Entrevista a Edgardo Buscaglia/Profesor de derecho en el ITAM
Por Irma Ortiz
Sucesos como el ataque al casino Royale de Monterrey son provocados por grupos criminales cuyas raíces financieras no son afectadas patrimonialmente. El hecho de enviar más tropas a la zona a enfrentarlos no resuelve nada, ya que son acciones represivas, no estrategia. Si no se les desmantela económicamente, México seguirá siendo refugio de criminales.
El experto en seguridad Edgardo Buscaglia, profesor de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, asegura que estas empresas legales que dan apoyo diario a grupos criminales también financian campañas políticas de todos los partidos, por lo que existe un pacto de impunidad política que ha impedido que sean desmanteladas patrimonialmente.
¿Su visión sobre el ataque al casino Royale y la estrategia gubernamental para atacarlo?
Los esfuerzos de las autoridades para atacar las bases económicas del crimen organizado son insuficientes; si no se aplican medidas como ha sucedido en Colombia, Rusia, Italia, va a ser imposible contener a los grupos criminales. Si no se les quita la infraestructura económica, México seguirá siendo refugio de criminales. Intentar cerrar empresas delincuenciales deteniendo gente como lo hace el gobierno federal, es como tratar de cerrar una empresa deteniendo solo a cajeros y gerentes, y las cosas seguirán de mal en peor.
La estrategia —lo venimos diciendo hace muchos años— no existe en México. Hay acciones del gobierno federal que se basan simplemente en enviar soldados y más policías que no logran investigar adecuadamente los hechos de violencia, no se procesan adecuadamente las causas y no se sentencia a las personas físicas ni tampoco se desmantela a las empresas criminales, que es algo muy diferente a las personas físicas.
A una empresa criminal la tienes que desmantelar físicamente desde un punto de vista económico y encarcelar a las personas físicas es una condición necesaria, pero está muy lejos de ser suficiente, es como tratar de impedir funcionar un banco deteniendo a los cajeros, simplemente el banco funciona con gente que reemplaza a los cajeros.
La delincuencia organizada en el mundo tiene una columna vertebral que es el manejo de sectores económicos importantes ligados al manejo de dinero. Los casinos son parte de ese manejo, sin embargo, hay una gran cantidad de empresas de personas morales que ayudan a la delincuencia. La sensación que nos da es que este gobierno ha hecho lo políticamente posible para implementar medidas que se basan simplemente en shows mediáticos, que no han dado resultado por años.
Si ahora vemos que estos grupos criminales han incrementado su poder —como era previsible— y desde el 2008 venimos anunciando que los actos de terrorismo iban a aumentar, no sabemos si el ataque al casino de Monterrey es o no un acto de terrorismo, ya que el acto de terrorismo es algo claramente definido en las convenciones de las Naciones Unidas y regionalmente se le define como un ataque a la población civil inocente que tiene un fin político, ya sea remover un régimen político, cambiar una política pública o tener algún tipo de aspiración territorial.
¿Terrorismo o acto criminal?
Hay que ver cuál fue el objetivo de este ataque; si fue una simple extorsión, sería un acto criminal pero no definido como un hecho de terrorismo desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, el presidente Calderón se expresó mal el otro día cuando predefinió esta acción como terrorismo, ya que no hubo una investigación y hay que tomar en cuenta que el presidente es abogado y debía saberlo.
Si lo definió como un acto de terrorismo o tiene información en la mano que no se dio a conocer, ligado al hecho de que este ataque tuvo un objetivo político o simplemente se limitó a los hechos. Lo que sí se sabe es que estos grupos criminales mexicanos ya vienen cometiendo actos de terrorismo en el pasado, simplemente hay que recordar el granadazo en Morelia; fue un ataque contra la población civil inocente que tenía un objetivo político por parte de los grupos criminales, en este caso, los Zetas.
Este hecho sí fue un acto de terrorismo, el grupo de La línea viene cometiendo acciones de terrorismo, una amenaza con un coche bomba para remover a un funcionario público en ejercicio es un acto de terrorismo, definido como tal.
El caso del grupo Sinaloa, del Chapo Guzmán, ha hecho lo propio; por lo tanto estos grupos criminales mexicanos ya han cometido maniobras de terrorismo antes del ataque al casino de Monterrey y habría que habérselos llevado inmediatamente —como hace todo Estado responsable— al Consejo de Seguridad para que sean incluidos en la lista de grupos terroristas y, con eso, todas las unidades antiterrorismo del planeta, en los países miembros de Naciones Unidas, todas las unidades de inteligencia le comienzan a poner un microscopio mucho más potente a estos grupos criminales y a desmantelarles todo apoyo económico que puedan tener en el exterior.
Mermar sus recursos
Toda empresa, por ejemplo en la India, que le esté fabricando insumos, efedrinas al grupo del Chapo Guzmán para la producción de drogas sintéticas, sería inmediatamente considerada una amenaza a la seguridad nacional de la India, porque el cártel de Sinaloa sería considerado un grupo terrorista.
Incluirlo en la lista de grupos terroristas no es un acto simbólico ni jurídico nada más, sino operativo, las unidades antiterrorismo son enormemente poderosas y cuentan con recursos mucho más cuantiosos que los que por ahora se tienen para poder desmantelar a estos grupos criminales que, insisto, ya han cometido actos de terrorismo antes de lo de Monterrey.
En este caso todavía hay que definir cuál fue el propósito de este ataque contra la población civil; insisto, si el objetivo fue quitarle dinero por extorsión al casino eso sería un acto criminal organizado, es delincuencia organizada. Si el fin hubiese sido tratar de obligar al gobierno de ese estado o del gobierno federal a dejar de proteger por ejemplo al cártel de Sinaloa y por lo tanto a los Zetas, en este caso hipotético, hubiesen atacado al casino como mensaje al gobierno federal para que cambien de política; entonces eso es terrorismo.
Los actos y el terrorismo en sí mismo tienen una connotación muy específica que tiene que darse antes de ser clasificado como tal. Por lo tanto, quiero pensar o que el presidente tenía información que todavía no la había dado a conocer a la población, información de antemano; o se anticipó a los hechos y por lo tanto hay que esperar a que la investigación siga su curso y nos dé una respuesta.
Políticas de seguridad
El ataque se da a días del Informe Presidencial, cuando se ha criticado tanto su política de seguridad.
En una democracia avanzada a todos los mandatarios se les puede criticar cuando están en el ejercicio de su función pública. El presidente Calderón ha sido el jefe del Ejecutivo por varios años durante los cuales se han implementado políticas contrarias a las mejores prácticas internacionales que están ratificadas por México o formalmente en la Convención de Palermo, prácticas que aplicó Italia, Colombia, muchos países que han hecho las cosas bien, por lo tanto esto no es una cuestión ideológica o de gustos, que a mí me parece bien y a él mal.
El presidente no ha implementado en su administración las mejores prácticas para combatir a estos grupos. Se ha limitado simplemente a detener a gerentes y a cajeros de estos grupos criminales sin desmantelarlos financieramente como empresas; con eso quiero decir que en Guadalajara puedes poner galpones de almacenamiento que utiliza el grupo de los Zetas o el cártel de Sinaloa para almacenar a gente, drogas, armas, que están a nombre de empresas legales, personas morales.
Esos galpones de almacenamiento hay que confiscarlos o los centros de producción de drogas sintéticas que están en manos de empresas farmacéuticas, que son personas morales, hay que decomisarlas.
Hay flotillas de transporte de miles de camiones que transportan armas, personas, drogas, contrabando, que están a nombre de empresas legales y a esas empresas hay que decomisarlas porque están participando directamente en actividades criminales organizadas y eso el presidente no lo ha hecho.
La sospecha que tenemos es que no lo ha hecho porque, en gran medida, la experiencia internacional te dice —de acuerdo a todos los países que hemos estudiado— que estas empresas legales que le dan apoyo diario a los grupos criminales, son empresas que financian campañas políticas electorales de todos los partidos, no sólo del presidente sino PRD, PAN y PRI, por lo tanto hay un pacto de impunidad política que ha impedido que estas mejores prácticas de desmantelamiento patrimonial se utilicen.
Falta de estrategia
El presidente no ha atacado este problema en sus raíces sociales. Las raíces sociales están claras en todos los países en donde esto se ha producido. La violencia organizada surge en países donde miles de jóvenes no tienen ni oportunidades ni alternativas de vida, tampoco tienen educación, ni familia en muchos casos, por lo que buscan protección social en grupos delincuenciales, protección que es disfuncional, y son utilizadas por asociaciones criminales transnacionales para llevar adelante sus actividades ilícitas.
Hoy tienes miles de jóvenes mexicanos que están cayendo como hormigas en manos de grupos criminales a través de estas pandillas que, en muchos de los casos, ni siquiera son jóvenes sino niños, que van desde los ocho hasta los 15 años y que están en manos de estos grupos criminales.
No hay una política social, un modelo de desarrollo donde un gabinete de seguridad humana, no tanto de seguridad policial sino humana, formado por las secretarías de Trabajo, Salud, Educación, Desarrollo Social, formen un gabinete de seguridad humana que coordine la implementación de políticas en las zonas rojas del país, como los estados de Michoacán, Durango, Hidalgo, Coahuila, Sonora, Sinaloa y no vemos ese tipo de actividades por parte del gobierno federal.
Esto no es cuestión de que a mí me guste o al presidente le parezca mal, no se trata de arte expresionista donde tenemos visiones diferentes. Es hay o no hay, y si no hay, entonces el presidente se queda corto al detener a personas como él ha dicho con todos esos soldados, que es una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente para acabar con este flagelo.
Le estamos diciendo al presidente que luche más y lo haga mejor contra este problema que tiene raíces sociales, económicas y políticas. La corrupción política no se enfrenta en México como se ha combatido en Italia o en Colombia. No vemos que políticos de alto rango, políticos de todos los colores y partidos estén siendo detenidos y procesados judicialmente.
Tenemos un problema grave de impunidad política que explica porqué la delincuencia organizada recibe este tipo de protección cuando al mismo tiempo la delincuencia organizada financia campañas aquí y en todos los países donde hay delincuencia organizada. No vemos ninguna actividad en ese sentido o sea que no hubo una estrategia por parte del presidente Calderón, hubo acciones represivas descoordinadas, acciones sorpresivas espasmódicas que no han servido para desmantelar estos grupos y hora tenemos como consecuencia que los grupos criminales estén atacando a la población civil, sea con fines terroristas o sea con fines delincuenciales.
En el marco de esta falta de estrategia, ¿tribunales internacionales pueden juzgar a quienes han tomado decisiones en la estrategia en México sobre la delincuencia?
Hay posibilidad de que tribunales de otros países puedan juzgar a grupos criminales de origen mexicano que están operando en esos países y esos tribunales van actuar con mucha mayor celeridad cuando estos grupos criminales mexicanos son identificados como grupos terroristas ante la Organización de las Naciones Unidas.
No ante el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, eso no tiene legitimidad alguna en Latinoamérica o en el mundo, sí ante Naciones Unidas donde en el Consejo de Seguridad se puede incluir a los Zetas, al cártel de Sinaloa, a La Línea, al grupo de Tijuana o al cártel del Golfo. A todos se les puede incluir en esta lista de grupos terroristas.
Eso ha dado mucho resultado para desmantelar a los grupos paramilitares colombianos en el exterior, a las FARC, para desmantelar a grupos criminales ligados a ETA, ha dado resultado en el pasado. Yo no anticipo que tribunales internacionales le quiten la competencia a la jurisdicción a los tribunales mexicanos, eso todavía no se anticipa.
Lo que sí puede suceder es que tribunales de otros países van a actuar porque la delincuencia organizada mexicana ya es transnacional, va mucho más allá de México. Ha causado una invasión de inseguridad a los países de Centroamérica, Sudamérica y por lo tanto estas naciones van a reaccionar a través de sus sistemas judiciales.