Entrevista a Ernesto López Portillo/Director ejecutivo del Insyde

Por Antonio Cerda Ardura

Michoacán se ha convertido en el centro de un debate atroz, tras de que los partidos políticos han recurrido a la utilización del pretexto de la delincuencia organizada para el descrédito entre unos y otros.

Esta semana, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, así como el candidato de las izquierdas a jefe del gobierno michoacano, Silvano Aureoles Conejo, anunciaron que impugnarán ante las autoridades electorales y la Procuraduría General de la República la votación del 13 de noviembre en esa entidad, ante presuntas irregularidades cometidas por el PAN y el PRI, por haber rebasado topes de campaña con apoyos del gobierno federal y por indicios de que el crimen organizado operó para imponer un gobernador.

Desde el mismo día de la elección, tanto el PRD como el PAN afirmaron que grupos delictivos amenazaron a la población para que votara por un partido distinto del PRI.

Sin embargo, el lunes pasado se dieron a conocer por televisión grabaciones de audio que revelaban presuntas amenazas de Horacio Morales Baca, supuesto integrante de la organización delictiva La Familia Michoacana, a los habitantes de Tierra Caliente y Tuzantla, a quienes amagaba con asesinarlos o quemar sus casas, con sus familias adentro, si votaban por el candidato del PRD, al que “se le detectó que anda apoyando a Los Caballeros Templarios (la banda rival)”.

Tras haber sido acusado de haber recibido dinero de esa organización criminal, Aureoles dio a conocer su disposición de presentarse ante las autoridades para que se le investigue.

A su vez, Jesús Zambrano indicó: “No podemos consentir que desde esta elección se marque la referencia con miras a los comicios presidenciales de julio del próximo año”.

“Si el gobierno federal inició esto dando a conocer la grabación del narco”, continuó el dirigente perredista, “es su obligación mantener las indagatorias hasta el final porque no debe repetirse este episodio en las elecciones federales del 2012”.

En entrevista con Siempre!, Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, advierte que la utilización de la delincuencia por parte de los partidos, las procuradurías y los medios de comunicación, ya sea como herramienta para el descrédito político o para desinformar sobre las estrategias de seguridad, debilita profundamente el Estado de derecho y pone en riesgo a México.

Rumores y desinformación

¿Qué panorama nos presentan estos señalamientos de que la delincuencia organizada operó en Michoacán para presionar a los votantes en el proceso del 13 de noviembre?

Desde hace cuando menos dos años algunos expertos han advertido sobre el riesgo de que la delincuencia organizada modifique sus patrones de comportamiento históricos, que normalmente han sido estrictamente económicos, para incorporar ahora incentivos que tienen que ver con influencia política. El objetivo es que, a través de esta influencia, se incremente aún más ese poder económico, por su capacidad ya sea de someter a grupos o personajes políticos o de construir complicidades o alianzas con ellos. Eso es lo primero: no es novedad la identificación del riesgo. El segundo elemento es que este país sigue basando sus opiniones, cuando menos en la opinión pública, en la especulación, los rumores, la información parcial y en versiones no confirmadas. Es decir: no avanzamos en la construcción de un espacio de información pública, respecto al poder de la delincuencia organizada, que nos permita saber con precisión qué tanto está progresando lo que podemos definir como un proyecto político o proyectos políticos de la delincuencia organizada. ¡No sabemos de qué tamaño es esa nueva tendencia!

Ejemplo: se habla ya, incluso, de que la delincuencia está levantando leva, como si se tratara de un ejército.

Sí. El problema es que siempre son versiones que, aunque parecen ser ampliamente extendidas, e, incluso se dice que en el ámbito local en muchos casos las comunidades saben que esto sucede, no tenemos fuentes de información que lo validen. Esto es muy delicado, primero, porque se construyen versiones basadas en información no confirmada, pero, segundo, porque probablemente hay atrás censura y autocensura. Es decir: hay también sometimiento de las fuentes de información, ya sean oficiales o independientes: las procuradurías, las secretarías de Seguridad Pública, las secretarías de gobierno, los medios de comunicación, etcétera, de manera que se va debilitando el derecho a saber de parte de la sociedad mexicana, que no cuenta con un retrato fidedigno de lo que es el poder real de la delincuencia organizada. Estamos suponiendo que cada vez hay mayor poder de la delincuencia organizada, por la cantidad de información que tenemos en torno a casos en investigación y por información que a veces logran exponer los medios de comunicación, pero sólo con cierta evidencia empírica. Sin embargo, el saldo global es que no está mejorando la calidad de la información.

No es suficiente ni está confirmada.

¡Nunca!

A muchos nos daría la impresión de que las quejas de los perdedores en Michoacán, en el sentido de que operó la delincuencia en las elecciones, no es más que parte de una guerra sucia. En Michoacán perdió la hermana del Presidente. Antes se destacaban los esfuerzos del gobierno por contener la delincuencia y, tras el proceso electoral, surge la versión de que la delincuencia orientó el resultado. ¿No le parecería que el propio gobierno o el mismo Presidente están propiciando la expansión de rumores y de versiones no confirmadas?

Yo no puedo validar esto que usted dice, porque no tengo la información para hacerlo. Lo que sí puedo decir es que la desinformación procede de los gobiernos federal y estatales, y también de los medios de comunicación. Esta desinformación puede ser producto de estrategias políticas, pero también puede ser causada por el sometimiento a la delincuencia organizada o por las complicidades. Lo que yo menciono como desinformación es, o la publicación de informaciones parciales, a través de filtraciones, o la no publicación de información importante para proteger intereses políticos y económicos. La desinformación puede ser tanto una parte del problema, para que la interpretación sea sesgada, o por el ocultamiento de mayores datos o detalles para mantenernos en una condición de simulación en la que la delincuencia se vea más pequeña de lo que realmente es. Los eventos de Michoacán y la información que se ha publicado, yo los defino como parte de este proceso de desinformación, pero, a su vez, esta desinformación se vincula con la incapacidad de las procuradurías, tanto la federal, como las locales, para construir versiones confiables para el público e investigaciones profesionales y creíbles para los jueces. Nuestras procuradurías son espacios que reproducen la desinformación, muchas veces amparándose en la ley de la reserva de la información, pero también seleccionando qué información dan o no dan a  conocer.

Digamos que existe selectividad oficial para manejar algunos casos.

Así es como lo veo. Entiendo que usted está tratando de explicarse por qué ahora sí surge esta información de las amenazas a votantes. Pero yo no puedo especular. Afirmar que esto es una estrategia política del Presidente, sería tan irresponsable como lo que las propias instituciones hacen para desinformarnos. Lo que yo digo es lo que puedo sostener: hay desinformación, opacidad, falta de confianza en las versiones de las procuradurías, una estrategia de las propias procuradurías para desinformar, y una incapacidad de las procuradurías para generar versiones de los hechos basadas en investigaciones profesionales.

 

Inercia histórica

¿Esto significa que se está protegiendo una estrategia fallida del gobierno para combatir a la delincuencia?

Se reproduce una estrategia fallida contra la delincuencia organizada a través de la desinformación, que no permite a la sociedad crear alternativas, junto con las propias instituciones, para enfrentar este fenómeno. Parte de esta estrategia fallida, contundentemente fallida, es tratar a la sociedad como una suerte de menores de edad que no pueden acceder a la verdadera información de lo que está pasando. El gobierno federal, los gobiernos estatales, el del Distrito Federal y las administraciones municipales repiten una inercia histórica de disminuir el problema, remando a contracorriente de la información que sí se logra saber, que sale de su propio control y que muestra, con absoluta contundencia, el empoderamiento de la delincuencia organizada.

Si en verdad ocurrió que la delincuencia influyó en el proceso electoral de Michoacán, ¿qué debe hacer la población?

Para la población ésta es una situación extraordinariamente compleja, porque a la sociedad no le toca, desde luego, establecer la verdad de los hechos. Le toca a las procuradurías. Tampoco le toca a la sociedad construir la información para la opinión pública. Le toca a los medios de comunicación. Y yo insisto en que tanto las instituciones del Estado, como los medios de comunicación, están haciendo un trabajo de desinformación, voluntario o no, por este poder de la delincuencia organizada y por esta simulación política respecto a la gravedad de los acontecimientos. A nosotros, como sociedad, nos toca crear procesos de presión social que transparenten las instituciones del aparato de justicia y de seguridad pública. Sólo desde la perspectiva de reconocer el problema se pueden sanear esas instituciones, porque son las que están encargadas de elaborar la verdad histórica de los acontecimientos. Y concluyo que el riesgo de que todos los partidos políticos utilicen el problema de la delincuencia organizada como una herramienta para el descrédito de los adversarios políticos es altísimo. La irresponsabilidad de los partidos políticos puede llegar al punto de inventar información para desacreditar al adversario, enviando a la opinión pública datos parciales que enseñen una supuesta realidad donde unos son cómplices de la delincuencia organizada y otros no, cuando, en realidad, la delincuencia organizada se ha incrustado en los gobiernos de todos los colores a lo largo del país. El hecho de que los medios de comunicación utilicen la delincuencia organizada y sus embates contra el Estado mexicano como una bandera de confrontación política, eso también significa un riesgo altísimo. Eso no va a hacer más que debilitar profundamente, aún más, el Estado de derecho en México. Ese es el gran riesgo.