Juan Barrera Barrera
Centroamérica se ha caracterizado por ser una región que arrastra décadas interminables de explotación, de militarismos que la tienen postrada en la miseria. Es la herencia que les tocó recibir a los gobiernos surgidos de procesos democráticos.
Sin embargo, el regreso a la democracia no ha sido suficiente para revertir el fenómeno de la pobreza de los pueblos centroamericanos que cuentan con un gran déficit en salud, educación, alimentación y empleo, por mencionar sólo algunos.
Los gobiernos de la región ahora enfrentan otras amenazas iguales o peores de lacerantes y que ponen en riesgo no sólo la estabilidad regional, a las débiles democracias, sino también a los propios Estados centroamericanos: la violencia contra la mujer y la trata de personas, crisis de seguridad, narcotráfico, y además cargan con un sistema de justicia muy cuestionable.
Durante el XI Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos, realizada en Antigua, Guatemala, en agosto, esta estrujante realidad estuvo en la mesa de análisis del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en donde las participantes coincidieron en que la violencia contra la mujer se está convirtiendo en un asunto de seguridad ciudadana.
Nadine Gasman, Directora ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres para Latinoamérica y el Caribe (Campaña del Secretario General de la ONU), confirmó que la violencia ha aumentado considerablemente contra las mujeres, teniendo al feminicidio como punta del iceberg, ya que dos de cada tres mujeres asesinadas en Centroamérica mueren por razones de género.
Las modalidades son más crueles, expuso Gasman, y van del secuestro a la violación, ha aumentado el número de menores de edad como víctimas, y se ha registrado un ensañamiento con los cuerpos. Ha sido tal la violencia contra las mujeres que hay un reconocimiento progresivo en la consideración de un asunto de seguridad ciudadana.
En 2010 fueron asesinadas 675 mujeres en Guatemala, 580 en El Salvador, 350 en Honduras, 176 en República Dominicana, 51 en Panamá, 37 en Costa Rica y 29 en Nicaragua. En Guatemala, por ejemplo, del 2001 al 2010 han muerto violentamente 5,286 mujeres, en promedio 528 por año. En 83% de los casos registrados, los agresores mantenían una relación de esposos, ex convivientes o ex conyugues.
En cuanto a acceso a la justicia, para la diplomática los logros han sido importantes en cuanto a legislación, pero son muy parciales y heterogéneos en cuanto al deber de los Estados ante la violencia contra la mujer tanto en la omisión como en la inacción en la respuesta.
El fracaso de la justicia penal en la región es un asunto de suma preocupación, ya que la mayor parte de los casos de la violencia contra la mujer demandados no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de justicia, a lo que se suma los elevados índices de impunidad en los casos de feminicidios. El sector más vulnerable para el acceso de la justicia son las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Ana Güezmes, Directora Regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana aportó datos sobre un tema por demás escandaloso para la sociedad mundial, la trata de personas, que es una forma de esclavitud moderna que afecta mayoritariamente a las mujeres.
Al citar el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para América Central 2009-20101, mencionó que la violencia contra la mujer es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en Centroamérica. La mitad de las mujeres centroamericanas ha sido objeto de violencia durante su vida adulta y ha aumentado en forma alarmante en la zona geográfica llamada “triángulo del Norte” que comprende Guatemala, El Salvador y Honduras.
Naciones Unidas estima que el valor del mercado de la trata de personas asciende a 32 mil millones de dólares y más de 2.4 millones de personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral.
Según la funcionaria de la ONU cerca de un 80% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas. En este marco, ONU Mujeres y las Naciones Unidas se han unido al Sistema de Integración Centroamericano (SICA) en la voluntad de erradicar la trata de personas, por ser una problemática que traspasa las fronteras y que afecta a todos los países de la región.
Peggy Cabral de Peña Gómez, Vicepresidenta y Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano, al hablar en el foro regional del PARLACEN, disertó sobre la cuarta causa de muerte en Centroamérica: la violencia doméstica.
“La violencia comienza en la infancia y dentro del seno familiar. Más del 80% de las violaciones, son practicadas por miembros de la familia de las víctimas, adultos en los que ella confía, pasan a ser sus agresores, abuelos, tíos, hermanos. La niña sufre la agresión en silencio, avergonzada y con sentimientos de culpa. Cuando la violencia comienza no se detiene, es un río desbordado que termina destruyendo todo lo que está a su paso”, advirtió.
En referencia a su país, República Dominicana, dijo que la violencia es un flagelo y que tan sólo en los primeros siete meses del presente año ha contado con la dolorosa pérdida de 94 mujeres, víctimas de sus parejas o ex maridos, con el agravante para los hijos que en la mayoría de los casos, la violencia también interrumpe la vida de ellos.
Con base en estudios del Centro Reina Sofía, del Centro de Derechos de la Mujer y de Amnistía Internacional, igualmente coincidió con sus colegas en que Centroamérica es la región con más alto índice de violencia, especialmente en el denominado “triangulo Norte”.
Guatemala es el país con la tasa más alta de prevalencia de feminicidios en el mundo, con 122.80 por cada millón de habitantes. El Salvador ocupa el tercer lugar en el planeta, con una prevalencia de 66.38 por millón de habitantes. En Honduras, la tasa de feminicidios creció de 133 en el año 2002 hasta 286 en año 2010. Durante el año 2009, en Centroamérica se registraron unos 2,300 casos.
Sobre el tráfico de personas en la región, expuso que entre 500 mil y 2 millones de personas son traficadas anualmente en situaciones que incluyen prostitución, mano de obra forzada, esclavismo o servidumbre. asciende a 32 mil millones de dólares.
Informes del Fondo de Población de la Organización del mismo organismo, indican que 4 millones de mujeres y niñas son vendidas y compradas en algunos de estos destinos en algunos de estos destinos: prostitución, esclavitud o matrimonio forzado.
Port otro lado, en un reciente informe el Senado de EU afirma que Centroamérica afronta una peligrosa encrucijada, donde la impunidad es la ley y un mayor deterioro de la seguridad puede dañar severamente las ya débiles instituciones y sistema de justicia.
El documento intenta poner a México como paradigma del combate a la criminalidad, al aseverar que el año pasado hubo 18 homicidios por cada 100.000 personas en México pero, a manera de comparación, hubo 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en Guatemala, 66 en El Salvador y 77 en Honduras.
Más todavía, el informe se refiere Guatemala como el país con más alto nivel de impunidad, con el 98%, pero omite intencionalmente que junto con México (90%) son los dos países del área con los índices más altos de impunidad, en los casos de feminicidios, (palabra que el informe del Senado no se atreve a mencionar) Luego siguen San Salvador y Honduras con 77%. Costa Rica tiene el honroso lugar de tener 0% impunidad, de acuerdo a datos de Amnistía Internacional.