No fue terso ni cómodo el encuentro del pasado 12 de julio en Los Pinos entre el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, y Felipe Calderón. No podía ser de otra forma después de hechos recientes —uno en particular— que los han confrontado como cabezas de dos poderes de la Unión.

Ese encuentro privado, de cuyo contenido solo dio cuenta un comunicado de la Presidencia, ocurrió dos días después de que fuera dictada una sentencia que no gustó nada a Calderón, porque incide directamente en el corazón de su estrategia de guerra contra el narcotráfico y encubre, a vista de muchos, la eventual represión de la protesta social.

El pleno del máximo tribunal del país avaló una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por la desaparición forzada, presumiblemente a manos de militares, del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en Atoyac de Alvarez, Guerrero el 25 de agosto de 1974, en el contexto de la llamada guerra sucia.

La CIDH culpó a Estado mexicano de la desaparición forzada de Radilla y ordenó que militares involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, como la referida, sean juzgados por tribunales civiles, no militares, en una sentencia condenatoria dictada el 23 de noviembre de 2009 y notificada al gobierno mexicano el 9 de febrero de 2010, lo que éste, en los hechos, ignoró.

La Corte, asumiendo que las sentencias de instancias internacionales reconocidas por nuestro país deben acatarse porque su obligatoriedad está por encima de leyes nacionales, excepto la Constitución, dio la razón a la CIDH y al agraviado, de lo que resulta en los hechos un acotamiento del fuero militar.

El gobierno de Calderón fijó su posición sobre la sentencia mediante un comunicado en el que notificó que acataba ese “criterio ordenador” de la Corte, fraseo que no dejaron pasar los ministros del máximo tribunal al precisarle que no se trataba solamente de un “criterio” sino de una sentencia condenatoria al Estado mexicano.

La resolución, por lo tanto, ha metido mucho ruido a las reformas en materia de seguridad nacional con que el gobierno pretende dar sustento jurídico a la participación del ejército en tareas de policía (como ésta del combate a la delincuencia organizada), pero que contiene facultades que permiten al Ejecutivo decretar verdaderos “Estados de excepción” (le llaman Estado de afectación de la seguridad interior) para contener tales desórdenes mediante el uso de recursos militares que, dicho sea de paso, ya están desplegados en el combate al crimen, sin que esté obligado, como lo exige la Constitución, a pedir la autorización del Congreso. Y eso significa para muchos la represión a la protesta social.

Esas reformas ya fueron aprobadas por el Senado con algunos cambios: 1. El que blinda contra eventuales abusos militares a las garantías individuales —insuficientemente a nuestro juicio— mediante la notificación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del establecimiento del Estado de afectación de la seguridad interior; y 2. La imposibilidad de que se establezca por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o social, lo que por lo menos en el papel explicita que no se legaliza la represión ni se lanzará al ejército contra quienes ejercen su legítimo derecho a protestar, lo que Calderón ni su partido, el PAN, aceptan a cabalidad.

Como falta el aval de los diputados, lo que ahora se busca es regresar a los términos originales de la reforma que es uno de los temas por lo que se presiona para que haya período extraordinario de sesiones.

Cuando esta propuesta fue presentada como una exigencia del ejército para desactivar el argumento de que su participación en la guerra contra el narcotráfico es violatoria de la Constitución, el propio Calderón ofreció enviar una iniciativa sobre reformas al fuero militar, cosa que no hizo. Recuérdese que sólo mandó la iniciativa sobre seguridad nacional y prometió enviar la del fuero militar hasta el inicio en septiembre próximo del período ordinario de sesiones, para someterla a una amplia consulta.

Ni Calderón, ni su gobierno, ni el ejército, esperaban que una sentencia como la de la CIDH acabaría por acotar el fuero de guerra que, por lo demás, queda intocado en lo que se refiere a la disciplina militar que es, a nuestro entender, su verdadera razón de ser. No se busca ni se buscaba por tanto su eliminación sino su acotamiento. Se le quitaría así la carga de privilegio o impunidad que tiene en el imaginario popular sobre todo después de hechos como el asesinato de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey u otros que suponen evidentes excesos en la guerra contra el narcotráfico.