Por Alexander Serikov
Fue el 5 de agosto cuando un juez de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, dictó la detención de Yulia Timoshenko, ex primera ministra de este país, una de las repúblicas de la desaparecida Unión Soviética. La persecución judicial de esta persona comenzó en diciembre del año pasado cuando el día 15 de aquel mes fue acusada de uso indebido de recursos –una cantidad de 320 millones de euros- que había recibido Ucrania por la venta de sus cuotas destinadas a luchar contra las emisiones de los gases de invernadero. En vez de esta lucha, Timoshenko, que ocupaba entonces el cargo de primera ministra, utilizó el dinero obtenido –según la acusación- para pagar las pensiones. El segundo caso contra Yulia Timoshenko fue iniciado en enero del 2011 cuando la acusaron de abuso de autoridad durante la compra de ambulancias. No ha sido presentada ninguna acusación oficial y el juez solamente le prohibió abandonar Kiev y acudir a la procuraduría cuando sea necesario.
Desde hace tiempo se esperaba el inicio de la persecución judicial de esta política idolatrada por unos y odiada por otros en Ucrania, una de las líderes de la oposición política ucraniana, dirigente de la sonada “revolución de las naranjas” que acabó en 2004 con el gobierno del presidente Víktor Yanukóvich. Pero cuando Yanukóvich regresó al poder en Ucrania en 2010, enseguida comenzó a perseguir a sus opositores, entre ellos a Yulia Timoshenko. En aquel entonces, la ex primera ministra tenía suficiente peso político, contaba con suficiente cantidad de correligionarios y representaba una seria amenaza para las autoridades. Pero con el correr del tiempo, debilitada por numerosos procesos judiciales en su contra, Yulia Timoshenko y sus seguidores fueron perdiendo poco a poco sus fuerzas y el apoyo de la población lo que desataba las manos a sus enemigos en el poder para ajustar cuentas con ella en el momento adecuado.
Y ese momento llegó. Fue en mayo del año en curso cuando la incriminaron por abuso de poder en la firma de los contratos de compra del gas proveniente de Rusia y el 24 de junio en Kiev comenzó el proceso judicial sobre este caso. La ex primera ministra fue acusada de haber firmado un contrato ilegal entre la compañía ucraniana Neftegás y la rusa Gasprom en 2009 y según la acusación la ex primera ministra se puso de acuerdo con el precio de 450 dólares por 1 mil metros cúbicos de gas ruso, precio éste muy elevado pero que le fue muy beneficioso a ella personalmente. Si la declaran culpable, podría ser condenada a 10 años de cautiverio. Y ahora, desde el 5 de agosto, está bajo el arresto.
En Ucrania y en el mundo hay inconformidad con el fallo del juez ucraniano. Los partidarios de la ex primera ministra organizaron manifestaciones de protesta y acamparon en Kiev frente a la sede del juzgado que dictó la detención de Yulia Timoshenko. Tanto la Unión Europea como Rusia expresaron su preocupación por la detención de Timoshenko. El proceso contra ella debe ser justo e imparcial, dijo la cancillería rusa. A su vez, la Unión Europea considera que el arresto de Timoshenko pone en duda la formación del estado de derecho en Ucrania ya que el veredicto del juzgado de Kiev pudo haber tenido motivos políticos.