En un afán de complacer a un sector de la opinión informada e ilustrada, que alienta el descontento contra los políticos y la política, el presidente Felipe Calderón ha jugueteado con la idea de que su partido, el Partido Acción Nacional, podría postular a un ciudadano no militante como candidato a la Presidencia de la República.
Sin embargo, sabe el presidente Calderón que en las actuales circunstancias, cuando su partido hace esfuerzos por reagruparse con miras a la elección presidencial, postular a un no panista es inviable, pues provocaría una ruptura interna y llevaría a una segura derrota electoral.
Es posible que la reforma electoral, si acaso hubiera período extraordinario de sesiones, incluya la candidatura ciudadana para los tres niveles de gobierno.
Aun así, quedarían muchas preguntas sin respuesta.
¿Cómo financiaría su campaña un candidato ciudadano? ¿Mediante la formación de una asociación privada que recaudara los fondos? ¿Cómo asegurarse del origen lícito de las aportaciones?
¿No sería ese candidato ciudadano rehén de sus mayores contribuyentes y, evidentemente, habría de contraer compromisos no necesariamente públicos?
¿Quién garantiza que no habría fondos del crimen organizado en esa campaña?
¿Quién respondería o sería sancionado por ello?
Ahora bien, si se decide que un candidato ciudadano financie su campaña con recursos públicos, como cualquier partido, tendría que crear una estructura muy similar a un partido, a fin de no sólo administrar adecuadamente esos recursos, sino para poder manejar la campaña.
¿Quién respondería no sólo por el manejo honesto de esos recursos, sino por su ejercicio con apego estricto al marco legal? ¿La estructura o el candidato ciudadano?
Como se ve, el tema de los candidatos ciudadanos es sencillo sólo en el discurso. La realidad le impondría restricciones, límites a su presunta independencia.
Aun ahora hay representantes populares que son leales a ciertos grupos sociales o económicos, pero su quehacer lo limitan los intereses del partido que lo postuló. ¿Quién pondría límites a un candidato ciudadano para servir, ante todo, a los grupos de interés que le hayan respaldado?
Como se ha dicho, quizá sea inevitable que se tenga que elaborar un reglamento sobre las candidaturas ciudadanas, pero dejemos de hacernos ilusiones, porque no son la solución a la dificultad actual para procesar más eficazmente decisiones políticas o para mejorar la administración pública.
Al final del día, un candidato ciudadano no es un ser angelical, es simplemente alguien con la vocación de servir o con ambición de poder, con las virtudes y los defectos de cualquier ser humano.
La condición humana no es un traje del cual podamos desprendernos. Y la política no es asunto de ángeles o santos.
jfonseca@cafepolitico.com