Conforme se acerca el final del sexenio, los rumores dejan de serlo: “La Secretaría de Gobernación ha operado, desde que llegó Calderón al poder, en un centro de negocios”.
Así lo confirman quienes tuvieron que ir alguna vez a Bucareli a tramitar la apertura de uno o más casinos.
“No se vaya a creer que es fácil. Primero lo pasan a uno con un funcionario, luego con otro y otro más, hasta que el tercero o cuarto te invita a conversar en privado para decirte: «Le podemos entregar una licencia con tres condiciones. La primera, que nos pague una comisión. La segunda, que acepte a un socio con el que comparta el 50% de las acciones y la tercera que el nombre de ese socio no aparezca en los documentos».”
La versión platicada por quien es actualmente dueño de un casino de Monterrey resulta creíble, al saberse que el ex director general adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Correa Méndez, benefició al dueño del casino Royale con 41 centros de juego un día antes de que renunciara al cargo el 11 de junio de 2009.
A Correa lo han sucedido otros Correas. Siempre ha habido quien opere a favor de algunos hermanos o parientes, aparentemente, incómodos.
Aparentemente, porque en todo gobierno hay un hombre de confianza, a veces de la misma sangre, dedicado a hacer —con la autorización y el apoyo del poder— los negocios que no puede hacer, a la luz del día, el político en funciones.
El incendio del Royale, en el que murieron 52 personas, y la oscura, oscurísima compra de acciones de la empresa petrolera española Repsol, por parte del director de Pemex, dejan al descubierto una cadena de corrupción que por sus dimensiones sólo pudo haberse construido con la anuencia de alguien muy poderoso.
Mientras la Cámara de Diputados traía al juez Baltasar Garzón para que hablara sobre crimen organizado, y el rector de la UNAM, José Narro, se reunía con el presidente Felipe Calderón para plantear un gran pacto nacional en contra de la inseguridad, afloraban las verdaderas razones por la cuales este gobierno no ha podido combatir el narcotráfico: corrupción.
Gobiernos de derecha que conciben la política como un casino y en el que lo mismo se permite la droga, que la ruleta o especular con el petróleo.
El cable de Wikileaks donde se informa que el “zar de los casinos”, Juan José Rojas Cardona, pagó 2.5 millones de dólares para la campaña de cada uno de los ex alcaldes panistas Adalberto Madero y Zeferino Salgado, deja ver que en Nuevo León la política, más los centros de juego, más el comercio de drogas, conforman una industria prohijada y protegida desde las más altas esferas del panismo y del gobierno federal.
El “boom de la ruleta” ha llegado hasta las clases más populares de la entidad donde las mujeres dedican —a falta de empleo— buena parte del día a jugar a la lotería y a otros quehaceres lúdicos para apostar y llevar de comer a sus casas.
Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey —hasta el momento de cerrar la edición—, hoy acusado de proteger a su hermano Jonás, a quien se vincula con el crimen organizado y el incendio del casino Royale, es un personaje peculiar. Nunca ha sido un político más. Se le ubica como uno de esos funcionarios-empresarios a los que los políticos poderosos utilizan para hacer negocios.
Vicente Fox, por ejemplo, lo hizo director del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y le encargó la obra más cara, mal hecha y sospechosa del sexenio: la Biblioteca Vasconcelos.
A Larrazabal se le identificaba en esa época como dueño de una constructora en Texas en la que tenía cinco socios, entre los que se encontraba un Guillermo Sahagún, pariente al parecer de Martha Sahagún de Fox, y a donde fueron a parar varios miles de dólares como pago de la construcción de la megabiblioteca.
Como alcalde tiene otros antecedentes. Por ejemplo, su director de Alcoholes, Rogelio González Heredia, fue apresado por la Marina dentro del Palacio Municipal por estar vinculado con un cártel.
A su secretario de Tránsito y Vialidad, Enrique Barrios, lo secuestró un comando delictivo, lo regresó, pero hoy sólo es jefe de asesores.
Su secretario de Promoción Económica, Dionisio Herrera, ex alcalde de Santa Catarina, se amparó para que el Congreso no revise su cuenta pública.
En fin, que los panistas son muy malos para gobernar, pero muy buenos para hacer de la administración pública un sucio negocio.
Beatriz Pagés