Por la situación económica
Carlos Guevara Meza
En cuestión de semanas alguien logró lo que el gobierno del presidente Obama no ha podido (ni tampoco pudieron Bush, Clinton o Carter): poner al gobierno israelí contra las cuerdas. Pero no fueron políticos ni diplomáticos ni milicianos. Fue simplemente la gente saliendo masivamente a las calles a protestar por la situación económica acuciante que vive su país a raíz de la crisis mundial, agravada ahí por las políticas neoliberales que han regido la nación durante los últimos treinta años, la ocupación de los territorios palestinos, y las subvenciones a los sectores judíos ultraortodoxos (que también son de ultraderecha y rechazan terminantemente el cambio en la situación con los palestinos).
Unas 300 mil personas protestaron primero en las principales ciudades del país, y luego, cuando algunos comenzaron a argüir que se trataba de un movimiento local, los organizadores convocaron marchas en todas las ciudades menos en Tel Aviv, con gran éxito.
Desde mediados de julio las manifestaciones han ido en aumento y, aunque el premier Netanyahu se ha negado a sentarse a dialogar, ha debido formar una comisión, compuesta con casi la mitad de sus ministros, para comenzar las pláticas con los organizadores de unas manifestaciones que comienzan a parecerse mucho a las que hubo en Europa un poco antes. Nada que ver con la llamada “primavera árabe”, pero el gobierno (una coalición bastante inestable de grupos de derecha y centro) podría caer si los desacuerdos entre ellos sobre el tema continúan.
Miles de personas han comenzado a instalar campamentos en plazas y calles de varias ciudades, convirtiendo la manifestación en una presencia constante. Llama la atención la total ausencia de los partidos políticos, así como la participación de casi todos los grupos sociales, venciendo las diferencias que los han distinguido en el pasado: azquenazíes y sefarditas, israelíes judíos e israelíes árabes, y hasta judíos ortodoxos han podido verse en las marchas. Se cuestiona la falta de vivienda nueva y el excesivo precio de las rentas (que en los últimos seis años ha subido un 250 por ciento, contra el uno por ciento de los salarios), la falta de empleo (tanto como el 40 por ciento de la población laboral no tiene trabajo en el sector formal), el costo de la educación y las excesivas subvenciones a los grupos ultraortodoxos que no tienen que trabajar y además están exentos del servicio militar.
Por si fuera poco, hay que contar los gastos que implica el mantenimiento y la seguridad de las colonias ilegales en Cisjordania, donde se siguen construyendo viviendas que obstaculizan en el proceso de paz, mientras los alquileres en territorio israelí siguen subiendo al grado de que hay mucha gente sin casa y muchas casas desocupadas (15 por ciento del presupuesto en vivienda va para los asentamientos, aunque sólo constituyen el 4 por ciento de la población).
Las encuestas indican que hasta el 88 por ciento de la población apoya el movimiento y que más del 50 por ciento estaría dispuesto a participar en las movilizaciones.
Y el gobierno no parece encontrar una solución adecuada. Ha propuesto una nueva ley de vivienda que permitiría acelerar la construcción, pero no garantiza que los precios al consumidor sean lo bastante bajos para que la gente pueda adquirirlas. El tiempo es de cambio.