La nueva ley de seguridad es una falacia

Desde que se inició la persecución abierta de los narcotraficantes y del crimen organizado, a partir del inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, el panorama se ha agravado, y la capacidad de asombro se pierde una y otra vez; el cinismo y la falta de escrúpulos de los criminales entrevistados en los medios de comunicación, son inauditos.

El más reciente criminal es un asesino confeso de 300 ejecuciones directas y 300 ordenadas, francamente es inimaginable el terror de una acción dantesca como la relatada; no podemos registrar en nuestra imaginación tantos horrores, que además, no son casos aislados, hay una reiterada información pública de ésta cámara de los horrores que rebasan el dolor, y nos han hecho vivir en el pánico, la indignación y la desesperanza.

Mientras tanto, se ha querido hacer pensar a la opinión pública que la solución del problema y de la persecución no se da a plenitud por la falta de instrumentos jurídicos adecuados; esta es una verdad a medias, pues además que se ha reformado el marco institucional, apoyando al Ejecutivo federal por el Congreso, existen mecanismos constitucionales que no se han utilizado por temor político.

En el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Nacional se establece una metodología para suspender las garantías individuales en cualquier parte de la república, bajo la denominación de Declaratoria de Seguridad Nacional, sin pasar por el Congreso; este mecanismo es innecesario e inconstitucional, ya que existe en nuestra legislación el artículo 29 de la Carta Magna, que a la letra dice “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación…”

En México, este precepto sólo se ha aplicado una vez, en la época del general Manuel Avila Camacho, con motivo de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué no serán suficientes las condiciones de desastre social para aplicar nuevamente la suspensión en lugares y tiempos limitados? ¿Por qué hay que esperar la falacia de la nueva ley que en el fondo establece lo mismo? Aunque claro, no le da la responsabilidad plena al presidente.

Esto nos permite observar que el gran tema de la seguridad nacional —cuando menos en lo que a ésta suspensión se refiere—, no necesita de una nueva legislación, sino la utilización prudente e inteligente del diseño constitucional que está vigente.

Es verdad que las reformas de cualquier carácter en el Congreso han sido empantanadas por el tema de la sucesión presidencial y que —como hemos afirmado en otras ocasiones— a mayor cercanía del proceso electoral, menor posibilidad de reformas consensuadas.

Esto no debe ser pretexto para inaplicar con toda la fuerza del Estado la legislación penal, a estos monstruos de la criminalidad que han surgido en los últimos años.

Por otra parte, el fuero militar debe permanecer, pues no se trata de una prerrogativa, sino, como lo señala el artículo 13 constitucional, es una jurisdicción especial; así como existen el fuero federal y el fuero común, el denominado fuero de guerra se aplica y, se debe aplicar, sólo a los militares en activo y en ejercicio de sus tareas competenciales.

La realidad es que se está distrayendo a la opinión pública con el tema de la congeladora legislativa en el Congreso, por razones puramente políticas; el Ejecutivo federal sabe que cuenta con el apoyo y solidaridad de todos los mexicanos, en su lucha contra el crimen, aunque existan diferencias respecto a la estrategia; pero más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, el tema de la seguridad nacional, de la seguridad pública y de la paz social, nos corresponde y nos afecta a todos; no podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país desarticulado, en donde el crimen y la violencia superan los principios más elementales de una convivencia social armónica.