Espíritu reduccionista de derechos y libertades
Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos
contra un ciudadano, sin las formalidades de la Ley.
Constitución de Apatzingán/artículo 28
Por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Desde el 2007 hemos insistido en que la supuesta militarización de la república es más un distractor que un objetivo en Felipe Calderón.
La verdadera intención del inquilino de Los Pinos ha sido —y sigue siendo— generar un Estado policial que le permita ejercer su tiranía a través de un exacerbado control social, pretextando para ello la guerra que declaró en diciembre de 2006 en contra de la delincuencia organizada.
La convergencia de intereses del michoacano y de Estados Unidos ha propiciado la instauración de un protectorado policiaco penal en México, pieza fundamental en la estrategia yanqui de integración subordinada, toda vez que facilita la construcción desde cero de un aparato civil que ejerza el monopolio de la violencia dentro de parámetros homologados a los de las policías, jueces y prisiones estadunidenses.
Es evidente que esta faceta de integración reduce las tensiones con unas fuerzas armadas, a las que un día sí y otro también, los estadunidenses califican de obsoletas e ineficientes —según lo acreditan las filtraciones de WikiLeaks— y en cuyos integrantes encuentra una firme trinchera ideológica de defensa nacional.
Es por ello que a nadie debe sorprender el exagerado interés manifestado por los estadunidenses en torno a las reformas de seguridad y judicial, pues éstas forman parte sustantiva en su agenda de homologación de sistemas judiciales entre los países miembros del ASPAN, entre los cuales México es de alta prioridad.
La expedición de un nuevo Código Procesal Penal —enviada por el Ejecutivo al Congreso mexicano el pasado 22 de septiembre— se ubica en ese mismo contexto, y por ello delata el espíritu reduccionista de derechos y libertades sociales y civiles.
La abismal diferencia entre Estados Unidos y México se ubica en la existencia de una guerra no convencional que se libra en territorio mexicano.
En tanto que la población estadunidense enfrenta severos problemas económicos, los mexicanos nos enfrentamos a la violencia criminal y a la ambición tiránica de un Ejecutivo al cual no le tiembla la mano para proponer mecanismos procesales y penales que hieren de muerte el principio de la presunción de inocencia.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo desconoce de facto la sustantiva transformación del pacto social, que reconoce a los derechos humanos del pueblo mexicano como su columna vertebral, y en su desplante tiránico el mandatario excluye este avance pretextando la inseguridad y su cauda de violencia.
Con esta acción, Calderón se juega una última carta, para tratar de imponer su tiranía y la arbitrariedad sobre las que con tanta claridad nos alertaron los Constituyentes de Apatzingán un 22 de octubre de 1814.
Esperemos que los legisladores de este siglo, imbuidos por el espíritu fundacional de la república, restituyan la autonomía al ministerio público, lo fortalezcan y con ello reorienten la iniciativa presidencial.