Raúl Jiménez Vázquez
El partido en el poder emergió como una fuerza opositora a la trascendental obra política y social realizada por el gobierno cardenista a fin de concretar el programa histórico de la Revolución Mexicana; la gesta o epopeya mayor fue indudablemente la expulsión de las compañías extranjeras y la cimentación de una portentosa industria petrolera nacionalizada en la que se fincaría el desarrollo del país.
Tales raíces ideológicas —que indiscutiblemente encuadran dentro de lo que el maestro Alfonso Noriega Cantú certeramente denominó “la corriente del conservadurismo mexicano”— son las que explican el porqué de los férreos ataques que el régimen calderonista ha dirigido en contra de los principios constitucionales que reservan para la nación la propiedad, el dominio directo y el usufructo o explotación integral de todos los carburos de hidrógeno yacentes en el subsuelo nacional.
Ello también pone de relieve la circunstancia de que desde el gobierno de Vicente Fox —con la suscripción del ASPAN, o Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el llamado “TLCAN militarizado”—, y más abiertamente con Felipe Calderón, no se ha tenido empacho alguno en poner el petróleo mexicano al servicio de Estados Unidos y de la prioridad geopolítica de la expansión de su perímetro de seguridad nacional.
Gracias a esa actitud genuflexa y al hecho de que el 80% del crudo mexicano se exporta al vecino país del norte, la inestabilidad que impera en Medio Oriente y la consecuente volatilidad de los precios no son un motivo de preocupación para Washington; ellos tienen garantizado el abasto del energético a un costo considerablemente menor al prevaleciente en los mercados europeos.
La convergencia entre la visión derechista, la voluntad de burlar los dictados de la Carta Magna y el plegamiento absoluto a las directrices de la Casa Blanca trajo como resultado el quiebre del nacionalismo petrolero. La punta de lanza de esta catástrofe fueron los contratos integrales para los campos maduros de Pemex.
El asunto no puede ser más obvio: los inversionistas suplantarán o sustituirán al Estado en el desarrollo de la fase de producción primaria del área estratégica de los hidrocarburos; se les pagará una tarifa por cada barril extraído vinculada al precio del crudo, esto es, se les hará partícipes de la renta petrolera que sólo le corresponde a la nación; se les garantizará la recuperación de entre un 70% y un 80% de los costos, evidenciándose que se trata de contratos de riesgo claramente proscritos a raíz de la reforma de 1960 al artículo 27 constitucional; se les blindará contra futuras cargas tributarias y se les otorgarán incentivos adicionales por diversos conceptos.
A los ataques directos a la normatividad constitucional —que los ministros del máximo tribunal se negaron a examinar y revertir pretextando argumentos propios de abogados tramposos o chicaneros—, han de añadirse los datos duros que testimonian que los contratos integrales envuelven un gigantesco fraude, a saber:
a) En Brasil se están otorgando contratos de esta índole en aquellos casos en los que la certeza de encontrar petróleo es remota, de manera que el inversionista efectivamente asume el riesgo inherente al hallazgo; lo mismo sucede en Noruega.
b) En México ocurre exactamente lo opuesto: los campos maduros datan de hace 40 años, es decir, está plenamente demostrada la existencia de los yacimientos y por tanto el empresario no correrá absolutamente ningún riesgo significativo.
c) Luego entonces, Pemex puede perfectamente hacerse cargo de esos campos y mediante la realización de trabajos de perforación a otras profundidades, técnica que incuestionablemente dominan los experimentados ingenieros que prestan sus servicios a la paraestatal, la producción podría elevarse de 14 mil a 60 mil barriles por día a lo largo de un período no menor de 5 años, reteniéndose así la renta petrolera.
La falta de voluntad para honrar los titánicos esfuerzos que llevó a cabo el pueblo mexicano en aras de la nacionalización petrolera contrasta severamente con la orden dada por los directivos de la entidad, en el sentido de que —sin contar con recursos económicos y contrayendo una deuda de más de mil millones de dólares no prevista en el presupuesto de egresos de la federación— se procediese a la compra de un paquete de acciones de la empresa española Repsol por un monto aproximado de 20 mil millones de pesos; lo que presuntamente habrá de mejorar la posición corporativa de Pemex y le permitirá hacer palanca para catapultar al consorcio ibérico rumbo a las grandes ligas, en pos de los grandes escenarios de la petrolería internacional.
La operación accionaria se complementó con la firma de un acuerdo societario por el que la paraestatal y otro accionista —el grupo ibérico Sacyr— se obligaron a coordinar sus votos dentro de los órganos de gobierno de Repsol.
Además de ser intrínsecamente opaco por los cuatro costados, este movimiento económico y corporativo resulta a todas luces ilógico y profundamente contradictorio en virtud de que, por un lado, la supuesta quiebra técnica y la falta de presupuesto son los argumentos nucleares con los que se está queriendo justificar la reversión de la nacionalización petrolera —vía la adjudicación de los contratos integrales—; mientras que, por el otro, es evidente que los denodados esfuerzos que serán puestos a la disposición de Repsol bien podrían ser desplegados en pro del saneamiento financiero, el fortalecimiento operativo y la internacionalización de Pemex.
A ese dantesco cuadro se suma la deuda adosada al otrora “charro petrolero”; en los últimos once años se ha incrementado en un 264%; en lo que va de la administración de Calderón el aumento ha sido del 28%, sin considerar el pasivo contraído con motivo de la compra de las acciones de Repsol.
Parafraseando a Shakespeare, “algo huele a podrido en México”. ¿Acaso el estado de shock inducido a través de la inefable guerra antinarco ha aparejado un nivel tal de estupefacción y degradación ética y política que nadie, absolutamente nadie, puede impedir que se consume ese monumental atraco a la nación? ¿Sus autores intelectuales y materiales quedarán exentos de toda responsabilidad política, penal o administrativa?