Defensor de derechos humanos
Defensor de derechos humanos es, en México, un oficio de alto riesgo. Quienes lo ejercen se exponen a ser objeto de burlas, descalificaciones y abusos que pueden llegar a la agresión física, la detención injustificada e incluso la muerte.
El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, denunció hace unos días que las principales agresiones contra quienes defienden los derechos humanos provienen del crimen organizado y de funcionarios públicos que son, precisamente, quienes deberían garantizar el libre ejercicio de su función.
La afirmación del arzobispo Romo Muñoz merece documentarse. Por supuesto, hay registro de que defensores civiles de la ley han sido amenazados, agredidos y hasta asesinados por bandas criminales. Sin embargo, poner a esas pandillas como los principales enemigos de los defensores de derechos humanos resulta por lo menos discutible, pues el trabajo de éstos se realiza justamente en beneficio de personas que son detenidas injustamente o de delincuentes que son vejados, torturados y sometidos a toda clase de abusos.
De ahí que los principales interesados en hacer a un lado a los defensores de derechos humanos sean ni más ni menos que quienes tienen algún poder legal y suelen abusar de él, lo que ocurre con alarmante frecuencia entre autoridades municipales, estatales y federales.
Alejandro Solalinde es un sacerdote de esos que han decidido convertir en hechos su prédica de bondad, igualdad de todos los seres humanos y solidaridad con los más débiles. Actualmente es director de Hermanos del Camino y se ha distinguido por prestar valiosos auxilios a los migrantes que entran en territorio mexicano con la mira de llegar a Estados Unidos.
Por ejemplo, en Veracruz, en los límites con Tabasco, se han producido y denunciado varios secuestros masivos de trabajadores centroamericanos. El gobierno de Veracruz lo niega, la Secretaría de Gobernación se encoge de hombros y no parece haber autoridad interesada en esos migrantes capturados frente a testigos. Pero algo empieza a moverse.
Recientemente se sometió a investigación a la mitad de los empleados del Instituto Nacional de Migración. Es difícil saber en qué parará el asunto, pero lo cierto es que en esa dependencia hay delincuentes y el Estado debe proceder contra ellos y aceptar que tienen una grave responsabilidad en los secuestros, vejaciones y asesinatos de migrantes. Se supone que las autoridades están para proteger a las personas, no para actuar contra ellas. La llamada guerra contra el crimen no puede tener como enemiga a la sociedad.