La razón: la nueva sede de Paseo de la Reforma
Los senadores se creerán siempre
más distinguidos que los diputados
y tendrán aspiraciones aristocráticas.
Joaquín García Granados
Por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La decisión mayoritaria de los senadores electos para el periodo 2006–2012 de construirse una sede digna a su investidura desató una ríspida discusión con algunos diputados de la Junta de Coordinación Política de la LX legislatura.
Entre los argumentos en contra del proyecto presentado por los integrantes del Senado, se les recordó sus evasivas y renuencia a ocupar el edificio y el recinto construidos ex profeso para albergarlos en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La cerrazón a compartir el espacio con los representantes del pueblo se transfiguró en encendidos discursos a integrar la construcción de su nueva sede a los eventos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
No hubo proceso presupuestal de esa legislatura en el que el tema de la nueva sede generara encendidos debates en torno a la pertinencia de atender o no los excesivos recursos solicitados para edificar su sede en el terreno que por décadas ocupó el edificio El Roble, cuya sala de cine anualmente albergó la muestra internacional de cine hasta que el sismo de 1985 afectó severamente su estructura.
La urgencia de contar con recursos llevó a los senadores a deslindar propiedades entre esa cámara y la de diputados. Fue así que el 26 de abril de 2007 se aprobó en San Lázaro el dictamen a efecto de designar a cada cámara las propiedades que le correspondiese.
En función a dicha determinación administrativa, el edificio E y su recinto fueron cedidos a la Cámara de Diputados, la cual en contraprestación cedió al Senado de la República el terreno que ocupó la fábrica de armas, colindante a la Ciudadela, cedida por el gobierno de Adolfo López Mateos al Poder Legislativo para edificar un Palacio Legislativo que “integrara a sendas Cámaras en instalaciones modernas y mucho más eficientes que los Recintos de Donceles y Xicoténcatl”.
Como diputado federal por el distrito electoral en donde se ubica el mercado de la Ciudadela, durante el debate ante el pleno me manifesté por sujetar dicha determinación administrativa al reconocimiento del uso que por décadas asumió el espacio, e insistí en la obligatoriedad del Senado de informar a los locatarios el alcance jurídico del dictamen, y exhorté a reconocer el derecho de tanto a los ocupantes del popular centro artesanal.
Algunos senadores consideraron atendible la situación y varios de ellos visitaron a los locatarios de la Ciudadela para generar esos mecanismos de confianza.
Por ello resultó ingratamente sorprendente al actitud asumida por el coordinador del PRD en dicha cámara, Carlos Navarrete, quien abiertamente cabildeó a favor de un grupo empresarial interesado en adquirir el terreno de la Ciudadela, sin advertir a los locatarios y con plena conciencia de que la venta de ese espacio generará un grave impacto social para el Gobierno del Distrito Federal, al que por cierto pretende gobernar.
Ni duda cabe de que al desacierto senatorial de negarse a ocupar su espacio en San Lázaro, se han sumado el despropósito de la costosa y mal hecha sede del Paseo de la Reforma y la insensatez de generarle un descomunal conflicto social al Gobierno del Distrito Federal.
Desde este espacio alertamos al senador Navarrete de que con hechos —como los consignados por El Universal en sus ediciones del 9 y 10 de agosto—, sus aspiraciones a suceder a Marcelo Ebrard se pueden venir abajo ante la sospecha de que de esa operación salgan recursos para su precampaña y campaña.
Ante estos hechos, los argumentos esgrimidos por el diputado Joaquín García Granados —en aquella tormentosa sesión del 10 de septiembre de 1856, cuando el Constituyente aprobó la desaparición del Senado— adquieren una contundente vigencia pues hoy, como hace 155 años, se acreditan desprecio senatorial hacia los diputados y aspiraciones aristocráticas de algunos de los padres conscriptos de la república.