los que disponen de dosis crecientes de poder.

Estoy profundamente convencido que educar a la legalidad significa sobre todo promover y fomentar a diario en los ciudadanos esta sensibilidad de intransigencia hacia los poderes: esta intransigencia es el ethos difundido de la legalidad.

Solo la practica de esta intransigencia hacia los poderes podrá promover la conciencia en cada ciudadano de sus propios deberes individuales.

No es pensable que se pueda combatir/obstaculizar con éxito una sangrienta y peligrosísima criminalidad organizada sin comprometer y mobilitar a la sociedad civil y sin una capacidad de renovación de la magistratura y de la policía.

Más que nada se necesita tomar conciencia de la insuficiencia de la sola respuesta judicial la cual no puede constituir una solución taumatúrgica y exclusiva del problema. El control judicial es en realidad un control de patología y dentro de un sistema le patología tiene que ser una excepción .

Los filtros deben quedarse arriba: en la política (que debe llegar a ser ella misma objeto de control y no, como hoy, tierra de distorsiones y de polución), en la opinión publica, en los medios de información, en los controles administrativos eficaces y preventivos.

Hay que ser claro a todos  que los sujetos como la Iglesia católica o la escuela, que en pasado habían demostrado cierta indiferencia respecto a la cuestión mafia, tienen que  ejercer un papel activo de primaria importancia para la formación de una conciencia colectiva contra la delincuencia organizada

Hace falta  sobre todo como premisa indefectible, un cambio profundo en las conciencias de la cultura de masa , de los comportamientos medios junto a una honda trasformación política e institucional.

El concepto de legalidad necesita, en primer lugar, una carga rompedora de promoción social y de solidariedad; un contenido propositivo y promocional porque una elección conciente hacia este valor ético significa operar elecciones valientes a favor de las clases subalternas y de los marginados.::::::

 Es principalmente necesario que los jóvenes adquieran la  conciencia del hecho de que no se puede entender la legalidad sólo como respeto formal de la ley sino sobre todo como “habitus mentale” que ante todo quiere decir:

–      rechazo de los privilegios y conciencia de sus propios derechos y deberes;

–      -disponibilidad para sacrificar el egoismo personal si el  objetivo que se entiende perseguir puede conllevar la lesión de un derecho de los demás ;

–      -significa sobre todo en mi tierra de Sicilia y en esta tierra de México saber resistir a la sugestión de las ventajas que la convivencia con el sistema mafioso y la delincuencia organizada ha consentido;

Unicamente a estas condiciones es posible conjurar el peligro que los jóvenes de los barrios más degradados de las grandes ciudades puedan ver un futuro desviador como única perspectiva de su vida y que el Estado siga pareciéndoles una entidad enemiga o de todas formas distante y desinteresada.

Así como es derecho de cada ciudadano esperarse un extraordinario empeño del aparato estatal en la lucha contra  el fenómeno mafioso, el narcotráfico y la corrupción, igualmente es deber de cada uno dar su aporte incluso a costa de sacrificios personales en su propio útil personal.

A los estudiantes de las escuelas donde a menudo me invitan a dar charlas, en el marco de un proyecto educativo a la legalidad ya parte de un protocolo ministerial, les digo siempre que sólo a estas condiciones podrá arraigarse en cada uno de nosotros – operadores del derecho y simples ciudadanos – la conciencia de sentirse partícipes de un esfuerzo colectivo para la refundación del  Estado y de la sociedad civil basada en una nueva ética colectiva.

Si así no fuera Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, serían derrotados una vez más. También de muertos.

Me gusta siempre finalizar mis encuentros con los estudiantes con esta oración/cita de un poeta calabrés, Corrado Alvaro, porque constituye un mensaje de significativo/alto valor pedagógico: “La desesperación más grande que pueda apoderarse de una sociedad es la duda que vivir rectamente sea inútil”.

A esta enumeración de puntos significativos y ampliamente compartidos hay que añadir los nudos problemáticos y fundamentales de carácter predominantemente/principalmente político que interesan el tema de la profesionalidad de la magistartura, tanto de los jueces como de los Ministerios Fiscales , y de la policía judicial cuya autonomía, preparación y motivación ideal no sólo tienen que ser adecuadamente implementados a través de calificados cursos de formación profesional  y un adecuado tratamiento económico, idóneo a prevenir el grave y difundido fenómeno de la corrupción que transmite deconfianza en los ciudadanos (en Italia el fenómeno con referencia a la policía e la magistratura es absolutamente marginal), sino hay que insertarlos en un proceso más amplio de crecimiento/mejora cultural y político/a de la sociedad civil y de sus instituciones.

Pero, sobre todo, es necesario que se  corten de una vez los enlaces, los vínculos entre política y delincuencia organizada, lo que constituye un nudo todavía no resuelto en mi paìs  así como en otros países.

Quisiera concluir con una sincera exhortación  sin retórica.

Amo este país y su  glorioso pasado  de luchas  por la libertad contra la opresión: quizás (sea)  porque nos une una historia de mártires y héroes de nuestras guerras por la independencia, o quizás (sea ) por el tricolor de nuestras banderas.

Ustedes tienen el deber de vencer esta batalla tan difícil por  la democracia y libertad,( ideales/valores estos) que  todos los días corren el riesgo de ser reprimidos por el  narcotráfico, lo deben a sus hijos, lo deben a las millares de víctimas inocentes.

Nosotros en Italia hemos alcanzado resultados que hace veinte años parecían imposibiles, todavía nos queda mucho por hacer en la lucha por la liberación de la opresión mafiosa; sin embargo  estamos intentando vencerla con un esfuerzo colectico, sobre todo cultural, a través de la  refundación  del Estado y de la sociedad civil sobre la base de una nueva ética colectiva.

Espero que la fuerza del águila contra la serpiente de vuestra bandera sea de buenos auspicios para vuestra democracia, pero siempre en el respeto de los derechos humanos  y de los principios del Estado de derecho.

1  N. Dalla Chiesa, Il potere mafioso, Milano,1976.