Entrevista a Luis Astorga Almanza/Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Por Antonio Cerda Ardura

Tras de que el 24 de septiembre, por medio de una videograbación, se adjudicó la ejecución de 35 supuestos miembros de los Zetas, cuyos cadáveres fueron hallados días antes en dos camiones de carga abandonados en una avenida de Boca del Río, Veracruz, la organización armada autodenominada como el cártel de Jalisco Nueva Generación o los Matazetas ha abierto un nuevo frente en la lucha que mantiene el gobierno federal contra la delincuencia organizada.

Esta banda, surgida a mediados de este año en aquel estado, y que se define como “un brazo armado del pueblo”, cuyos integrantes han sufrido también los embates de la delincuencia, promete acabar con el cártel de los Zetas en forma similar a los paramilitares colombianos que durante los años ochenta realizaron actos de terrorismo en contra del narcotraficante Pablo Escobar, solapados por empresarios y funcionarios gubernamentales de Colombia.

En entrevista con Siempre!, el sociólogo Luis Astorga Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que la proliferación de grupos paramilitares como los Matazetas solamente traerá a México más violencia, porque es un recurso que utilizan o utilizarán las distintas organizaciones del narcotráfico para contenerse entre sí.

Cárdenas, el precursor

¿En dónde podemos ubicar el surgimiento de estos grupos paramilitares, como los que ahora se denominan los Matazetas?

Hay que remontarse a finales de los años 90, cuando en el campo del tráfico de drogas había dos grandes coaliciones, la de Sinaloa y la de Tamaulipas. Esta última, liderada por Osiel Cárdenas, coopta a un grupo de ex militares de elite que se autodenominan los Zetas. Para mí, ése es el inicio del paramilitarismo vinculado con el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque anteriormente ninguna de las organizaciones de narcotraficantes había contado con un grupo de ex militares tan compacto y con el entrenamiento de elite que tuvieron los fundadores de los Zetas. Eso imprimió nuevas características a los brazos armados de las organizaciones del narcotráfico y obligó a la competencia a entrar en una lógica similar. ¿Qué características tenían antes los brazos armados de esas organizaciones? Eran simples sicarios reclutados entre gente de zonas rurales o urbanas marginales para hacer uso de armas, pero no con entrenamiento militar.

Eran simples bandas armadas.

Los narcotraficantes siempre habían tenido brazos armados, pero no con formación de carácter militar. No es lo mismo un ranchero de un poblado de la Sierra que sabe tirarle a las lagartijas, los conejos y los venados, que una persona desertada de las fuerzas castrenses, instruida con entrenamiento militar como parte de los grupos de elite de las Fuerzas Armadas. Eso modificó en forma cualitativa la lógica con la que operan los brazos armados de los cárteles. Quien introdujo esa modalidad  fue Osiel Cárdenas, con los Zetas. Esto, insisto, obligó al resto de los grupos del narcotráfico a entrar en una dinámica similar si querían competir en términos del uso de la violencia con el cártel de Tamaulipas. A la par se introdujo otro elemento que no se había presentado: la expansión de la renta criminal del narcotráfico hacia otras actividades de tipo mafioso, como el secuestro y la extorsión.

Estado fragmentado

Ya no fueron sólo drogas.

Los traficantes habían secuestrado a miembros de grupos rivales para deshacerse de ellos o interrogarlos, pero no se habían extendido hacia otras actividades. Osiel Cárdenas y su grupo lo hicieron rompiendo con las formas tradicionales de operar de los cárteles en términos históricos. Esa lógica mafioso-paramilitar implicó no sólo presencia territorial, sino control territorial. Y cuando una organización se inclina hacia ese lado empieza a competir con las atribuciones propias del Estado, como ese control territorial y el monopolio legítimo de la fuerza.

Y aún hay más: el cambio de sistema político, es decir, el salir de un sistema de partido de Estado y entrar a la alternancia del poder, a la transición democrática, implicó una reconfiguración del mapa político en México. Diversos partidos empezaron a ocupar posiciones de poder en estados y municipios y reconfiguraron la composición de los congresos locales y del Congreso de la República. En 1997, por ejemplo, el PRI perdió la mayoría por primera vez y llegamos al año 2000 con la alternancia en el Poder Ejecutivo federal. ¿Qué significó esto en términos de capacidad del Estado? Que el Estado se fragmentó. Ya no fue el poder monolítico con el control del partido de Estado que dominaba prácticamente todas las gubernaturas, las presidencias municipales, la Presidencia de la República, los congresos locales, el Congreso de la Unión. Lo que tuvimos fue un Estado fragmentado políticamente, en el que la estrategia de seguridad generada desde el gobierno central no aterriza en los niveles locales, porque se cruza con intereses políticos distintos. En ese medio, las organizaciones más importantes del tráfico de drogas logran evidentemente mayor autonomía respecto al poder político. Desde un esquema en el que en el sistema de partido de Estado los narcotraficantes, que estaban subordinados al campo político, si no querían acogerse a las reglas del juego impuestas por el Estado, tenían tres opciones: salir del negocio, ir a prisión, o morirse, pasamos al de la alternancia, donde hay una correlación de fuerzas distinta.

Fueron ganando los controles.

Colocaron a la clase política frente a tres alternativas: no hacer nada y dejar que ellos impongan sus reglas del juego; establecer relaciones de conveniencia mutua entre clase política, elite empresarial y grupos criminales, y unir todas las fuerzas políticas para poder establecer una política de seguridad de Estado y combatir a esos grupos delincuenciales.

Suponemos que esta última alternativa es la más difícil de emprender.

Exactamente. Así que en la nueva reconfiguración política, lo que tenemos es alguno de esos tres escenarios, y lo que hay que observar es cuál es el que predomina en cada región del país.

Eso hace que los esfuerzos gubernamentales no sean contundentes.

Sí, porque la clase política no ha actuado con visión de Estado, sino con una visión partidista de corto plazo. Por eso la estrategia de lucha contra el crimen que el gobierno federal trata de imponer en todo el país se encuentra con algunos de esos tres escenarios: el de partidos en posiciones de poder que no hacen nada; lugares en los que hay cierto tipo de acuerdos con los grupos criminales, y comunidades en las que de una u otra manera se está cooperando con el gobierno federal.

Ninguno de los partidos políticos que existen y que tienen presencia en el Congreso de la Unión ha propuesto ningún plan alternativo.

¿Esto implica que hoy son los grupos de mafioso,  no los políticos, los que se arraigan y se hacen fuertes?

Habría que ver cuáles son los grupos que están operando. Para el gobierno mexicano, el de Estados Unidos y un grupo de congresistas de aquel país que han estado trabajando sobre esto, hay siete organizaciones que son las más fuertes dentro de México y las que tienen mayor presencia en Estados Unidos. De esas siete hay varias en las que ha habido escisiones, pero, por otro lado, ha habido reconfiguraciones. Esto hace que la fortaleza en términos absolutos siga siendo básicamente en dos polos y que la correlación de fuerzas esté más o menos equilibrada. Es decir: ni se fortalece la capacidad del Estado por esas diferencias políticas, pero tampoco se fortalece una sola coalición o un grupo. Eso evita que la violencia disminuya.

La gente se pregunta quién está detrás de los llamados Matazetas. Según ellos, quieren imponer la seguridad en México. Se sospecha que son empresarios o el propio gobierno quienes los sustentan.

Esto nos plantea exigir a las autoridades que investiguen, porque, como usted bien dice, por ejemplo, en el caso de Monterrey, aquel famoso grupo tan rudo que organizó el alcalde de San Pedro Garza García y que después se disolvió, fue pagado por empresarios. En Monterrey hay por lo menos tres posiciones de los empresarios: unos apoyan la estrategia del gobierno federal, otros están dispuestos a organizar grupos paramilitares para contener, presuntamente, la fuerza de los grupos criminales, pero, además, haciendo alianzas con una de esas mafias, los Beltrán Leyva, por ejemplo, y otros más están de acuerdo en el planteamiento de la Comisión Global de Política de Drogas en el sentido de que la estrategia contra el narcotráfico iniciada desde la administración Nixon ha fracasado.

¿A qué nos llevan grupos como los Matazetas?

¿Cómo puede competir un grupo criminal dedicado básicamente al tráfico de drogas contra otra banda que tiene entre sus filas a sicarios con entrenamiento militar? ¡Con estrategias similares! Entonces entramos en una espiral de violencia y de lógica de competencia. La cuestión es observar que si con la alternancia en el poder hay una modificación de la correlación de fuerzas, cómo pueden los poderes locales cooperar con el gobierno central en su estrategia contra el crimen organizado. Si se actúa como Estado, puede darse una acumulación de fuerzas. Pero si se actúa con intereses partidistas particulares, entonces la situación puede ser muy distinta.

Es lo que nos ha fallado.

La cuestión es ver también si los grupos paramilitares son exclusivamente los grupos armados de las organizaciones criminales, o si hay protección e, incluso, financiamiento de grupos políticos y económicos. Si pensamos en esa estrategia de financiamiento, protección y de cierta cobertura política, lo que estaríamos viendo es que paralelamente a las actividades o a la política del gobierno central, hay ciertos grupos que se están moviendo por otra vía, que es muy peligrosa, y que únicamente abre las puertas a los abusos de poder, la violación de los derechos humanos, las detenciones ilegales, las desapariciones, etcétera, que pueden convertirse en algo cotidiano. Eso no puede suceder en un país en el que se quiere construir una democracia.

Base social

¿Los anuncios de los miembros de estos grupos de que respetan los poderes establecidos y de que han sido víctimas de la delincuencia no indican que atrás de ellos hay empresarios?

Es difícil saberlo si no hay una investigación a fondo. Podemos suponerlo como hipótesis, pero no podemos darlo como un hecho. Lo que sí se puede mostrar fácilmente es una intención de lograr el apoyo de cierta parte de la sociedad. Cualquier grupo criminal necesita, además de protección de policías y de políticos, cierta base social. Para ello se tiene que presentar como una especie de vengador. Ante el desespero de gran parte de la sociedad civil por la falta de resultados visibles en la estrategia del gobierno, es posible que algunos sectores se inclinen a apoyarlos. En lo que no se detienen a pensar es en los efectos a muy corto y mediano plazo: esos grupos que se presentan como defensores frente a los criminales, están actuando fuera de la ley y con estrategias similares que se pueden revertir muy pronto contra la sociedad e incluso contra quienes los apoyaron. El asesinato no es una medida de justicia ni un remedio, sino, justamente, entrar en una espiral de violencia mucho más aguda.