Con las armas de la ley, Troy Davis fue ejecutado vía inyección letal en Estados Unidos, tras no admitir el Tribunal Supremo la última apelación de su defensa.

Washington cometió otro homicidio legal —van mil 269 desde que se reinstauró la pena capital en 1976—. Se certificó que el corazón de Troy Davis se había detenido tras 15 minutos en los que se le aplicó un cóctel mortal de barbitúricos —entre ellos anestesia de uso veterinario, debido a la escasez del que se aplica de forma regular— que acabó con su vida, amarrado a una camilla.

Davis murió proclamando su inocencia en una cárcel de Jackson, en Georgia, por el homicidio, en 1989, del agente de policía Mark McPhail.

En un movimiento con pocos precedentes en la historia de la pena de muerte, los abogados defensores presentaron in extremis a la falta de 35 minutos para que iniciara la ejecución —una petición al Tribunal Supremo de la nación para que reconsiderase el caso— para viera si había algún resquicio, alguna posibilidad de que se paralizara la muerte de Davis. Para ello presentaron todo el dossier del caso junto a todas y cada una de las apelaciones que se han hecho desde el año 1991, cuando fue condenado.

Amnistía Internacional entregó en días pasados 630 mil  cartas a la Corte de Perdones Judiciales de Georgia, que presidía sobre el caso, para paralizar la ejecución.

Entre las peticiones estaban las firmas de 51 miembros del Congreso federal. Todas, junto con las manifestaciones y vigilias que se organizaron en Georgia y otros Estados, resultaron inútiles.

El agente McPhail, padre de dos hijos, apareció muerto de tres disparos en el aparcamiento de un restaurante Burger King de la localidad de Savannah en 1989, cuando acudía, fuera de servicio, a asistir a un mendigo que estaba siendo atacado. La policía detuvo entonces a Davis, que se encontraba en el lugar de los hechos junto a otras personas.

Redacción/mc

Foto: protectthehuman.com