Paramilitares…

Por Humberto Musacchio

Doña Alejandra Sota, vocera de Los Pinos, es una ingenua, está mal informada o considera tontos a los ciudadanos. Hace unos días declaró que en México no hay grupos paramilitares, sino “delincuentes —dijo— que pertenecen o quieren apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal”.

Si la señora Sota quisiera, bastaría con pedir a sus subordinados que le prepararan un expediente sobre los Zetas, grupo del que repetidamente se ha dicho que está integrado principalmente por ex militares. La Presidencia de la República, suponemos, tiene la autoridad y los medios para confirmar si esas informaciones son o no veraces.

Mientras no exista información oficial verosímil, tendremos que atenernos a las versiones que circulan por todo el país y que indican la existencia de grupos que ejecutan con la misma facilidad a criminales e inocentes, como ocurrió en el puerto de Veracruz, donde las autoridades se congratularon por la muerte de 35 personas, a las que algún funcionario tachó sin más de criminales, sin detenerse a investigar o a informarse mínimamente.

Entre los cadáveres estaban los de chamacos de 14, 15 y 16 años, entre ellos el de Alan Michel Jiménez Velázquez, quien fue levantado por la patrulla 717 del puerto sin orden judicial ni delito flagrante de por medio, para que luego la policía negara tenerlo en su poder.  El resto de los asesinados son en su mayoría muchachos de veintitantos años. Si eran delincuentes, se les negó un juicio legal; si eran inocentes fueron asesinados. Así de simple.

Conforme pasan los días se confirma que avanza una estrategia dictada por la gran potencia, empeñada en que México sea sometido a un proceso de desgaste como el de Colombia, donde el pretexto primero fue combatir a la guerrilla y luego a los narcotraficantes. Para evitarse el engorro de los procesos legales, el Estado colombiano, con guía y financiamiento estadounidense, reclutó, entrenó, armó y pagó a los grupos paramilitares que se encargarían de eliminar a simples sospechosos y que en ese proceso acabarían por trabajar a favor de sí mismos mediante secuestros, robos, violaciones, torturas e incluso mediante la toma de poblaciones enteras en las zonas que los mismos paramilitares “liberaban”.

Hoy, la desmovilización de los paramilitares colombianos se ha convertido en un lento y costoso proceso, sin que se haya vencido a la guerrilla y con el narcotráfico en aumento, al ritmo que le marca la demanda de los países ricos. Felipe Calderón nos ha metido en el mismo callejón sin salida.