Entrevista a Rosario Green Macías/Senadora del PRI

Antonio Cerda Ardura

La insistencia de funcionarios estadounidenses sobre la supuesta presencia de terroristas en México para atacar a su país es muy preocupante, asegura la senadora del PRI, Rosario Green Macías, ya que sólo anuncia una relación con mayor agresividad.

Indicó que esos calificativos engañosos y tramposos, “que no merecemos”, ponen a México en un riesgo elevado, puesto que la Unión Americana suele tomar acciones represivas en lo que considera su defensa, mientras que el gobierno de Felipe Calderón permanece pasivo aun cuando la soberanía nacional ha sido violada por operaciones unilaterales como “Rápido y Furioso”.

Rosario Green, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y ex secretaria de Relaciones Exteriores, así como ex subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU, habla en exclusiva para Siempre! sobre el giro que ha tenido la relación México-Estados Unidos y sostiene que los mexicanos deseamos un gobierno más engallado que defienda sus derechos internacionales.

Relación “narcotizada”

La relación México-Estados Unidos parece haber tenido una involución en los últimos años y está particularmente más orientada hacia los requerimientos de seguridad de esa nación. ¿Hacia dónde nos está llevando ese ingrediente?

Desde hace una década cambiaron las formas del narcotráfico en México, ya que pasó de ser una actividad concentrada sólo en las drogas a incluir una enorme cantidad de delitos del crimen transnacional. México también dejó de ser un simple productor de mariguana y heroína y la ruta de la cocaína que viene del sur, lo que le ha traído complicaciones.

Cuando los cárteles colombianos y de otras partes de Sudamérica dejaron de pagar en dólares y comenzaron a hacerlo en especie, esto significó un desastre para México porque quienes antes se disputaban el control de los sembradíos de mariguana y amapola y de las pistas clandestinas de aterrizaje a las que llegaba y desde donde partía la droga colombiana hacia Estados Unidos, empezaron entonces a pelear por el territorio nacional para colocar los estupefacientes en el mercado local. Así, México pasó a ser un consumidor no sólo de mariguana o, en menor cantidad, de heroína, sino igual de cocaína y sus derivados. De la misma manera, todos los precursores químicos que multiplicaron y abarataron las drogas hicieron que en México se desarrollara un terrible proceso de mercadotecnia para convertir esos productos en efectivo.

Fue un giro de 180 grados.

Todo esto generó una nueva relación entre las mafias mexicanas, colombianas y estadounidenses. Es decir, complicó más la ya tradicionalmente difícil relación México-Estados Unidos y también tornó dificultosa la aplicación de las “Reglas” de 1992 que se establecieron tras el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y tras de que los estadounidenses se sintieron en libertad plena para venir a secuestrar, a su vez, al doctor Humberto Alvarez Machaín, quien supuestamente habría mantenido vivo a Camarena para que lo pudieran seguir maltratando y sacándole información. De esta forma, se narcotizó la agenda entre México y Estados Unidos.

Y, por supuesto, el caso fue un pretexto para enviar más agentes a México.

Como la propia droga, siempre han existido agentes estadounidenses en México y agentes mexicanos en los Estados Unidos, no en los mismos números obviamente, porque nuestras economías y poblaciones son muy distintas, pero estas “Reglas” de participación de los agentes estadounidenses en México eran necesarias para fijar sus funciones. Sin embargo, esas reglas fueron rotas por Estados Unidos en el 98, con la famosa operación “Casablanca” que trataba de ubicar a los lavadores de dinero en México. Se trató de una operación encubierta, unilateral, de la cual Estados Unidos nunca dio un informe a México y constituyó una violación flagrante de la soberanía nacional. Por eso en aquel mismo año se estableció un convenio de colaboración México-Estados Unidos para trabajar conjuntamente en el campo del narcotráfico y del crimen organizado, en general. Sin embargo, el tema ahora ya está muy saboteado, por llamarle de alguna manera, por estas operaciones encubiertas de Estados Unidos que violan la soberanía mexicana. Nos venimos a enterar, por ejemplo, ya en este siglo y con estas dos últimas administraciones, que las violaciones continúan en el ámbito del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. La operación “Rápido y Furioso” puso de nuevo en alto riesgo la relación entre ambos países, porque se trató de un acto planeado en la Unión Americana para que sus autoridades federales supuestamente dieran seguimiento a un tráfico ilegal de armas, pero que violentó obligada y necesariamente la soberanía mexicana. Esto irritó enormemente a la población y a las instituciones mexicanas, sobre todo cuando el propio presidente Calderón reconoció que no le reclamaba más a Obama porque, a final de cuentas, los malos eran los mexicanos que adquirían las armas ilegalmente en Estados Unidos, cuando en el fondo sabemos que el tráfico de armamento es propiciado por las leyes estadounidenses. Sin pretender meterme con la Constitución de aquella nación, sabemos que tienen la famosa Segunda Enmienda que establece que está permitido a los estadounidenses armarse hasta los dientes. Lo que no está permitido es la exportación ilegal de armas y, sin embargo, está tolerada, incluso, por el propio Departamento de Justicia, al autorizar operaciones encubiertas para, según ellos, dar seguimiento a las armas introducidas ilegalmente en México y llegar al núcleo de los importadores, pero desde órganos oficiales. ¡Como si esto fuera una operación de película! Con eso lo único que se ha logrado es modificar pautas que en el pasado existían sobre el comportamiento de los agentes de Estados Unidos en México y sobre corresponsabilidad, aceptación de las responsabilidades y la cooperación como los únicos principios que podían regir el intercambio de información, de agentes, y para que esos agentes de ninguna manera invadan esferas que les están prohibidas.

¿La rispidez en la relación la ha provocado Estados Unidos con este comportamiento respecto a sus agentes? ¿La idea es que nosotros aceptemos todo lo que ellos quieran y que ellos investiguen en México lo que les de la gana?

La idea, de conformidad con lo establecido en las “Reglas” del 92 y en la convención del 98, es que vengan única y exclusivamente a colaborar con las autoridades mexicanas y a intercambiar información para que nosotros podamos perseguir el narcotráfico, sin su participación. A ellos no les está permitido ni siquiera que porten armas. Los mexicanos quisiéramos ver un gobierno más engallado, mucho más molesto y mucho más del lado nuestro y de quienes defendemos la soberanía nacional. Esto es lo que no está pasando, porque el propio Presidente sostiene que la única cooperación que podemos recibir es la de Estados Unidos y que si ésta viene a veces con operaciones encubiertas, como “Rápido y Furioso”, eso “está bien”, o por lo menos no le parece tan sancionable porque tiene, digamos, el objetivo común de buscar a quienes están introduciendo ilegalmente las armas a México. Desde mi punto de vista, lo que el Presidente tendría que tomar en cuenta es que hay, efectivamente, una violación a la soberanía porque no se trata de un acuerdo o un operativo conjunto.

 

Inermes ante intromisiones

No es un consenso de ambas naciones.

No está consensuado, ni planeado, ni existe para ello una directiva que haya aprobado el Senado de la República. La misma Iniciativa Mérida nunca fue aprobada por el Senado, porque pasó como un acuerdo interinstitucional, que es una de las formas  como el gobierno le da la vuelta a los legisladores y acuerda con Estados Unidos sin ningún sometimiento a la legalidad, cuando la Constitución establece con claridad que todo aquello que tenga que ver con la soberanía, que se plasme en un acuerdo o tratado y que esté afectando la seguridad nacional, tendría que pasar por el Senado. Esto revela un comportamiento muy desesperado del gobierno de México, que acepta intromisiones, que no reclama lo suficiente, que no demanda ni exige respeto y que deja a su población inerme frente a estas operaciones de agentes extranjeros.

Con el argumento de la seguridad, Estados Unidos prácticamente hace lo que quiere y México lo acepta con las orejas agachadas.

A mí me da la impresión de que con esta idea que tiene Estados Unidos de que la seguridad es lo más importante, que en realidad no lo es sólo para ellos, sino también para México, creen que pueden hacer lo que quieran y han estado poniendo a prueba la paciencia de los mexicanos. Ellos han encontrado que el gobierno de México protesta poco y que los mexicanos estamos muy al margen de la información de lo que ocurre, de lo cual venimos a enterarnos siempre por los medios, principalmente extranjeros. Esto se le reclama a la canciller cuando va al Senado y contesta que hay reglas, pero lo que no contesta es que éstas son violentadas, violadas a partir de operativos no combinados ni concertados.

¿Este mismo comportamiento lo veremos con el petróleo? Sabemos que Estados Unidos tiene mucho interés en participar en programas de exploración conjuntos y parece que ya hay una posición del gobierno para permitir la inversión de capitales privados en Pemex.

En el caso del petróleo, hay efectivamente todo un proyecto que sí incluye, por cierto, al Senado como consultor o, al menos, como observador, para el establecimiento de un tratado sobre el tema de los yacimientos transfronterizos. En ese sentido a mí me parece bueno, porque hay yacimientos que están en la franja, sobre todo en el llamado Cinturón-Plegado-Perdido que nace en las costas de Tamaulipas y llega hasta lo que denominamos el Hoyo de Dona. Ya está reglamentado y existen una serie de disposiciones para el caso de que se encuentren yacimientos, para su distribución, etcétera. Se ha constituido en el Senado una comisión que le da seguimiento a las disposiciones que apenas están surgiendo. Por otra parte, se habla mucho de que México debería abrirse al capital privado en Pemex. Sin embargo, en ese sentido no hay nada aprobado. Tampoco creo que sea transportable la experiencia lamentable que hemos tenido en el ámbito de las operaciones encubiertas en materia de narcotráfico hacia cualquier cosa que tenga que ver con el petróleo.

¿Ve usted alguna intención de Estados Unidos de actuar con provecho frente a las elecciones mexicanas?

A mí me preocupan mucho las declaraciones de la señora Hillary Clinton, que insiste en que en México hay terrorismo, más cuando estamos conscientes de la doctrina de seguridad nacional que fue creada en la época de George W. Bush y publicada un año después del ataque a las Torres Gemelas. Esa doctrina establece que todo aquel país que sea considerado inamistoso o terrorista para Estados Unidos sufrirá las consecuencias, ya que esta nación actuará, con o sin permiso, para defender sus instituciones. Es lamentable que alguien trate de atribuirnos acciones terroristas o la presencia de actores terroristas. Por eso creo que los señalamientos de la señora Clinton son una manera tramposa y engañosa de darnos un calificativo que no merecemos, por un lado, y que a la vez nos pone en un riesgo elevado. Si yo fuera parte del gobierno, me concentraría en esas dos cosas: evitar cualquier posibilidad de que sigan violentando la soberanía nacional con operaciones encubiertas y que se nos siga tildando de terroristas, como para ir justificando una posición más agresiva. Me preocupa que en adelante las reacciones de Estados Unidos sean de más agresividad, a partir ya no sólo de los temas de seguridad tradicionales, como el narcotráfico, sino del supuesto terrorismo en México, que, insisto, no existe. Sí hay un alto grado de violencia y de criminalidad, pero de ninguna manera terrorismo.