Entrevista a Jesús Robles Maloof/Miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos
Por Moisés Castillo
El presidente Felipe Calderón aprovechó su V Informe de Gobierno para anunciar la creación de la Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia que, según el mandatario, ayudará a corregir la “doble victimización” de quienes sufren la violencia de los criminales y la prepotencia de las autoridades.
“Una de las mayores tragedias —dijo el primer mandatario— para quienes han sido víctimas de la violencia es lo que se conoce como doble victimización. Es decir, primero son víctimas a manos de los criminales y después a manos de autoridades que son indiferentes a su dolor, o que actúan de manera insensible, negligente o, incluso, prepotente”.
Sin embargo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad calificó de “maquillaje” el aviso presidencial y lamentó que no haya sido consultado para su funcionamiento.
El movimiento que encabeza Javier Sicilia considera que hay una doble contradicción en la propuesta, ya que por un lado seguirá la guerra contra el narcotráfico y por otro se dicesensible a las víctimas.
“Parece más algo de carácter transitorio —dijo Sicilia— que no está claro y tiene demasiado maquillaje; además de no tener presupuesto. No está anclada como una realidad concreta que va a seguir como proyecto y eso me parece una cosa grave”.
Ante estas primeras críticas, la Secretaría de Gobernación afirmó que la opinión del poeta “es muy valiosa, pero no es la única”.
“Recuerden que estamos trabajando con ellos en cuatro mesas de diálogo, les puedo decir con toda seguridad que el proyecto de decreto y el que se está consolidando, va más allá que las peticiones concretas que se nos habían hecho, porque estamos considerando la voz no solo del señor Sicilia, sino de muchos otras personas, otras organizaciones, otros expertos. La opinión del señor Sicilia es muy valiosa, pero no es la única”, dijo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Felipe Zamora.
La procuraduría a víctimas de la violencia, que deberá entrar en funciones el 1 de octubre, iniciará su labor con recursos financieros, materiales y humanos transferidos por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
Dependencias con atención a víctimas
Hay que destacar que la misma Procuraduría General de la República ya cuenta con un área similar cuyo presupuesto anual supera 86 millones de pesos. Actualmente, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad tiene entre sus objetivos fijar las políticas de atención a las víctimas por la comisión de delitos federales.
Una de las funciones de la subprocuraduría, que encabeza Juan de Dios Castro Lozano, es evaluar la problemática de las víctimas sobre su atención médica, psicológica, tutelar y preventiva y canalizarlas a otras dependencias u organismos públicos o privados “que le permitan resarcir el daño que se causó”.
De dicha subprocuraduría depende la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.
Durante 2010, que es hasta el momento el año más violento del sexenio al registrarse 15 mil 273 ejecutados y mil 172 plagios, la subprocuraduría atendió a 3 mil 274 nuevas víctimas.
Para Jesús Robles Maloof, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la procuraduría a víctimas de la violencia es más que “maquillaje”, ya que la implementación de una estrategia de combate al crimen organizado de carácter punitivo tiene como una de sus consecuencias previsibles el aumento de los delitos y con ello el aumento de las víctimas.
“Continuar con la estrategia —dice Maloof— es perseverar en el camino que genera mayores costos sociales. Crear una procuraduría que atienda a las víctimas de esta estrategia es administrar el dolor. Por terrible que suene eso es lo que sucederá”.
No hay justicia
¿Fue un anuncio precipitado de Felipe Calderón?
La creación de instituciones de justicia tan importantes para las víctimas no debe obedecer a la necesidad de dar un anuncio espectacular en un informe de gobierno. Esto es lo que parece el anuncio de la creación de la procuraduría social a víctimas, ya que no se convocó a un diseño participativo en un momento en donde el diálogo está abierto con diversos movimientos de la sociedad civil que tienen propuestas cuya legitimidad radica en que parte de las mismas víctimas. En este contexto no se entiende el súbito anuncio.
¿La procuraduría evitará esta doble “victimización” y cerrar las heridas de familiares y sobrevivientes de la violencia?
El problema de la doble victimización radica esencialmente en que a las víctimas no se les hace justicia. Mientras los niveles de impunidad para los delitos de más alto impacto como homicidios, desaparición forzada, secuestro, se encuentren por encima del 90 por ciento, por más que las víctimas reciban una atención y seguimiento, las heridas abiertas de los familiares no cerrarán. Ahí es donde la revictimización opera.
¿Se tendría que reformar primero instituciones de procuración de justicia como la PGR y policiacas para que realmente pueda funcionar esta procuraduría? ¿Qué se requiere para que esta instancia funcione a favor de las víctimas?
Este gobierno le apostó mucho más a la Secretaría de Seguridad Pública que a la procuración de justicia, incrementó el presupuesto de la primera y puso el énfasis en poner más policías y militares en las calles. Pero a quienes detenían en la comisión de delitos o por su presunta participación en el crimen organizado no se les ha podido fincar responsabilidades eficazmente, porque se descuidó la tarea más importante: la eficacia investigadora. El cambio en tres ocasiones del titular de la PGR y sostener a Genaro García Luna al frente de Seguridad Pública lo demuestra. No hay que olvidar también que el ejército ha creado un área de víctimas. Todas estas instancias ya tienen un área de víctimas. Crear un área más sin que tenga verdaderamente atribuciones adicionales es simplemente crear más burocracia.
¿Una comisión de la verdad atendería realmente a las víctimas y familiares de esta violencia?
Las propuestas que se han hecho de la comisión de la verdad parten del reconocimiento de que la violencia que hemos vivido es excepcional y merece un esfuerzo de documentación precisa entre sociedad civil y gobierno para dar cuenta de las víctimas, sus casos, sus historias, los responsables, y en qué contexto se dieron los hechos. Tiene un sentido más profundo que la mera atención y seguimiento a casos. Evaluaría lo sucedido en su adecuado contexto histórico, e iría a fondo en la resolución de los casos de las víctimas. Tiene la ventaja que plantea la participación del poder legislativo.
Documentar a fondo
¿Que plan puede ser digno para estas personas víctimas de la violencia?
Quizá estamos en un momento inicial en donde apenas se asoma la verdadera magnitud de la tragedia humanitaria que hemos vivido. El primer paso es documentar a fondo las historias de las víctimas y de sus familiares. Muchas voces ahora permanecen calladas, se necesita una labor monumental de documentar cada caso de esas 50 mil muertes asociadas a la violencia para hacer justicia a las miles de víctimas cuyos casos aún no conocemos: esa bandeja fría en la que colocamos a las personas como números. Es necesario conocer esas historias para que los familiares puedan seguir adelante de una manera más digna. Primero se requiere ese trabajo de documentación para pensar después en la construcción de un monumento visible el cual, sin duda, es necesario.
“No son cifras, tienen nombre” del Contingente Mx, ¿va en este sentido?
Desde el Colectivo Contingente Mx hemos querido aportar a esta tarea de dar nombre a las vidas que perdemos, haciendo un recuento cotidiano de los nombres y circunstancias en las que murieron personas. Verónica Orendain, una compañera de Tamaulipas, recopila diariamente la información disponible sobre las personas que mueren en hechos asociados a la violencia relacionada con el crimen organizado y la actuación de las fuerzas del orden y las sube a la cuenta de twitter @TienenNombre. Adicionalmente, se guardan en una base de datos como futuro aporte a esta tarea de reconstrucción de la memoria de las víctimas. Mensualmente en Monterrey y en el Distrito Federal, realizamos un acto mensual de memoria denominado Tienen Nombre, No son Cifras. Y tratamos de congregar nuevas historias no contadas.
¿La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado a la altura en atención a las víctimas?
Siendo la institución de su tipo más cara del mundo (la que más presupuesto tiene) no ha estado al nivel de las circunstancias. No ha sido capaz siquiera de documentar los nombres de la víctimas de la violencia, menos aún de ofrecer apoyo y acompañamiento a sus casos.
¿Qué es lo que más indigna de esta estrategia del gobierno federal y que ha tenido consecuencias de 50 mil muertos?
Indigna el cinismo. Primero: si no consideraron los efectos humanos de su estrategia, lanzarse de esa manera fue inmoral. Segundo: si los consideraron y aun así perseveran es que la pérdida de vidas humanas está por debajo de su cálculo político.