Antonio Cerda Ardura (Traducción)
El periódico The New York Times reveló este domingo que en México ya hay agentes norteamericanos operando, en forma secreta, contra los cárteles de las drogas.
¿Y ahora qué sigue? ¿La entrada de tropas de los Estados Unidos para combatir, cuerpo a cuerpo, con los narcos? ¿Una intervención quirúrgica, tipo Afganistán, con bombardeos a instalaciones estratégicas de los capos? ¿La llegada de Cascos Azules de la ONU para pacificar las zonas de alta violencia?
Las preguntas vienen a colación porque la guerra emprendida por el gobierno mexicano contra los cárteles del narcotráfico parece que se ha perdido, ya que, de otra manera, ¿cómo se justificaría que se haya pedido ayuda a Estados Unidos para que enviara asesores y agentes a instalarse en una base secreta en el norte de México?
Si bien este domingo, en respuesta a lo dicho por el diario, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aseguró en un comunicado que los agentes norteamericanos que se encuentran en territorio mexicano no realizan ninguna labor operativa ni portan armas, sí aceptó que hay intercambio de información y “en estos intercambios participan exclusivamente autoridades federales de ambos países”.
Aunque por consideraciones de seguridad Poiré, asentó que “el gobierno federal no se pronunciará sobre la veracidad o el contexto de la información publicada sobre estos esfuerzos”, sí parece estar claro, según lo revelado por The New York Times, que los estadounidenses están llevando la batuta en cuanto a la detección y los ataques y aprehensiones de los barones de las drogas.
Intervención solapada
Con esta intervención solapada de fuerzas estadounidenses a suelo mexicano para la lucha antinarco, queda demostrada la debilidad de México y de sus instituciones para llevar a buen término esa tarea.
En un artículo titulado Estados Unidos amplía su papel en la guerra contra los cárteles mexicanos de las drogas, firmado por Ginger Thompson y publicado este domingo en la edición impresa y en la página web de The New York Times, oficiales de esa nación y funcionarios mexicanos afirman que los intercambios de inteligencia entre ambos países han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes de narcotraficantes.
También se señala que México se convirtió en la “zona cero” de la lucha contra el narcotráfico, por lo que ha recibido más asistencia antinarcóticos en los últimos tres años que Afganistán y Colombia.
Según el rotativo, operadores de la CIA y civiles que dependen de mandos militares han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde trabajan en conjunto con funcionarios de seguridad mexicanos para recolectar información sobre los cárteles de las droga y “planear operaciones”.
El periódico hace un recuento de la ayuda que México recibe en materia de asistencia y entrenamiento para sostener la guerra contra la delincuencia y revela que existe un complejo militar en suelo mexicano donde agentes de las dos naciones llevan a cabo labores de inteligencia, como las que realiza Estados Unidos en Afganistán para seguir a grupos insurgentes.
The New York Times ejemplifica los resultados de estas operaciones conjuntas con la reciente captura de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, acusado de cientos de asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y resume, en voz del embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, que la lucha contra los grupos criminales en México “debe ser una responsabilidad compartida”.
Esta presencia estadounidense en México confirmaría parte de lo declarado por el narcotraficante Vicente “El Vicentillo” Zambada ante la Corte Federal de Illinois, en el sentido de que existe un convenio entre autoridades mexicanas y el gobierno de Washington para otorgar inmunidad a traficantes mexicanos que actúen como informadores y, lo peor, colusión entre agentes de la DEA y narcotraficantes (http://www.siempre.com.mx/?s=vicentillo).
Este es el artículo de The New York Times:
Estados Unidos amplía su papel en la guerra
contra los cárteles mexicanos de las drogas
Por Ginger Thompson.
WASHINGTON – Estados Unidos está ampliando su papel en la sangrienta lucha de México contra las organizaciones del tráfico de drogas, enviando a ese país nuevos operadores de la CIA y personal militar retirado, y considerando, a la vez, planes para desplegar contratistas privados de seguridad con la esperanza de revertir un esfuerzo de miles de millones de dólares que hasta ahora ha mostrado pocos resultados.
En las últimas semanas, un pequeño número de operarios de la CIA y empleados civiles de militares estadounidenses han sido enviados a una base militar de México, donde, por primera vez, los funcionarios de seguridad de ambos países trabajan, codo a codo, en la recopilación de información sobre los cárteles de la droga y ayudando a planificar operaciones. Las autoridades están buscando también incrustar un equipo de contratistas estadounidenses dentro de una unidad especial de policías antinarcóticos mexicanos.
Funcionarios de ambos lados de la frontera dicen que los nuevos esfuerzos se han ideado para eludir las leyes mexicanas que prohíben a policías y militares extranjeros operar en su territorio, y para evitar que la avanzada tecnología de vigilancia estadounidense caiga bajo el control de las agencias de seguridad mexicanas que tienen un largo historial de corrupción.
“Un cambio radical se ha producido en los últimos años en cuanto a la efectividad que ha alcanzado el intercambio de inteligencia entre México y los Estados Unidos “, dijo Arturo Sarukhán, embajador de México en los Estados Unidos. “Está basado en el entendimiento de que la delincuencia organizada transnacional sólo puede ser enfrentada con éxito trabajando de la mano, y que el resultado sea tan simple como convincente: que juntos lograremos o juntos fallaremos.”
Los últimos pasos se han dado tres años después de que Estados Unidos comenzó a aumentar su asistencia a la seguridad de México con los mil 400 millones de dólares de la Iniciativa Mérida y decenas de millones de dólares del Departamento de Defensa. También vienen un año antes de las elecciones en ambos países, cuando es probable que el presidente Obama se enfrente a preguntas acerca de que la amenaza de la violencia se extienda a la frontera, y el partido político del presidente Felipe Calderón se enfrente a un electorado mexicano que es casi seguro que va a preguntar por qué debe seguir con un lucha que ha dejado casi 45 mil personas muertas.
“La presión va a ser especialmente fuerte en México, donde yo espero que habrá muchos más ataques, mucho más arrestos y mucho más desfiles de traficantes de drogas frente a las cámaras”, dijo Vanda Felbab-Brown, un experto en lucha contra el narcotráfico en la Brookings Institution. “Pero yo también esperaría un buen número de cuestionamientos sobre Mérida, y que algunas personas pregunten cómo se gasta el dinero, o que exijan que el gobierno lo envíe de vuelta a los gringos”.
México se ha convertido en la zona cero de la lucha antinarcóticos estadounidense desde que sus cárteles han acaparado el mercado y son responsables de más del 80 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos. La asistencia antinarcóticos estadounidense ha crecido más rápidamente en los últimos años que en Afganistán y Colombia. Y en los últimos tres años, dijeron las autoridades, el intercambio de inteligencia entre los Estados Unidos y México han ayudado a las fuerzas de seguridad a capturar o matar a unos 30 traficantes de droga de nivel medio o alto, en comparación con sólo dos detenciones de ese tipo en los últimos cinco años.
Estados Unidos ha capacitado a cerca de 4 mil 500 nuevos agentes de la policía federal y ha dado asistencia en la realización de escuchas telefónicas, en el reclutamiento de informantes y el interrogatorio de sospechosos. El Pentágono ha proporcionado equipos sofisticados, incluidos helicópteros Black Hawk, y en los últimos meses ha comenzado a volar aviones de vigilancia desarmados sobre territorio mexicano para dar seguimiento a los capos de las drogas.
Sin embargo, es difícil decir cuánto ha sido el verdadero progreso para paralizar a los brutales cárteles o detener el flujo de drogas y armas a través de la frontera. El sistema mexicano de justicia en México sigue tan debilitado por la corrupción que incluso los más notorios criminales no han sido procesados.
“El gobierno ha argumentado que el número de muertes en México es una prueba positiva de que la estrategia está funcionando y de que los cárteles están siendo debilitados”, señaló Nik Steinberg, especialista en México de Human Rights Watch. “Pero los datos son indiscutibles: la violencia va en aumento, los abusos a los derechos humanos se han disparado y la rendición de cuentas tanto de los funcionarios que cometen abusos como de los presuntos delincuentes está por los suelos”.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses involucradas en la lucha contra el crimen organizado no lo ven de esa manera. Dicen que los esfuerzos iniciados bajo la presidencia de Obama tienen muy pocos años, y que es demasiado pronto para que haya juicios firmes. Dan Restrepo, principal asesor de Obama en asuntos de América Latina, se negó a hablar sobre los cambios operacionales en la relación sobre seguridad, pero sostuvo: “Creo que estamos en un lugar fundamentalmente diferente al que estábamos hace tres años”.
Un funcionario mexicano, que habló bajo la condición de anonimato, coincidió en eso. “Este es el cambio de juego en la degradación de la delincuencia organizada transnacional”, dijo, y agregó: “No puede ser una política de dos, tres, cuatro, cinco o seis años. Para que funcione esta política de inversión, tiene que ser sostenida a largo plazo. “
Varios analistas de seguridad de México y Estados Unidos comparan los retos de ayudar a México a reconstruir sus fuerzas de seguridad y sus instituciones —paralizadas por más de siete décadas bajo un régimen autoritario— con pruebas similares en Afganistán. Ellos ven los Estados Unidos luchando junto a un socio que necesita, pero en el que no confía del todo.
Aunque el nuevo embajador de Estados Unidos en México, fue sacado de una misión en Kabul, Afganistán, el gobierno de Obama elude caer en estas comparaciones y refiriere que el crecimiento de la economía y de la funcionalidad de México, aunque frágiles, pone a las instituciones muy por delante que las de Afganistán. En cambio, funcionarios de la administración comparan con más frecuencia la lucha de México a la que Colombia comenzó hace unos 15 años.
Entre las lecciones más importantes que han aprendido, dicen, es que en casi cualquier lucha contra la delincuencia organizada, las cosas tienden a empeorar antes de mejorar.
Cuando la violencia se disparó el año pasado alrededor de la capital industrial de México, Monterrey, el gobierno de Calderón pidió a los Estados Unidos un mayor acceso a su experiencia y a tecnología sofisticada de vigilancia. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció un puesto de inteligencia en una base militar del norte de México, lo que llevó a Washington más allá de su papel tradicional de compartidor de información a estar más directamente involucrado en la recolección de la misma.
Funcionarios estadounidenses se negaron a proporcionar detalles sobre el trabajo realizado por el equipo estadounidense de menos de dos docenas de agentes de la DEA, funcionarios de la CIA y militares retirados miembros el Comando Norte del Pentágono. Por razones de seguridad, ellos pidieron a The New York Times no revelar la ubicación del complejo.
Pero los funcionarios dijeron que el complejo había sido modelado con base a los “centros de fusión de inteligencia” que Estados Unidos opera en Irak y Afganistán para vigilar a los grupos insurgentes, y que los Estados Unidos ejercen estrictamente una función de apoyo.
“Los mexicanos están a cargo”, dijo un funcionario militar estadounidense. “Es su show. Todo se trata de apoyo técnico”.
Los dos países han trabajado al unísono en numerosas operaciones de alto perfil, incluida la continuación de la investigación del asesinato, en febrero, de Jaime J. Zapata, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
El jefe de la policía federal de México, Genaro García Luna, puso un helicóptero en el aire menos de cinco minutos después de recibir una llamada de ayuda del compañero del señor Zapata, dijeron las autoridades. Luego invitó a funcionarios estadounidenses al centro de inteligencia de la policía —un lugar subterráneo conocido como “el bunker”— para trabajar directamente con las fuerzas de seguridad mexicanas en la búsqueda de los sospechosos.
Las autoridades mexicanas llevaron en mano propia a Washington, para las pruebas forenses, los casquillos de bala recuperados en el lugar de los hechos, permitieron a los funcionarios estadounidenses realizar su propia autopsia del cuerpo y enviaron a los Estados Unidos el automóvil balaceado del agente para su inspección.
En otra operación la semana pasada, la DEA y una unidad de la policía mexicana antinarcóticos colaboraron en una operación que condujo a la detención de José Antonio Hernández Acosta, un presunto traficante de drogas. Las autoridades creen que él es responsable de centenares de muertes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México, incluyendo el asesinato de dos empleados estadounidenses en el Consulado local de Estados Unidos.
Mientras los oficiales de campo de la DEA no estaban en la escena —los mexicanos todavía pintan su raya en eso— los americanos ayudaron dando consejos y estaban en contacto con la unidad mexicana casi cada minuto de las cinco horas que duró la persecución, según un alto funcionario estadounidense en México.
La unidad, integrada por unos 50 agentes, es el foco de otro plan potencialmente revolucionaria que aún no se ha logrado que se apruebe. Varios ex funcionarios de la DEA sostienen que los dos países estaban considerando una propuesta para integrar un grupo de contratistas privados de seguridad —incluyendo agentes de la DEA jubilados y ex miembros de las Fuerzas Especiales— dentro de la unidad para conducir los trabajos de entrenamiento de la Academia y a la vez guiar la realización de operaciones a fin de que los sospechosos pueden ser exitosamente llevado a los tribunales. Fiscales mexicanos también trabajarían con la unidad, dijeron los estadounidenses.
Pero un ex funcionario estadounidense familiarizado con la unidad la describe como una manzana buena en una canasta de manzanas podridas. Dijo que estaba basada en un complejo con docenas de funcionarios sin pruebas de confianza, que proporcionan una ventana a los desafíos que la policía mexicana siguen enfrentando.
Algunos de los oficiales no habían sido dotados de armas, y los que tenían armas de fuego no habían sido debidamente capacitados para usarlas. Ellos estaban obligados a pagar, de sus propios bolsillos, por sus cascos y chalecos antibalas. Y durante un intenso tiroteo contra uno de los cárteles más despiadados de México, tenían que comunicarse entre sí en sus teléfonos celulares, ya que no había sido equipados con radios de la policía. “Es una especie de trauma”, dice Eric Olson, del Centro Woodrow Wilson. “México está ahora aprendiendo a luchar contra la delincuencia, en medio de una gran ola de crímenes. Es como tratar de ajustar la silla de tu caballo mientras corres el Derby de Kentucky”.