Entrevista a Ruth Zavaleta/Ex presidenta de la Cámara de Diputados
Por Moisés Castillo
Guerrero es un verdadero polvorín. Las amenazas del crimen organizado contra el magisterio en Acapulco, el cierre de gasolinerías en el puerto por la inseguridad, las narcoejecuciones cotidianas y el homicidio del diputado federal priísta Moisés Villanueva de la Luz hacen de Guerrero uno de los estados más violentos del país.
Tan sólo en agosto pasado fueron asesinadas 150 personas en la zona costera de Acapulco. Según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Guerrero vive una de las peores etapas de violencia en la historia reciente. Esto se debe en gran medida por los vínculos del narcotráfico con las policías y los cacicazgos, así como la militarización de amplias regiones del estado que han propiciado una violación permanente a los derechos humanos de los ciudadanos.
El organismo de La Montaña de Guerrero ha documentado más de 60 casos de violaciones a las garantías individuales por parte del Ejército. En ninguno de ellos se ha castigado a los responsables, debido a que los casos son asumidos por la Procuraduría Militar.
A pesar de esta dura realidad, algunos funcionarios como Ramón Almonte Borja, responsable de la prevención del delito en el estado dice que “el problema de la inseguridad pública no existe en Acapulco, los maestros no tienen argumentos para no regresar a clases”.
Desde el 25 de agosto, al menos 600 maestros decidieron dejar sus centros de trabajo tras la aparición de un escrito presuntamente del crimen organizado en el que les advertían que les cobrarían cuotas.
Además, en días pasados, una maestra instructora del Consejo Nacional de Fomento Educativo que se dedicaba a alfabetizar y capacitar a educadores en comunidades de Guerrero, junto con dos personas más, fue asesinada en una emboscada cuando iba a la comunidad de Puerto Rico del Sur, en el municipio Heliodoro Castillo.
El propio procurador, Alberto López Rosas, admitió que grupos del crimen organizado extorsionan al menos a medio centenar de escuelas en Acapulco y Coyuca de Benítez, además de que las que se ubican en la región colindante con el Estado de México y Michoacán, donde han denunciado que son amenazadas por miembros de los cárteles del narcotráfico, quienes les exigen el pago de cuotas.
A esto se suma la baja competitividad del estado y la pobreza que alcanza a dos terceras partes de la población.
“No hay forma de tener ni justicia social ni penal. Me indigna la impunidad y en este momento los guerrerenses están indefensos. No garantizar la seguridad atenta contra la democracia y los derechos fundamentales de la gente”, afirma con cierta frustración Ruth Zavaleta, ex presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura.
La ex perredista y originaria Tepecoacuilco, Guerrero, lamenta que, en este contexto de violencia que vive el país, la impunidad en el estado tenga índices alarmantes.
“Pueden matar —agregó— a un diputado, pueden asesinar al líder del Congreso Armando Chavarría y no pasa nada. Sabemos que la autoridad tiene problemas para ejercer la justicia por cuestiones de amenazas, por temor o por corrupción. Si la autoridad no actúa para perseguir los delitos, esta problemática seguirá creciendo y no habrá nadie que la detenga.”
Terror generalizado
¿Coincide con el gobierno de Angel Aguirre en que el paro de labores de los maestros tiene “tintes políticos”?
No son denuncias políticas, son denuncias de un temor real por cuestiones de seguridad. Sabemos que muchos jóvenes han emigrado al Distrito Federal y a otros estados para seguir estudiando por miedo de que en sus escuelas públicas o privadas existan actos violentos. Soy guerrerense, mi familia vive allá y desafortunadamente el terror es generalizado. Hay recomendaciones de no salir después de las nueve de la noche. Es lamentable el nivel de vida que se está viviendo en Guerrero. Lo del magisterio no es algo ficticio, es algo real que se está dando en las zonas urbanas y zonas rurales.
Acapulco es un centro turístico importante para el país que está sufriendo una ola de violencia sin precedentes…
Desafortunadamente en Acapulco ya no puedes circular. Tengo dos sobrinos aterrados, aparte del que mataron, Rodolfo Israel Valladares Zavaleta. Del asesinato no hay ningún indicio de investigación, todo mundo sabe quién fue, dónde fue pero nadie sabe qué hacer. La autoridad no sabe nada. Ahí tienen amontonadas las investigaciones de la gente que han matado y no pasa nada. Mis dos sobrinos fueron a jugar básquetbol, los pararon en la carretera con metralletas, los tiraron y les dijeron “no pueden circular como quieran”. Afortunadamente les quitaron las computadoras, regresaron al auto y no pasó a mayores.
¿Por qué se ha llegado a esta “normalidad de la violencia” como en Juárez, Monterrey y Reynosa?
Creo que aún más grave que en esas ciudades, porque el problema de Acapulco no es la violencia en los centros de diversión, no es en los centros de rehabilitación, es en la calle. Ya no puedes circular en la calle o tener un negocio, no puedes tener nada porque es la amenaza constante para cobrarte cuota, si eres alumno te asaltan enfrente de la escuela, si tienes hijos te están amenazando. Lamentablemente está fuera de control el asunto de la inseguridad en los lugares públicos y desafortunadamente le afecta en imagen y en términos de economía al estado.
Convocar a un pacto social
¿Cómo califica al gobierno de Angel Aguirre?
No puedo hacer una evaluación del gobierno tan pronto. Me parece que el tejido social en Guerrero está roto. El gobierno debería convocar a un pacto social. Tiene las instituciones y el uso legítimo de la fuerza pública. El gobernador tiene que enfrentar con la sociedad, empresarios, maestros, estudiantes, sector religioso, organizaciones civiles, esta situación crítica. No hay gobernante que pueda solo contra una circunstancia como la que vive Guerrero. La entidad es el principal productor de marihuana y lo que ha sucedido está relacionado con el combate al narco y la extrema pobreza. El crimen organizado al no tener espacios para el mercado de drogas está delinquiendo de otra forma, ya sea con secuestros, robos, extorsiones.
Incluso se está hablando en algunos círculos sociales de un “toque de queda”…
El toque de queda ya estaba. Se hizo uso y costumbre desde la pasada campaña electoral en que participé. En Chilpancingo me decían “después de las siete de la noche no te puedes ir de aquí, busca dónde te vas a hospedar porque no puedes salir a la carretera”. Estaba de manera cotidiana, no era formal, pero ya estaba dándose en algunas comunidades. Por ejemplo, ir a Iguala después de las 10 de la noche es para pensarlo. Tenemos que recuperar la confianza de transitar libremente por nuestros pueblos y sin tener miedo.
¿Existe un desencanto hacia la clase política por parte de la sociedad? ¿Qué tanto sirven los movimientos sociales para resolver situaciones tan graves como la inseguridad?
Los movimientos de denuncia y presión como el de Javier Sicilia seguro que sirven, pero como organización no, por eso está el gobierno y los partidos que son la base de nuestro sistema democrático. Los partidos tendrían que tener un papel más protagónico en la defensa de los derechos de los ciudadanos y, al no hacerlo, surgen movimientos como el de Sicilia que son válvula de escape para que mucha gente pueda manifestar su inconformidad. Lo que tenemos que exigir es que el Estado resuelva las cuestiones de la procuración de justicia. ¿Qué están haciendo el Legislativo y el Ejecutivo al respecto? Hay que dar seguimiento a qué están haciendo con los recursos en términos de procuración de justicia.
Impotencia ante el delito
Ruth Zavaleta recuerda con tristeza la muerte de su sobrino Rodolfo Israel Valladares Zavaleta en mayo del 2010. La ex legisladora perredista dice que el mismo día que Rodolfo Israel cumpliría 19 años de edad fue su entierro. Sus padres, su novia y el joven iban circulando en la carretera federal Iguala-Taxco cuando dos jóvenes en motocicleta los interceptaron, se hicieron de palabras y dispararon sin piedad contra el automóvil. Una bala atravesó la frente de Rodolfo Israel.
“Lo que supimos después —dice la ex legisladora— es que en ese punto, que está a metros de una estación de vigilancia de la policía y además están los militares, era cotidiano ese mismo ritual por las noches.”
Hasta ahora ese crimen sigue impune. La familia se quedó con una impotencia terrible. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Es lo que se pregunta Ruth Zavaleta.
Ante el aumento de la violencia en su estado, decidió traerse al Distrito Federal a su sobrina que estaba estudiando la carrera de chef en Acapulco. Dice que la joven tenía un temor insoportable porque una de sus compañeras de dormitorio fue asesinada luego de que le robaron su auto.
“Hay un exilio de los jóvenes —finaliza— hacia lugares menos violentos. Allá en Guerrero la opción para estudiar es Chilpancingo, Acapulco e Iguala, y son los tres lugares donde hay más problemas de seguridad.”