El juez Baltasar Garzón, asesor de la Corte Penal Internacional; Leoluca Orlando, ex alcalde de Palermo; Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional de España; Fernando Andreu, juez de la misma institución y quien encabeza las investigaciones sobre la mafia rusa en Europa, coincidieron —sin decirlo tal cual— que la estrategia del presidente Felipe Calderón en contra del crimen organizado es y seguirá siendo un fracaso.
Esa fue la conclusión —en términos muy simplistas si se quiere— del foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad al que convocó la Cámara de Diputados.
Cada una de las tesis ahí expuestas contradecían la estrategia de Calderón y evidenciaban los errores cometidos por el gobierno mexicano.
Leoluca Orlando, por ejemplo, habló sobre la importancia de la legitimidad. Explicó por qué su gobierno derrotó la mafia y cómo contó con el apoyo de la ciudadanía para impedir que lo asesinaran. La legitimidad no es más que el respaldo y la credibilidad social con la que debe contar un político para resolver un problema de seguridad como el crimen organizado.
La pregunta es: ¿Calderón cuenta con esa legitimidad? ¿O se trata de un político que no triunfó en el 2006 y hoy paga los costos de una presidencia ilegal?
El juez Baltasar Garzón, perseguido por los medios hasta la saciedad para que contestara si el gobierno mexicano sería investigado por la Corte Penal Internacional, no pudo, por prudencia, contestar, pero resaltó la torpeza de dar rango de terrorismo al incendio del casino Royale de Monterrey, como se hizo en el mensaje presidencial.
Antes de lanzar un calificativo de esta naturaleza, señaló Garzón, es necesario responderse, cuando menos, tres preguntas: ¿quién ideó el atentado?, ¿quién lo financió?, ¿y qué objetivo perseguía?
Ni Calderón ni su gobierno han podido dar respuesta, hasta ahora, a esas tres dudas.
Diego Valadés fue, incluso, más incisivo al denunciar los vacíos que existen en el Estado mexicano cuando el Presidente reconoce que hay actos terroristas en el país y lo único que se le ocurre es decretar tres días de duelo.
“¿Es posible que un presidente afirme que gobiernos municipales y gobiernos estatales están involucrados en actos de corrupción sin denunciarlos?”, señaló Valadés.
El jurista español cuestionó también la acusación que hizo el mandatario mexicano a Estados Unidos por las 52 personas muertas en el casino. “No estoy de acuerdo con esa idea”, señaló, como para dejar asentado que cada gobierno es responsable de lo que sucede en su país y bajo su mandato.
Y es que, horas después del incendio el Presidente llegó a Monterrey para decir que Estados Unidos debe ser más eficiente en la lucha contra el consumo de drogas y el tráfico de armas. “Somos vecinos, aliados, amigos, pero también ustedes son responsables”, soltó.
Quien dio en el ADN del problema fue la fiscal Dolores Delgado, quien dijo estar en contra del uso de la palabra guerra. Como lo hemos planteado en diferentes ocasiones desde estas páginas, Calderón hizo una declaratoria sin bases constitucionales y a partir de una visión unilateral que se ha limitado al uso del ejército y la policía.
El uso del ejército fue, precisamente, uno de los aspectos más cuestionados. Garzón apuró al gobierno mexicano a regresarlo a los cuarteles. Este funcionario de la Corte Penal Internacional insistió —por algo— en que los militares no están preparados para combatir el crimen organizado y respetar al mismo tiempo los derechos humanos.
Pidió, incluso, que se replantee en México el uso del ejército. Lo defendió al decir que su papel es otro, no perseguir narcos aunque en el fondo el mensaje era otro: evitar que se sigan abriendo expedientes de víctimas inocentes.
Un jefe de Estado libre, sensato, utilizaría el resultado de estos foros para cambiar radicalmente la estrategia.
Sin embargo, todos sabemos que el Presidente insistirá. No se moverá. Una obsesión comienza a ser vista por la sociedad como complicidad política con una situación de guerra.
¿Por qué? ¿A qué intereses responde un presidente que está por dejar el cargo con los índices más altos de ingobernabilidad y los más bajos de popularidad?
Beatriz Pagés