Atropello a la dignidad de la persona
Por Raúl Jiménez Vázquez
La entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha significado un verdadero parteaguas; su punto álgido de concreción se expresa en el enunciado que proclama que todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano, favoreciendo siempre a las personas con la protección más amplia posible.
Con dicha reforma, ni más ni menos, se introyectó en la pirámide normativa nacional y en el aparato gubernamental un nuevo paradigma, un distinto modelo mental, una diversa y renovada manera de concebir e interpretar al ser humano, al derecho y al Estado.
Tal como se puntualiza en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el paradigma al que nos estamos refiriendo tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la raza humana, cuyo desconocimiento y menosprecio han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
Ello permite apreciar el porqué el articulado de la Declaración Universal arranca con un postulado categórico e irrebatible: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Los derechos humanos nos pertenecen a todos por el sólo hecho de ser seres humanos y por tanto devienen anteriores y superiores a los Estados y a los sistemas jurídicos nacionales. De acuerdo con la emblemática Declaración y Programa de Acción de Viena del 25 de junio de 1993, se trata de prerrogativas jurídicas universales, indivisibles, interdependientes y relacionadas entre sí.
En la práctica internacional se habla de las distintas generaciones de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos dieron pie a la primera generación; la segunda está conformada por los derechos económicos, sociales y culturales; la tercera alude a los derechos de solidaridad. Los derechos de segunda y tercera generación son tutelados, esencialmente, por el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, así como por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Todos, absolutamente todos, son fundamentales para la preservación de la libertad, la justicia y la paz; su efectiva observancia es una condición de carácter insoslayable para que
—como previene la Declaración Universal— las personas no se vean compelidas a hacer uso del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
Por supuesto, el Ejecutivo federal no es inmune al imperativo constitucional de la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Empero, en Los Pinos aún no existe conciencia plena acerca de la existencia y coercitividad de ese deber jurídico fundamental, lo que se pone de manifiesto con la propuesta del presupuesto de egresos de la federación para el año 2012.
Diversas voces se han alzado enérgicamente en el interior de la Cámara de Diputados advirtiendo que el proyecto en cuestión distorsiona las necesidades económicas de México, es recesivo, no genera crecimiento, aumenta la pobreza y alienta los programas asistenciales con la intención de fomentar la clientela electoral.
En palabras más específicas se ha señalado que se le quitan más de 30 mil millones de pesos al campo, se regatea el dinero al sector educativo, se suprimen todos los fondos compensatorios para las entidades federativas, se disminuyen a su mínima expresión los fondos metropolitanos y se eliminan o bien se recortan los recursos destinados a más de 70 programas de beneficio social.
Dicho escenario ha llevado a numerosas organizaciones campesinas a manifestar su descontento, asegurando que se está en presencia de una provocación con tintes de inequívoca invitación a la violencia.
Así pues, la iniciativa de Calderón es claramente violatoria, entre otros, de los derechos humanos a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el salario justo, el desarrollo.
Los actuales miembros del Congreso de la Unión votaron a favor de que los derechos humanos fueran reconocidos en la cúspide, en el puntal, en la cima misma del orden jurídico mexicano. Asimismo en agosto de este año aprobaron sendas adiciones a los artículos 4º y 27 de la Carta Magna a fin de consagrar el derecho a la alimentación y establecer que el desarrollo rural integral y sustentable tendrá como objetivo que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.
Por elemental congruencia ética y política, la Cámara de Diputados no puede permitir semejante atropello a la dignidad humana, semejante desacato a la flamante reforma constitucional, semejante violación a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país.