Así lo establecen cuatro artículos
Por Alfredo Ríos Camarena
La ceremonia organizada por el Ejecutivo federal el pasado 2 de septiembre es una fórmula que ha pretendido sustituir la presencia del Presidente en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del informe presidencial, pues en la legislatura pasada se modificó el articulo 69 constitucional, que obligaba al titular del Poder Ejecutivo a presentar su informe ante el Congreso de manera presencial.
Esta reforma ha sido criticada con razón, sin embargo, es conveniente recordar la tensa situación política que mantenían los grupos parlamentarios a partir de la toma de protesta del presidente Calderón, que pudo realizarse por la intervención institucional de los diputados del PRI, quienes, como se recordará, acudimos al recinto parlamentario enarbolando pequeñas banderas mexicanas, como símbolo del respeto a la Constitución y a las instituciones; el clima político en aquel momento de la reforma hacía difícil la presencia del presidente electo en el Congreso, y así lo aceptaron tanto las fracciones del PAN como del PRD. Esa fue la razón de ese nuevo diseño constitucional, al que se agregó la pregunta parlamentaria y la protesta obligatoria de los funcionarios del Ejecutivo de conducirse con verdad; por eso, en ese tiempo, exigí en el pleno que se tomara dicha protesta, lo que fue aceptado, y hasta hoy, se continúa realizando.
A partir de ese momento, el Presidente ha organizado eventos en el Palacio Nacional, en el Auditorio Nacional y ahora en el Museo de Antropología, para dar a conocer sus puntos de vista, aunque no exista ninguna obligación legal de hacerlo.
El pasado día 2, el Presidente trató temas de importancia y trascendencia nacional, fue significativo que se refiriera al modelo económico con las siguientes frases: “¿Debe seguir México por la ruta de la competitividad, de la libertad económica? o bien, ¿debe volver a formas en las que se protege a determinadas industrias, se cierran determinados mercados y se exacerba la intervención del Estado y el gobierno en la economía? Yo creo que la respuesta es clara: México debe seguir adelante con una economía de mercado, abierta y competitiva, generadora de empleos.”
Cuando el presidente de la república toma posesión de su encargo, el artículo 87 de la Constitución lo obliga a guardar y hacer guardar los preceptos de nuestra norma fundamental.
Lo señalo porque desde hace varios sexenios, nos han querido imponer la idea de que el diseño económico de la nación se soporta en la teoría económica neoliberal y globalizadora, y que los objetivos se centran en el desarrollo de un libre mercado. Esto es una falacia, pues todavía, y afortunadamente, el paradigma constitucional establecido en los artículos 25, 26, 27 y 28 es claro.
Por lo tanto, el insistir en que el destino de México está fundamentado en el libre mercado y si los gobiernos que han antecedido a Calderón, y él mismo, no están de acuerdo con respetar el texto constitucional, deberían de haber presentado iniciativas para reformar nuestra Carta Magna, pero no lo han hecho, han gobernado de facto con las reglas del Consenso de Washington y las draconianas normas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y otros organismo financieros.
La Constitución reconoce y fomenta la libertad de empresa, pero en un marco donde el Estado dirija, conduzca y determine, por eso, despreciar la participación estatal es violar el sentido ideológico de la Constitución.
¿Hasta cuándo los mexicanos habremos de retomar nuestro camino histórico propio, bajo las reglas eficientes y justas, que establece la Constitución General de la República?