Para conjurar un problema, el hombre suele suprimirlo.
Michael Onfray
Conjura palaciega
A nadie escapó la extraña actitud asumida por el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral, de convocar a los integrantes de dicho colegiado para dictaminar la Ley de Seguridad Nacional.
Nadie olvida que dicha acción provocó la ruptura del diálogo pactado en Chapultepec con los integrantes del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia, a cuyo frente se ubica el poeta Javier Sicilia.
Tras superar las diferencias e informar públicamente la reanudación de las pláticas por los agraviados, la Secretaría de Gobernación integra contrapesos de mayor nivel político e igualdad en sufrimiento a fin de generar nuevas tensiones entre actores sociales.
Como parte de la estrategia de acotar la interlocución del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se inscribe la lacónica declaración de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex, a quien le asiste toda la razón de declarar que ese gremio también es víctima de la violencia, reproche que lo integrará a la mesa de diálogo.
El dato que aporta la sospecha de que existe una conjura palaciega en contra de la posibilidad de acotar el uso faccioso de las fuerzas armadas a través de reformas legislativas quedó a cargo del subsecretario de Enlace Legislativo, Jorge Marcos Gutiérrez, quien generó un escollo más al proceso de diálogo auspiciado por el mismo Ejecutivo como parte de una táctica dilatoria al proceso legislativo que, sobre el tema, tiene lugar en San Lázaro.
El burócrata de marras —curiosamente enlace legislativo entre Francisco Blake y el Congreso— el pasado 18 de agosto airadamente descalificó la invitación hecha por Javier Sicilia al ejército y a la marina para incorporarse a la mesa de diálogo. La abrupta declaración del subsecretario Gutiérrez violentó el principio de división de poderes —pues la invitación se giró desde la sede de la Cámara de Diputados— y denigró a las instituciones castrenses al darles el trato de dependencias subordinadas a Gobernación y no de instituciones del Estado mexicano, como contempla la Constitución.
Ante la histérica reacción del funcionario podemos intuir el pavor que genera al Ejecutivo la construcción de una solución legislativa consensada, que le obligue a asumir su responsabilidad en el desastre en el que ha sumido el país en materia de inseguridad y violencia criminal, lo que se traduciría en someter las decisiones de Calderón —y de quien ocupe la presidencia partir del 2012— al imperio de una ley, que desde hace 150 años contempla mecanismos constitucionales claros para afrontar una perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuyos instrumentos y procedimientos fueron claramente delineados desde esa época, sometiendo al ejecutivo al control ciudadano representado por el Poder Legislativo.
Esta añeja disposición, implícitamente regula la facultad presidencial de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada… para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, y en concordancia debe dar cuerpo a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional acorde al principio de que la seguridad es el derecho omnigarante de los derechos humanos, pues sin ella es impensable ejercer en libertad cualquiera de ellos.
Es evidente que el temor a la participación y al control ciudadanos está en el centro de la conjura que en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se percibe en las acciones del Ejecutivo federal.
Baste recordar que la respuesta al pedimento castrense, plasmado en el discurso del 19 de febrero de 2007, se dio hasta mayo de 2009, y que de ahí en adelante todos han sido obstáculos para impedir su aprobación.
En tanto nuestras fuerzas armadas se debaten entre la obediencia al mando supremo y la obediencia a la Ley Suprema, que gracias a la revolución pacífica y silenciosa de la sociedad logró reconocer a los derechos humanos como columna vertebral del pacto social de los mexicanos, complementando con ello el gran avance constitucional que representó, en 1857 la consagración de nuestras garantías individuales y, en 1917, el reconocimiento de nuestros derechos sociales.
Acorde a la sentencia del filósofo francés Michael Onfray, la actitud pública del subsecretario Gutiérrez —y de quienes están detrás de él— al suprimir el diálogo entre el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y las fuerzas armadas, conjura el problema que un acuerdo entre el pueblo y sus fuerzas armadas podrían generará al autoritarismo de su jefe Calderón.