El PAN rentabiliza así la cultura
Si la libertad significa algo, será, sobre todo,
el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír.
George Orwell
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Seguramente envalentonado por el aura de impunidad que protege corrupciones y destrucciones patrimoniales, el Director del Museo Nacional de Arte sigue los pasos de conspicuos personajes impuestos por Felipe Calderón al frente de instituciones culturales del país, como el caso de Teresa Vicencio al frente del Instituto Nacional de las Bellas Artes y el licenciado Manuel Villalpando, titular del Fideicomiso del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Emulando el autoritarismo patrimonial que gestó la destrucción del discurso arquitectónico de la sala principal de Bellas Artes, y a la insultante opacidad que campea en la administración de los cuantiosos recursos destinados a los insulsos eventos financiados por el Fideicomiso Bicentenario, varias empresas ofertan con singular entusiasmo la privatización momentánea del espacio cultural que le ha sido confiado a la Dirección del museo, quien consiente encuentros románticos e íntimos en la exquisita atmósfera propiciada por la concepción arquitectónica del majestuoso Palacio de Comunicaciones, y decorado con extraordinarios ejemplos de la creatividad de los grandes pintores, cuyas obras —expuestas ahí— conforman parte importante del patrimonio pictórico del pueblo mexicano.
Inserto en un portal de tres empresas especialistas en organización de eventos, la sede del Museo Nacional de Arte es ofrecida como un espacio propicio para peticiones de mano —por tan sólo 34 mil 800 pesos con IVA incluido—, para organizar cocteles, ambigús y banquetes hasta para 450 personas.
Tan sólo en lo que va del 2011, la reportera Mónica Mateos-Vega de La Jornada acreditó 20 eventos privados, destacando entre ellos un coctel para 450 personas para una empresa publicitaria, eventos por los que el funcionario dice obtener un pago uniforme de cinco mil pesos, sin distingo de si se trata del alquiler de un salón a una pareja o si se renta todo el inmueble para un promedio de 450 asistentes.
La contundencia de las evidencias puso al descubierto la opacidad del funcionario sobre actividades no contempladas por el reglamento del Museo, y la propensión del PAN por rentabilizar la cultura, demostrando con ello la peculiar visión que sobre la transparencia, la honestidad y el Estado de derecho, tienen la mayor parte de los funcionarios y legisladores blanquiazules cuando se trata del patrimonio —sea energético o cultural— del pueblo mexicano.
Tal y como ocurrió con el escándalo desatado por la sesión fotográfica tomada en las instalaciones de la Mega Biblioteca José Vasconcelos en febrero de 2007 —cuyo reglamento estipulaba que sus actividades se constreñían al préstamo, clasificación y conservación del acervo literario bajo su custodia— el Museo Nacional de Arte está exclusivamente facultado para exhibir, conservar, difundir y estudiar el patrimonio artístico que le fue conferido o que recibe en préstamo temporal para su exhibición pública.
Bajo esa premisa, el alquiler de las instalaciones del Munal no está permitido y regulado, muy a pesar de existir un convenio signado en 1995 con su patronato a fin de recaudar fondos a través de eventos organizados en sus instalaciones.
No sorprende constatar que, pese a ese acuerdo con prominentes empresarios, ningún funcionario se hubiese ocupado por reglamentar dicha situación, pues la indefinición favorece la opacidad de los ingresos provenientes de este tipo de actividades, las cuales, por cierto, deben sujetarse a la normatividad internacional y de Protección Civil a fin de garantizar la preservación y resguardo de sus acervos por sobre la rentabilidad de los espacios que los albergan.
No contento con el condenable uso patrimonialista del inmueble y de la colección pictórica a su cargo, Miguel Fernández Ortiz resulta ser además de opaco, un violador de derechos humanos y de garantías individuales, según la denuncia del articulista Jaime Avilés, quien afirma que descolgó una caricatura de Rafael Barajas El Fisgón —incluida por el curador de la exposición temporal Los sueños de una nación, un año después del bicentenario”— a través de la cual el monero ejerció su derecho a la libertad creativa, consagrado desde mayo de 2009, por la Constitución.
La deliberada violación acredita la ignorancia y el desprecio de la burocracia impuesta al frente del otrora prestigiado Instituto Nacional de Bellas Artes, pues como bien concluye el documentado ensayo Las controversias de la libertad en las artes visuales, del doctor Jorge Sánchez Cordero, “La reforma al artículo 4° párrafo IX de la Carta Magna, le asegura a las artes visuales la libertad de su lenguaje simbólico, indispensable para su creación”, proscribiendo con ello la censura a la que tan afecta son los gobiernos blanquiazules.
Por ello —y parafraseando a Orwell— si la libertad creativa significa algo, será, sobre todo el derecho a caricaturizar aquello que el Poder no quiere ver.