Al César lo que es del César…
Por Alfredo Ríos Camarena
La semana pasada, en la inauguración de una plaza religiosa, nos sorprendió la asistencia de personajes relevantes que conforman parte importante de los llamados poderes fácticos y también del poder constitucional. Estuvieron por ahí recorriendo las instalaciones religiosas, el presidente Felipe Calderón, el cardenal Norberto Rivera, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, acompañado de su nueva esposa, y el multimillonario Carlos Slim.
Días después, el presidente Calderón hizo declaraciones muy graves sobre las relaciones de los gobiernos priístas con el narco, abriendo una brecha insalvable, pero también, haciendo abiertamente política partidista que le impide la Constitución de la República; don Carlos Slim regresó a seguir acumulando millones y millones de pesos y dólares cada minuto, y el jefe de Gobierno, a continuar su campaña como candidato del PRD, apoyándose en una extraña estrategia de coalición con fuerzas supuestamente opositoras a su línea de pensamiento.
Pero lo más grave, han sido las cínicas declaraciones que hizo el cardenal Norberto Rivera durante la homilía del domingo 16 de octubre en la Catedral Metropolitana, quien irresponsablemente está violando la Constitución General de la República en sus artículos 17 y 130, al sostener que “cuando la autoridad se sale del marco legal, desde donde puede y debe gobernar, no hay obligación de tributarle obediencia, y si se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle la obediencia… debemos poner la obediencia a Dios por encima del respeto al César”, asegurando además que la Iglesia católica “puede y debe meterse en política”, argumentando que “el propio Jesucristo estableció la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, pero con la salvedad de que separación no quiere decir contraposición y menos mutua negación”.
Pero más grave aún, está volviendo a un pasado de dolor, de drama y de guerra, pues la Iglesia católica se ha manejado en diversos escenarios; no podemos olvidar el heroísmo patriótico de José María Morelos y Pavón, o de Miguel Hidalgo y Costilla, pero tampoco podemos olvidar a Manuel Abad y Queipo por su actitud inquisitorial, ni al intrigante Matías Monteagudo, que torció los destinos de la Independencia en aras de las prebendas que siempre ha defendido el alto clero católico.
La Guerra de Reforma no fue en contra de la libertad de conciencia, sino del abuso económico y político de una Iglesia, que desde la Conquista hasta nuestros días, como hoy se ve, aspira al poder político y económico de la nación. Tampoco podemos cerrarnos al reconocimiento y al trabajo de miles de sacerdotes que creen, fervientemente, en apoyar el desarrollo de los pobres y en el cambio hacia una sociedad mejor.
Es un mal augurio que iniciado el proceso electoral federal, el alto clero tenga la desfachatez de pedir su inclusión en la política nacional, en flagrante violación a la norma constitucional establecida en el artículo 130, y más aún, que desafíe con la desobediencia civil, vulnerando el principio del artículo 17 de la carta magna, en el que se establece que “nadie puede hacerse justicia por su propia mano”.
Convocar o hablar de la desobediencia civil, por los motivos que sean, en este momento de incertidumbre política y de inseguridad nacional es, sin duda, un acto premeditado e irresponsable, que puede tener graves consecuencias.
El mensaje del señor Jesucristo de “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” es establecer con claridad la separación de la Iglesia y el Estado, y no la interpretación del cardenal de marras, que pretende encontrar en esta frase el camino contrario, insistiendo en demeritar el entramado jurídico mexicano.
Sumamente grave y terriblemente irresponsable la declaración del cardenal; no es el tiempo de estar sembrando el odio y la división; ésta no es la función que deben tener las iglesias; nadie les niega su derecho a ejercer su ministerio en el marco constitucional, pero deben entender que las instituciones de la república son las únicas que tienen competencia para el desarrollo político y jurídico de la nación.
Preservar el régimen social de derecho es tarea común de todos los mexicanos, pues ya hemos visto lo que sucede cuando se pierde el respeto a la ley; nunca como ahora, en la etapa posrevolucionaria, se ha vivido un clima tan desesperante.
Las Iglesias tienen una función espiritual que cumplir, regulada por la ley, y respetada por los mexicanos; romper estos marcos es poner el barco a la deriva.