Poder transformador del sistema

Genaro David Góngora Pimentel

Ignacio Ellacuría, un jesuita con un pensamiento profundamente filosófico, estaba enfocado siempre a la realidad que sufrían las personas en América Latina. El filósofo siempre expresó su inconformidad ante la situación de gran injusticia en la que vivía la población más pobre y más oprimida de la sociedad o las “mayorías populares” como las llamaba, consecuencia de un gobierno deficiente ante toda la violencia estructural que atentaba contra el pueblo.

Ellacuría describía la situación que se vivía en su tiempo en El Salvador como “una guerra civil donde no se vislumbraba una solución si el Estado y la guerrilla seguían insistiendo en el uso de la vía armada; una estructura económica marcada por el capitalismo periférico que causaba una desigualdad social apabullante; la necesidad de una reforma estatal constantemente frustrada por la oligarquía; un gobierno surgido de fraudes electorales; un Estado fundado en una democracia falsa y de baja intensidad y al servicio del imperialismo norteamericano; un marco jurídico cuya declaración de derechos humanos era palabra muerta”.[1]

Las demandas de Ignacio Ellacuría recobran actualidad en situaciones sociales y políticas como las que vive México, un país donde el discurso de derechos humanos, Estado de derecho, democracia, institucionalidad, entre otros, se utiliza de forma ideologizada para ocultar fines ilegítimos e injustos; y donde la legalidad de la injusticia es una realidad frecuente que atenta contra nuestras vidas.

En nuestra sociedad existe una “falla”, nuestros gobiernos siguen sido deficientes en atender los intereses de las mayorías. La exclusión social y la injusticia estructural han sido causas fundamentales del conflicto que vive hoy México.

Un gobierno se debilita cuando rige su actitud gubernamental por los intereses de los grupos que ostentan poder, al hacerlos más privilegiados a ellos, el Estado va perdiendo cada vez más poder. “…El Estado ha sido vencido y ha sido vencido sin gran esfuerzo por una clase minoritaria (…) después de tantos aspavientos de previsión, de fuerza, de decisión, el Gobierno ha acabado diciendo: a sus órdenes, mi capitán”.[2]

Ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni la tutela armada, han sido los mejores garantes de los intereses de las personas porque sus fines se han concretado en la toma del poder y sus intereses partidarios.

El problema de inseguridad ciudadana que estamos viviendo en México es alarmante e indignante, tan sólo en los últimos cinco años se han registrado más de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos —muchos miles más de los desaparecidos en la Guerra Sucia de los años setenta—. El crimen se ha extendido como una plaga a lo largo y ancho de la nación, la impunidad permea a todo México y junto con ella los causantes de tanta violencia, cada día vemos cómo la justicia se diluye frente al incumplimiento de las obligaciones del Estado.

Existe una colusión dramática entre las autoridades y el crimen organizado, lo que se vuelve realmente peligroso para el sostenimiento de la democracia mexicana. La criminalidad ha crecido porque no tenemos instituciones fuertes —policías, poder judicial, gobiernos locales—, con capacidad de acción y que sirvan de modelo y autoridad creíble ante el ciudadano incrédulo, tal vez nuestro problema prioritario no sea la criminalidad y la violencia, sino el principal sea “la ausencia”.

Ausencia de Estado, ausencia de instituciones gubernamentales que sean capaces de mantener el orden, imponer reglas y ganarse el respeto de la ciudadanía.

“En nuestra sociedad la justicia pasa cada vez menos por las instituciones encargadas de garantizarla, como son la policía, las autoridades y los jueces, y cada vez más por las propias mafias y por individuos solitarios que, sabedores de la inutilidad de recurrir al sistema en busca de reparaciones o sanciones para los abusos de que son víctimas, ejecutan la justicia por su propia mano”.[3] La falta de repuesta de las autoridades está orillando a muchos a llegar a este retraso civilizatorio.

En sus tiempos Montesquieu afirmó que “no hay tiranía más cruel que la que se perpetúa en nombre de la ley y de la justicia”. En México tenemos que comenzar por erradicar la tiranía de la impunidad, de la corrupción, del exceso, del abuso y la no rendición de cuentas para que pueda comenzar a imperar la ley. Los políticos y los líderes tienen una responsabilidad medular que jugar en este proceso, pero sólo los ciudadanos los pueden obligar a cumplir. La principal fuerza que puede sacar al país del atolladero en que se encuentra es el ciudadano ávido de soluciones.

La “fuerza social” —como la nombraba Ellacuría— es la que puede trastornar un sistema entero al punto de transformarlo.