Irma Ortiz

Luego del debate sobre la deuda de las entidades federativas y de que los gobernadores priístas solicitarán que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal para dotar de mayores recursos a los estados, la Secretaría de Hacienda anunció nuevos programas de garantías bursátiles para financiar proyectos de infraestructura en los estados y que éstos reestructuren su deuda.

Los diputados priístas anunciaron por su parte que se blindará el presupuesto de 2012 para evitar manipulación con el ejercicio de los recursos, por no entregarlos de inmediato o incluso que no se entregan a los estados.

Humberto Moreira, dirigente del tricolor, rechazó que el plan priísta sea un chantaje y recordó que la deuda de todos los estados del país es de apenas 0.72 por ciento del presupuesto nacional, que es de poco más de 3 billones de pesos.

Sobre el asunto opinó la especialista en economía política, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Transformar la ley

¿Qué opina sobre la falta de un federalismo fiscal en el país y la propuesta del PRI de reformar la ley de coordinación fiscal?
Evidentemente el federalismo fiscal tiene que replantearse con una nueva ley de coordinación fiscal como un principio de aspiración democratizadora de mejora de las participaciones a los estados. Sin embargo, en la coyuntura actual, el discurso entre el presidente del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira —con una de las entidades más endeudadas—, este discurso del federalismo fiscal está sirviendo a otros fines.

No ayuda para fines de una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos o este supuesto fortalecimiento del federalismo que se aduce en la exigencia de los priístas para reformar esta ley. El problema no es de competencia o de participaciones de la federación, sino es una cuestión de división de poderes.

Hoy en los gobiernos de las entidades federativas, los gobernadores son básicamente autoritarios. Se ha dicho mucho que se manejan como señores feudales y no hay esta rendición de cuentas, el equilibrio entre poderes que tendría que operar en cualquier democracia. No hay los que en la literatura inglesa le llaman los checks and balances, los pesos y los contrapesos en cada una de las entidades federativas.

Los gobernadores tienen a  los congresos completamente subordinados, tienen a sus propios auditores superiores o los contralores, sometidos. Es un fenómeno que se genera como reflejo de lo que ocurre a nivel de la federación, con esto no quiero decir que sólo sea privativo de los gobiernos, porque a nivel federal hay un pésimo diseño institucional y una deplorable práctica política, porque no existen pesos y contrapesos, pero que en cada uno de los estados de la república sea del partido que sea, se repite a casos muy extremos.

El problema de fondo de este discurso de la transformación de la ley, tiene que ver con la urgencia que tienen ciertos estados de generar recursos, porque están al borde del colapso.

Esto pone en discusión muchas cosas, en primer lugar que este federalismo fiscal tiene que estar acompañado de lo que siempre hemos estado pugnando que es la rendición de cuentas, más que la transparencia vista dentro de la rendición de cuentas.
Las entidades federativas lamentablemente, en el contexto actual, nadie las controla, incluso se dice que los propios municipios —si nos vamos al extremo del federalismo fiscal—, en términos verdaderamente democratizadores, los municipios tienen más controles porque ahí operan los llamados cabildos, que por definición, son más plurales, ya que siempre tiene que haber más representación plural y al menos ahí, los municipios por pequeños o medianos que sean, tienen ese contrapeso que opera en los hechos de forma más productiva, que lo que hacen los gobernadores.

 

Sin embargo en estos dimes y diretes que hay actualmente, llama poderosamente la atención que esté al frente por el lado de Acción Nacional, un personaje como es Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, de lamentable memoria y a quien se le responsabiliza de la tragedia más dramática de los últimos tiempos que es la de los bebés muertos en la guardería ABC, en Sonora.

Ahora resulta que éste sale a la palestra como el gran señor limpio, honesto, que apunta con su dedo flamígero para señalar a los irresponsables y a los saqueadores gobernadores priístas.

Sin embargo, así como los gobernadores priístas se endeudan de manera irresponsable esto también ocurre en los estados gobernados por Acción Nacional o en las entidades perredistas. Ahora que ha salido en este debate, cuestiones entre los estados que reportan montos mucho menores a los que realmente están encontrando en la Secretaría de Hacienda o por parte de las entidades financieras, destacan entidades como Zacatecas, que ha sido gobernada formalmente por la oposición desde hace muchos años; sobresale Michoacán e incluso el estado de Guerrero, que está haciendo negociaciones directas con Hacienda porque está a punto del colapso.

Son situaciones graves, muy dramáticas, sobre todo para la población de carne y hueso, porque aquí no se juega solamente con los votos y con las posibilidades de compra de sufragios a la cual están acostumbrados ciertos políticos y que se dan en ciertas dinámicas electorales, sino lo que se juega es el futuro de generaciones de mexicanos.

Ya nos ocurrió a nivel macroeconómico con todo este asunto de la deuda que infló y que afecta hoy por hoy el desarrollo productivo de nuestro país como fue la deuda de 1997, de 2000 con todo el asunto del Fobaproa.

Dinámicas políticas negativas

Sin embargo, por otro lado no podemos dejar de ver el incremento que ha hecho de la deuda de parte del gobierno federal que triplicó gasto en materia de sueldos y aumento de burocracia.
Sí, no es solo una cuestión de gobernadores priístas, aunque tampoco podemos quitarle la responsabilidad que han tenido en términos de la opacidad y mal manejo que han hecho de los recursos federales y de lo que se les asigna, sino es una cuestión de que el PAN no ha cambiado desde su arribo al poder y los estados en su conjunto, han sido señalados por la propia autoridad superior de la Federación como las entidades que más fondos desvían, ya sean estados que gobiernan panistas, perredistas o priístas.

Es una cuestión de dinámicas políticas negativas que dañan el desarrollo, porque si afectaran las dinámicas político electorales en sí mismas, sería gravísimo, pero perjudican el futuro del país en su conjunto. Esto hoy se expresa en la coyuntura electoral-política que estamos viviendo y en los dimes y diretes entre Molinar Horcasitas y Moreira, así como los actores que están detrás de ellos pero es algo muy grave.

Tenemos que pensar como nación en su conjunto en el tema del endeudamiento público y no nada más en este déficit formalmente asumido como deuda pública, sino esa deuda pública ilegítima que explotó con el Fobaproa, en su momento, pero que hoy va a explotar en cualquier momento con las llamadas asociaciones público privadas, de las que ya hablamos en otra ocasión.

Toda esta nueva estructura financiero político incluso que es el tema de las asociaciones público privadas, que no significan otra cosa más que endeudamiento público, que sin ser reconocida como deuda pública son deudas que tiene el Estado con entidades privadas y a partir de las cuales se ha estado desarrollando una infinidad. No tenemos idea de cuántas de estas asociaciones han estado en operación desde hace muchos años y hoy por hoy, existen en todos los estados de la República.

En particular, el viaducto Bicentenario que se realizó en el Distrito Federal está encargado a una entidad privada con la cual el gobierno capitalino está completamente endeudado. El Distrito Federal es una de las entidades federativas que más asociaciones público privadas utiliza, como es el caso de todos estos semáforos modernos con los que buscan hacernos creer que estamos en Europa, en países desarrollados con aparatos muy bonitos y modernos, pero que pertenecen y son desarrollados, controlados y  ejecutados por asociaciones público privadas.

Hablamos de que los temas nodales del Estado, de la administración pública, se le están entregando a entidades privadas, a partir de esta figura tan perniciosa para el desarrollo y también tan nociva para la carga de la deuda pública, que hoy no está siendo reconocida.