Sujeto a una vida inmisericorde

 

Cuánta razón encierra el atinado exhorto del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, a reflexionar profundamente en las causas que llevaron al menor de 13 años, Edgar, mejor conocido como El Ponchis o El Niño Sicario a cometer los delitos por los que fue juzgado.

El sustantivo llamado —tan sólo publicado en una pequeña nota en El Universal del 1 de agosto—  propone sustraernos de una agenda mediática que sumió este lacerante caso en el ámbito del más vulgar y oportunista amarillismo, revictimizando al menor y evadiendo con ello la responsabilidad que todos sin excepción tenemos en el caso.

El paradigma de este perverso subterfugio corrió a cargo de la más alta autoridad obligada a atender a la infancia morelense, la esposa del yunquista gobernador de la entidad, Mayela Alemán de Adame, quien diluyó su responsabilidad con el pueril argumento de que la pobreza no convirtió al niño en delincuente “sino la falta de valores”.

Como muestra palpable del equívoco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos informó que había iniciado una queja en contra de los elementos de las fuerzas armadas por violación del derecho al anonimato del menor al haberlo exhibido ante los medios de comunicación tras su captura. Tan superficial denuncia escamotea la violación sostenida del derecho al desarrollo integral que le fue conculcado a Edgar desde los cinco años,  trasgresión que es una de las causas de su comportamiento antisocial.

De conformidad a la publicidad que se dio al juicio oral enderezado por el Estado en contra de El Ponchis, el papel jugado por el defensor de oficio —que el sistema de justicia le proporcionó— fue muy lamentable, pues al insertarse en el esquema de evasión de responsabilidades, simplemente se allanó procedimentalmente a los efectos, sin argumentar en favor de su defendido las causas que lo llevaron a convertirse en el sicario infantil, al que previo al juicio, el imaginario colectivo —inducido por los medios de comunicación—, había ya condenado como parte del falso blindaje a la innegable deuda de la sociedad con el menor.

Al igual que millones de niños, Edgar deambuló por años en las calles, desorientado, sujeto a una vida inmisericorde en la que priva la ley del más fuerte —es decir el más violento—, y que ante la abdicación del Estado de bienestar, éste descargó su obligación cívica y moral de atender a la infancia en organizaciones civiles, incapaces de atender el imparable número de víctimas infantiles generadas por el neoliberalismo económico, que convierte al menor en exclusión en candidato idóneo a engrosar las filas del crimen organizado.

Prueba irrefutable de lo anterior es el reclutamiento de El Ponchis y sus hermanas, Las Chavelas, por el El Negro Radilla, capo del cártel del Pacífico Sur, quien hizo de una de las chicas su amante y sometió a Edgar a perversas presiones criminales para granjearse su lugar dentro de la organización delictiva, a base de barbarie y saña.

Sobre estos irrefutables delitos de perversión de menores, no hemos escuchado o sabido de que alguna autoridad exija que se imputen y sumen a las causas enderezadas en contra de El Negro y sus cómplices esas fechorías, trasgresiones que de forma abrupta aniquilaron la vida infantil de El Ponchis y sus hermanas, al obligarlos a delinquir para ser aceptados dentro del grupo criminal.

Es encomiable que el titular de la Derechos Humanos en el Distrito Federal aborde el tema como parte de una reflexión colectiva, pero resulta atroz constatar que ninguna autoridad u organización social haya presentado una queja sobre el caso desde la detención del menor, no para exculparlo sino para acreditar el condenable efecto de las políticas neoliberales que arrojan a brazos de los criminales a miles de niños excluidos por directrices políticas que privilegian concentración de riqueza, muerte y violencia por sobre el desarrollo de su bono demográfico, en lugar de invertir en la educación de nuestros niños para no castigar a los hombres, como sabiamente sentenció Pitágoras hace más de 2 mil 500 años.