El presidente Felipe Calderón puso el grito en el cielo porque una juez otorgó libertad profesional al ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad Néstor Moreno Díaz, acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos. Pero el Consejo de la Judicatura Federal hizo un rechazo enérgico al señalamiento del primer mandatario, por no ofrecer pruebas.
En busca de aplausos, luego de entregar su V Informe de Gobierno y sin dar la cara a los diputados, Calderón se puso a chatear con el público y en respuesta a una de los cientos de preguntas lamentó que Moreno Díaz haya sido puesto en libertad porque, a juicio de la juez Cuarto de Distrito de Procesos Federales, Taissia Cruz, el enriquecimiento ilícito “no es delito grave”.
Sonriente, como ahora acostumbra en sus intervenciones, Calderón manifestó: “No es que yo la traiga contra los jueces, al contrario, los aprecio, y todo, pero ya también empieza uno a cansarse, mano, uno los agarra, los agarra, los agarra y los agarra y los sacan, los sacan y los sacan”.
Ciertamente, los jueces no son blancas palomas y con frecuencia se sabe de escandalosas sentencias de jueces y magistrados, sobre todo cuando se trata de influyentes que compran los juicios a favor o en contra.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no está exenta de esas prácticas y en estos días se le culpa de aprobar el nefasto reglamento de Vicente Fox que permite la entrega de permisos para el funcionamiento de casinos, verdaderos antros de corrupción.
Ese reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue impugnado por la Cámara de Diputados, mediante una controversia constitucional, pero la ministra Olga Sánchez Cordero redactó un dictamen favorable a la propuesta de Vicente Fox. Esto dio lugar a corruptelas y a chantajes millonarios. Por ello fue incendiado el casino Royale de Monterrey, con el saldo trágico de 52 muertos y numerosos heridos.
Si el presidente Calderón tuviese voluntad para terminar con esos desplumaderos y frenar de alguna manera la corrupción que corroe la república, podría cancelar el reglamento ideado por quien se ha convertido en su crítico permanente, Vicente Fox.
Si a partir de los permisos de los casinos comienza la corrupción, por ser entregados a amigos influyentes del presidente de la república o del secretario de Gobernación en turno, es lógico que sucedan tragedias como la de Nuevo León porque tales negocios no están debidamente legalizados y, sin la protección requerida, quedan a merced de extorsionadores.
La opinión pública exige justicia y que individuos como Néstor Moreno terminen en la cárcel, si además de sus corruptelas tuvo la desfachatez de presumir un yate en Acapulco y un automóvil Ferrari de lujo.
Y Felipe Calderón sería aplaudido por su crítica a una juez a todas luces corrupta, si otro juez, el Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, Jesús Salvador Fraustro, impidió que fuese cancelada la orden de aprehensión contra el ex director de operación de la CFE, pero no puede presumir de la honestidad de su gobierno.
Al menos debe tomar en cuenta el Ejecutivo federal que, de 175 países, México ocupa el lugar 89 en corrupción, a la par con Egipto y Burkina Fass, cuya localización ignoramos. Son mucho más honestos Chile y Uruguay, al figurar en los lugares 21 y 24, respectivamente.
Desde siempre, Calderón es dado a buscar culpables de cuanto sucede en México y cubrirse con el manto de la dignidad. Como diputado y presidente del PAN no se cansó de denunciar el pasado corrupto del PRI. Hoy le echa en cara la Concamín que cada año son pagados en México 27 mil millones de pesos en prácticas de corrupción. De esto guarda silencio.
El Consejo de la Judicatura Federal rechazó enérgicamente las acusaciones “por consigna y, más aún sin pruebas, porque atentan contra la estabilidad nacional. ¿Se retractará el Presidente de sus dichos?