Por una extorsión
Por Raúl Rodríguez Cortés
El Código Penal Federal incluye el terrorismo entre los delitos contra la seguridad de la nación. Su artículo 139 precisa que lo cometen quienes “utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, explosión o arma de fuego, o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento, realice actos contra las personas, las cosas o los servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
Lo ocurrido el jueves 25 de agosto pasado en un casino de Monterrey fue, en efecto, un incendio provocado deliberadamente, que mató a 52 personas e infundió terror entre la población. Cabe preguntar, sin embargo: ¿atentó contra la seguridad nacional? o ¿fue realizado para presionar a la autoridad?
No hay evidencia de que —como advierte el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional para considerar que se trate de una amenaza a ésta— el incendio haya sido sabotaje, traición a la patria, genocidio, interferencia extranjera, impedimento para actuar contra la delincuencia organizada, quebranto del pacto federal, tráfico de materiales nucleares, armas químicas o convencionales, o bloqueo de actividades de inteligencia o contrainteligencia ni destrucción de infraestructura estratégica. Tampoco hay reivindicación o exigencia que pruebe que se trató de presionar a las autoridades para la toma de determinada decisión.
No faltarán quienes aseguren desde ya que el incendio del casino Royale fue para amedrentar al gobierno o para presionarlo a que cese su lucha contra el narcotráfico, aunque, por supuesto, eso tendrá que ser probado jurídicamente.
Por lo pronto todo apunta hacia una venganza de mafiosos. Las cinco personas detenidas y presentadas como presuntas responsables del atentado ya declararon que había una extorsión de por medio.
De manera que el ataque iba dirigido a personas con nombre y apellido pero, en su inescrupulosa realización, cobró vidas inocentes e infundió miedo que después atizó el gobierno de Felipe Calderón al declarar oficialmente la instauración del terror (¿acaso como medio de control social?) o del terrorismo (¿quizá para abrir más la puerta de la intervención de Estados Unidos al amparo del derecho que se otorgó después del atentado de las Torres Gemelas?).
El casino Royal es de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta constituida el 17 de marzo de 1992 con el permiso 4117 (condicionado a la operación de un hipódromo, lo que nunca se hizo) conseguido por el ex regente Ramón Aguirre para sus hijos. De manera que para la Secretaría de Gobernación, el accionista mayoritario de esa empresa es Rodrigo Aguirre Vizuet (http://bit.ly/qUO1PV)
De 1973 a 2000, bajo gobiernos del PRI, se habían entregado 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas aunque sólo operaban 122. Pero con los gobiernos del PAN aumentó el otorgamiento de permisos, de manera que actualmente hay 26 concesionarios autorizados que han instalado en el país 550 casas de apuestas.
La pretensión de reformar la Ley de Juegos y Sorteos para autorizar la operación de casinos fue promovida por el gobierno de Vicente Fox. Como no prosperó en el Congreso, sólo se expidió un nuevo reglamento el 17 de septiembre de 2004 que abrió posibilidades a otro tipo de juegos con apuestas no autorizados antes.
En ese contexto, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, otorgó primero siete permisos para el establecimiento de 198 centros de apuestas y un día antes de dejar la secretaría para buscar la candidatura presidencial del PAN entregó otras cinco concesiones para la operación de otros 193 establecimientos.
En medio de ese boom proliferaron los casinos ilegales amparados por las autoridades (185 según un estudio ordenado por uno de los concesionarios) y presumiblemente la expedición de permisos falsos como los denunciados en este espacio en anteriores entregas.
Y en ese contexto, según se sabe, Aguirre Vizuet vendió sus permisos a Julio Ordóñez (Orvan S.A. de C.V.) y al coahuilense Ramón Madero Dávila. El primero se involucró en un fraude a Telcel y el segundo peleó la propiedad de Atracciones y Emociones Vallarta para participar en la capitalización de la aerolínea Aviacsa.
En medio de ese litigio, el permiso quedó en manos de su actual operador, Raúl Rocha Cantú, hombre vinculado a Oscar Paredes Arroyo, un abogado promotor de amparos para casinos emproblemados y, presumiblemente, relacionado con la falsificación de permisos por sus vínculos con el ex director de Juegos y Sorteos Roberto Correa Mena quien operó bajo las órdenes del hoy millonario Abraham González Uyeda, íntimo del ex gobernador de Jalisco, destapador de Felipe Calderón y actual diputado federal Francisco Ramírez Acuña.
Por eso la pregunta: ¿fue terrorismo?
rrodriguezbalcon@hotmail.com