Modelo decadente y acabado
Alfredo Ríos Camarena
El Estado mexicano, en su formación histórica, ha mantenido características que lo definen como un Estado social de derecho, que tiene como teleología la justa distribución de la riqueza, la protección a las clases sociales más débiles y la defensa de la soberanía nacional. Estos objetivos se han establecido a través de leyes, tales como la agraria, la del trabajo, la de educación y la de los pueblos indígenas, además, con la aplicación de una economía que no se fundamenta en el mercado, sino en la rectoría del Estado para la conducción de la política económica; así lo ordenan, entre otros, los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales. Otra de las obligaciones del Estado es resguardar la paz social y la seguridad pública.
Estos paradigmas son producto de la lucha del pueblo a lo largo de la historia; hoy, tal parece que se están perdiendo, y se está cavando la tumba de ese Estado social y progresista.
En materia de seguridad pública, las condiciones cada día son más severas y dramáticas, regiones enteras están influenciadas por el crimen organizado y la narcocracia; la influencia externa ha sido desastrosa, así lo demuestran palmariamente la operación “Rápido y Furioso” que fomentó el contrabando de armas para grupos criminales y la estrategia de la DEA para lavar dinero; este último tema, el gobierno dijo desconocerlo, lo cual resulta sumamente grave.
A pesar de todo lo anterior, sería verdaderamente absurdo calificar que todo el país y los protagonistas políticos están contaminados, e igualmente, argumentar que la influencia política y electoral del narco se ha convertido en un fenómeno imparable; hacerlo, como lo sustenta el propio presidente Calderón, es darle un sentido electoral al tema, que lo distorsiona y lo empequeñece. Asimismo, la actitud presidencial de no felicitar al ganador de las elecciones en Michoacán y sus reiteradas denuncias sólo evidencian el fracaso de la lucha contra el crimen organizado y, también, abren compuertas autoritarias que pueden mezclarse con las elecciones del 2012.
Es verdad que tenemos un grave problema de criminalidad, pero no confundamos la democracia imperfecta e inacabada que tenemos, con la acción del Estado para intervenir en los procesos electorales; le han costado mucho al país las instituciones que nos rigen, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales debemos apoyarlas en el trabajo que realizan.
El Estado nacional está tocado de muerte, más aún, cuando el pasado 13 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó uno de los instrumentos legislativos más desastrosos que se hubieran podido formular; se trata de la Ley de Asociaciones Público Privadas, que vulnera la constitucionalidad y el derecho social, otorgándole a los particulares las facultades del Estado, permitiéndoles el endeudamiento exagerado, que finalmente se convertirá en deuda pública, como es el fracaso financiero de los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo); a los campesinos los lesiona gravemente al permitir que las expropiaciones pierdan el carácter de utilidad pública, para convertirse en instrumentos del Estado que pretenden obedecer a los intereses lucrativos de la iniciativa privada, rompiendo así uno de los paradigmas que postula el artículo 27 constitucional.
El Estado nacional tiende a desaparecer cuando sus funciones —que deben ser gratuitas y de servicio público— se convierten en negocios, a veces turbios y oscuros de particulares.
Es muy triste, pero en esta hora del país, estamos frente al debilitamiento total de un Estado nacional, producto de la sangre y del dolor de muchas generaciones de mexicanos.
El futuro de México no se ve halagüeño, pues seguimos pensando absurdamente que será el modelo globalizador neoliberal la receta adecuada para solventar el destino del país.
Qué lamentable que esto esté sucediendo, pues en el mundo parecen surgir nuevas tesis y principios para superar este modelo decadente y acabado.