Obstaculiza el crecimiento económico
Por Julio A. Millán B.
Las tres metas del Ejecutivo federal para 2012 son, según el paquete económico entregado el pasado 8 de septiembre: seguridad pública, crecimiento económico y desarrollo social. Se estima que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 4.0% en 2011 y de 3.5% para 2012.
La relación existente entre los conceptos crecimiento económico y seguridad es una de las más estrechas, y ha cobrado especial importancia en el contexto en el que se da la propuesta del programa económico para 2012 por parte de la Secretaría de Hacienda. Es necesario mantenerlos juntos y operando con eficiencia.
Es cuestión de sentido común: una buena seguridad genera un clima estable y buenos negocios, éstos a su vez generarán crecimiento económico, y éste por sí solo abre fuentes de empleo, incrementa las ventas y la recaudación de impuestos.
El gobierno federal ha tomado responsabilidad en darle la correcta importancia al tema, es el rubro que más ha crecido en términos de gasto público, multiplicándose por siete durante el sexenio de Felipe Calderón. Los estados y municipios mantienen un peso sustancial en el gasto total en seguridad: alrededor del 54% de los recursos es ejercido desde los gobiernos locales. Esto implica que la responsabilidad es compartida y que las recomendaciones se extienden a las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Los costos sociales de la delincuencia y la inseguridad pueden ocasionar, cierre de empresas, caídas en la inversión y en la formación de capital, pérdida de competitividad y menor generación de empleos.
El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad estima que en 2009 la inseguridad le costó a México más de un billón de pesos, lo que representa casi el 9% del Producto Interno Bruto; según el estudio recientemente publicado (febrero, 2011) en sólo dos años, de 2007 a 2009, el costo de la inseguridad pasó de 826 mil millones a 1 billón 16 mil millones de pesos (un aumento del 23%). La estimación incluye el gasto público, el gasto del sector privado, y gastos indirectos, como pérdida de horas productivas al acudir al ministerio público a presentar una denuncia.
En perspectiva, el estudio estima también que cada delito denunciado durante 2009 tuvo un costo promedio de 565 mil 278 pesos, que equivale a una perdida per cápita de 9 mil 447 pesos.
Toda esta información nos indica que es importante reestructurar el sistema de seguridad, basándolo principalmente en la cultura de prevención y en contar con personal altamente capacitado. Esto sólo se puede lograr con inversión, programas integrales de seguridad y una infraestructura moderna.
En otras palabras, es evidente que la criminalidad se ha exacerbado en los últimos años y está influyendo negativamente sobre el mercado laboral; es un tema que debe atenderse con prontitud, no sólo para lograr que la economía tenga un crecimiento elevado, sino para que éste se mantenga en el largo plazo y resulte en un beneficio directo a toda la población.
jmillanb@grupocoraza.com