Para el siglo XXI
(Primera de dos partes)
Una necesidad nacional, universal, constante y apremiante, más en los tiempos que estamos viviendo, es para México la clarificación del deber ser y deber hacer de esa esencial comunidad que son las fuerzas armadas, en un país que quiere ser moderno, erradicando principios, conceptos, instituciones y prácticas que fueron más propios de su pasado que del futuro deseado.
¡Construir las fuerzas armadas del siglo XXI! ¡Qué reto más rico, atractivo y de grave responsabilidad para un profesional de la materia! Lamentablemente esto o no se ve así, o quizá más bien como a todo cambio, se le tenga cierta repulsión por ciertos sectores retardatarios aposentados en el poder y el lucro consecuente. Si así les va tan bien, siendo terriblemente congruentes, ¿en qué o para qué cambiar?
El progreso del Estado mexicano actual no consistió solamente en un arrinconamiento con vías de extinción de las viejas instituciones, decimonónicas, sino su completa y permanente actualización para ser comparables y convivir con un mundo que salido de la revolución industrial tendía ya a la integración y competencia de mil maneras.
Sin embargo, para México el proceso elegido o inevitable distó de ser una revolución fugaz para durar, por lo menos en su fase armada más de diez años, 1910-1920, cuando empezaron a crearse o refundarse las instituciones.
Las fuerzas armadas nunca fueron reconcebidas metodológicamente como hubiera sido deseable, fueron producto de anexiones al desaparecer los caudillismos.
Como toda revolución, la nuestra destruyó el aparato represor de la sociedad y no creyó oportuno sustituirlo por lo que alejándose del modelo anterior, fuera lo conveniente para el nuevo Estado. No creo que racionalmente se hubiera optado por un gobierno en la indefensión. Ese es el pecado original.
Alvaro Obregón, primer presidente en términos reales de la posrevolución, prefirió la seguridad de su gobierno a la seguridad del Estado, esto es, el enfoque represivo y policial por la vía militar.
En su declaración inicial, la Constitución de los Estados Unidos, tomada sólo como uno de los primeros ejemplos, según la historiografía, se asegura a sí misma que esa norma suprema se implanta “para establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general”.
Sin mayores filosofías y pensando sólo en nuestras realidades, la idea de Estado implica simultáneamente la necesidad de armonizar los intereses del individuo y la comunidad, de obtener el derecho a la justicia, a la propiedad productiva, el derecho al trabajo, la educación y la salud básicamente, como producto del desarrollo natural de la cooperación entre los individuos. Esta es una forma de riqueza de muchos órdenes. Es propiedad y para el servicio del pueblo y siendo tal riqueza el activo más valioso, debe ser preservada.
De esta necesidad de preservación viene el concepto de una fuerza, que monopolizada por el Estado, garantice la permanencia y valores de tal patrimonio. Soy de los que piensan que hay una filosofía de lo militar, una que ha venido definiendo, a través de los milenios, las características que de tales fuerzas demanda cada pueblo en su momento.
¿Dónde se ubica la frontera de lo militar, lo oficial civil, y empieza lo social? En México esas fronteras no están dibujadas. Estamos viendo diariamente lo que se aprecia como violación de espacios legales de actuación, tanto en lo material del territorio como en lo abstracto del derecho y la justicia. Pero no sólo en eso, que viene a ser consecuencial. Se origina ese vacío en una ausencia doctrinal actual del deber ser y el deber hacer ya citados: no hay definición actualizada de qué deben ser las fuerzas armadas, que pueden o deben hacer y que no pueden o deben hacer.
Qué les es obligado y lícito y qué no. ¡Esa vaguedad o indeterminación no le conviene a nadie, no a la sociedad, por supuesto. Pero tampoco a las propias fuerzas armadas ni al ejecutivo del que forman parte! ¿Entonces por qué no se corrige?
hienca@prodigy.net.mx