Entrevista a Guadalupe Correa Cabrera/Profesora e investigadora en la Universidad de Texas
Moisés Castillo
La impunidad es lo único cierto al cumplirse un año de la peor tragedia de la historia reciente de México: el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas. Cincuenta y ocho hombres y 14 mujeres fueron terriblemente asesinados por presuntos integrantes del temible cártel de los Zetas.
La Procuraduría General de la República destacó que a un año de la matanza han sido detenidas 82 personas vinculadas al cártel más sanguinario del país; sin embargo, ninguna ha sido sentenciada.
La Procuraduría General de la República precisó que los posibles miembros de la organización delictiva se encuentran bajo proceso penal y recordó que trabaja en este caso desde el pasado 2 de abril, cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo la pesquisa por el hallazgo en ese mismo lugar de 193 cuerpos en 47 fosas encontradas por efectivos del ejército mexicano.
Desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó una guerra frontal contra el narcotráfico, Tamaulipas es una verdadera granada. Ciudades como Reynosa, Matamoros y Laredo ahora son más peligrosas que Ciudad Juárez. Y esto se debe en gran medida por la disputa de las plazas, la inclusión del ejército en la lucha contra los capos de la droga y la fractura y enfrentamiento interminable entre el Cártel del Golfo y los Zetas, quienes eran el brazo armado de esa banda que lideraba Osiel Cárdenas Guillén.
Ola de violencia sin precedentes
Para Guadalupe Correa Cabrera, profesora e investigadora en la Universidad de Texas en Brownsville, Tamaulipas ha sido sacudido por una ola de violencia sin precedentes donde el miedo se ha apoderado de la gente. Recuerda que todo comenzó con el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010.
Asimismo, la especialista en violencia fronteriza Tamaulipas-Texas destaca la desaparición y muerte de las personas que se encontraban inicialmente a cargo de las averiguaciones de los 72 migrantes indocumentados en San Fernando: Roberto Suárez, agente del ministerio público de la procuraduría estatal, y Carlos Francisco Verdugo López, delegado de policía y tránsito municipal de San Fernando.
“La información sobre este desafortunado acontecimiento —dice la profesora— es imprecisa; los reportes relacionados con el caso muestran una serie de contradicciones.”
Lo ocurrido en San Fernando ha sido calificado por defensores de derechos humanos como un “crimen de Estado” por la complicidad de policías y agentes del Instituto Nacional de Migración con los Zetas, que según el padre Alejandro Solalinde se ha vuelto una “sucursal” de ese cártel de la droga. Lo cierto es que en este hecho trágico hay más preguntas que respuestas.
¿Por qué asegura que la masacre de San Fernando marcó “un antes y un después” en la historia del crimen organizado en México?
El objetivo de esas personas era pasar por la frontera sur de México y cruzar a los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Aquí estamos hablando de efectos colaterales concretos contra la sociedad mexicana. Es una masacre que es un problema trasnacional y nos dimos cuenta por primera vez que no solamente involucra a los Zetas. Este fenómeno involucró a autoridades federales, locales y estatales; gente del Instituto Nacional de Migración. Ahí están las mafias de todo tipo, es una red de complicidades que ya existía, pero por primera vez tuvimos la oportunidad de ver con claridad esta relación.
Lo que pasó el 26 de agosto es algo inédito por la cantidad de personas masacradas, por la saña y por la visibilidad.
¿Cuáles fueron las implicaciones inmediatas que tuvo la matanza de migrantes?
El terror que generó entre la sociedad. Nos dimos cuenta que estamos ante un fenómeno que sobrepasó al Estado mexicano. En Tamaulipas no hay ley y ni siquiera las investigaciones nos dan una respuesta de lo que ha pasado. A un año no hay culpables. El que se haya atrapado a 82 personas pero sin consignaciones nos habla de un factor importante de impunidad. Las células del crimen organizado operan de manera muy sofisticada, de una célula sale otra y es lo que sucede en San Fernando. Ahí no han terminado los enfrentamientos, por fuentes formales no tenemos conocimiento de lo que realmente está pasando, pero las redes sociales nos revelan que continúan los enfrentamientos y las masacres.
¿Cuál fue la señal que dio el crimen organizado con su violencia?
Crear terror, aterrorizar a las personas. Es una señal para decirle a la sociedad aquí no hay Estado y no hay autoridad, aquí la autoridad soy yo. Si te extorsiono, si te secuestro, no habrá nadie que pueda ayudarte. Aquí no hay ley. Esa señal es la que ve la gente de Tamaulipas, que no tiene confianza en nadie. Los Zetas están peleando el monopolio de la violencia al Estado. Max Weber dice que el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. En ese sentido, en Tamaulipas parece ser que el Estado no tiene el monopolio de la violencia. Aquí se está compartiendo este uso de la violencia, está siendo compartido por las organizaciones criminales y el Estado.
¿El debilitamiento del Estado mexicano es por la falta de garantizar la seguridad a los ciudadanos?
Setenta y dos personas aparecieron muertas en un rancho de San Fernando, en el mismo punto ocurrió un fenómeno interesante: en abril secuestran cuatro camiones de pasajeros que puede ser cualquiera, gente de la sociedad civil. Esos cuatro camiones fueron secuestrados y las personas a bordo fueron víctimas de otra masacre más. En un Estado de derecho se tiene información, se comunica, se transparentan todas las acciones oficiales a la sociedad, esas personas asesinadas eran inocentes. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas si se dice democrático. El gobierno debe buscar una estrategia que tenga los menores impactos con la sociedad.
Necesario, cambiar estrategia
¿Coincide con varios sectores y movimientos, como el de Javier Sicilia, en que el gobierno federal debe cambiar su estrategia antinarco?
La actual guerra debe cambiarse como dice la UNAM, que plantea una estrategia integral. La paramilitarización de los cárteles de la droga hace necesario el uso del ejército, pero se deben garantizar los derechos humanos. Obviamente tenemos que atender a estas personas que no tienen empleo, que son el próximo ejército del crimen organizado. La estrategia debe reorientarse porque en lugar de ver una estabilidad o que se ha resuelto el problema en alguna región del país, veo que el número de víctimas está creciendo. El semanario Zeta dice que ya vamos con 50 mil muertos. Con quitar una cabeza no se está acabando con el problema. Al contrario, está generando otros grupos al interior de los cárteles.
¿Cómo salir de la violencia ante una sociedad aterrada y unos medios de información amenazados y cooptados en Tamaulipas?
En distintos municipios hay masacres y lo sé por las redes sociales que ahora sustituyen a los medios locales. Este tipo de reportes no es de una persona es de 10, 20 personas asesinadas. No sólo es en la zona fronteriza sino en la parte del Golfo.
San Fernando tiene una ubicación muy interesante, tiene la costa y tiene la entrada a Matamoros y por lo tanto a la frontera con Estados Unidos. Para controlar Matamoros, que es la joya de la corona, se tiene que entrar por un lado y San Fernando es estratégico para las bandas. Tampico es una ciudad imposible por reportes informales, porque allá la prensa no existe. Cómo una sociedad va tener conciencia social sin acceso a las fuentes de información.
¿Existe alguna cifra de desplazados en Tamaulipas por la violencia del narco? En Ciudad Juárez se habla de 20 mil.
Este éxodo es porque la gente de Tampico dice que la situación es insostenible, hay un éxodo masivo hacia Estados Unidos y a otras partes de México. Ese tipo de estadísticas las estamos recopilando, aún no puedo dar una cifra porque estamos trabajando con algunas ONG. La gente que se desplaza es porque tiene los recursos para pagar visas, es un fenómeno relativamente nuevo que estamos sistematizando. Es interesante observar la economía fronteriza. Sí vemos que la ocupación restaurantera y hotelera está bajando de una manera importante.
¿Se llegará a dimensiones de éxodo masivo como ocurre en Juárez?
Visiblemente es claro este éxodo. Se puede apreciar en ambos lados de la frontera. Del lado americano puedo ver mayores inversiones, se está dando en el caso de Brownsville un auge de la vivienda, la venta de casas y locales. Esto ha beneficiado la economía de Estados Unidos y se ve esta economía fronteriza desgastada de la parte de México, en cuestión de turismo, por ejemplo. También ha pegado en los profesionistas: los dentistas se beneficiaban porque muchos estadounidenses se cruzaban para una revisión dental, porque en su país es cara. Y era una fuente de ingresos importante para este tipo de profesionales.
¿La nueva ley migratoria garantizará la protección de los centroamericanos?
Tengo la impresión de que esa ley está relativamente bien, se debe perfeccionar. Sin embargo, más que las leyes debemos enfocarnos en la impartición de justicia. ¿De qué sirve tener una ley cuando las autoridades no hacen su trabajo, cuando tenemos reportes de que personal de migración ha colaborado con el crimen organizado? Más allá de la ley se debe cumplir el Estado de derecho y fortalecer las instituciones de justicia.