La UNAM, encabezada por el rector José Narro y bajo la propuesta del doctor Jorge Carpizo, lanzó un proyecto de ley de seguridad con 36 puntos relevantes.
Desde luego que no es extraño que tuviera que ser de nuestra máxima casa de estudios de donde emanara una propuesta llena de congruencia en torno a la protección de los principales afectados con la inseguridad: nosotros, los ciudadanos comunes, a quienes bajo el pretexto de “cuidarnos” se nos violan una y otra vez nuestros principios y derechos elementales, lo que ha traído como consecuencia la trágica cifra de 50 mil muertos de todos los bandos, durante el presente sexenio.
“Donde no impera la seguridad y donde la impartición de justicia carece de credibilidad no puede haber una democracia verdadera”, advirtió el rector José Narro.
Y siguió diciendo: “El reto parece haberse planteado a partir de un falso dilema: seguridad o derechos; combate a la inseguridad o vigencia de la Constitución; convivencia pacífica o libertades. El hecho de que existan fenómenos extraordinarios no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado”.
Limitar el poder al Estado es una de las bases de esta propuesta y he ahí el problema, porque el presidente Felipe Calderón, junto con la aprobación de la minuta de la ley de seguridad en el Congreso, plantea aumentar las facultades del Estado para el manejo de las fuerzas armadas, lo que deriva en una polarización total entre la postura de los académicos y la sociedad civil contra la del Presidente y el Congreso.
Desde luego que las presiones que están ejerciendo las organizaciones civiles, con la suma de los académicos encabezados por los doctores Narro y Carpizo, tendrán que hacer recapacitar al Ejecutivo en sus intenciones de no cambiar su estrategia en su combate a la delincuencia organizada.
Sin embargo, dudo mucho que Calderón quiera o pueda cambiar de opinión, porque sigue aferrado a una guerra (¡perdón!, a una lucha) que día a día es cacareada a ocho columnas por su vocero “estrella” Alejandro Poiré.
En fin, esperemos que el peso de la comunidad académica, que por cierto logró congregar a un gran número de representantes de todos los ámbitos (políticos, jurídicos y sociales), haga mella en el gobierno para que en base a estas propuestas se encuentre una solución real a los problemas y cómo combatirlos.
Es innegable el esfuerzo del doctor Narro ante la problemática de la inseguridad que va en relación directa a la comunidad universitaria, la cual está siendo impactada directamente por la delincuencia desde varios puntos —la deserción de estudiantes y su incorporación al crimen organizado es un ejemplo de ello— y esto ya se convirtió en un enorme “foco rojo” que alarma a la comunidad.
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