Falsaria letanía de promesas oportunistas

No honres con tu odio a quien
no podrías honrar con tu amor.
Friedrich Hebbel

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Arropado por la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, Felipe Calderón hizo gala de un oportunismo rastrero y ramplón, demostrando con ello su bajeza ante la importancia que reviste la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A pesar de la relevancia que debiese dar a un evento inscrito dentro del marco de la más profunda reforma constitucional a favor de esos derechos el provocador de la crisis humanitaria denunciada ante la Corte Penal Internacional le imprime un carácter panfletario y electorero y en su intervención da a conocer un programa de siete compromisos de su administración cuyo contenido insulta la inteligencia y la conmemoración de tan destacada efeméride.

Tras cinco años y tres días de haber declarado la guerra al crimen organizado, el michoacano exhorta a “actualizar la legislación y los protocolos para que la participación de las fuerzas armadas sea apegada a la legalidad”, cuando ha sido precisamente el Ejecutivo quien velada pero eficientemente ha obstaculizado los avances de dicha actualización —solicitud expresada por las Fuerzas Armadas desde el 19 de febrero de 2007— ya que ello somete al Ejecutivo al control de la soberanía, y tal disposición constitucional contraría sus ambiciones bélico-políticas.

El mandatario promete “atender a víctimas mediante registro de ADN de fallecidos y de personas”, cuando su administración no ha sido siquiera capaz de proveer de presupuesto mínimo a la Procuraduría de Atención a Víctimas, institución creada al calor de una discusión con el poeta Javier Sicilia, quien enarbola —entre otras desgracias— las exigencias sociales por el creciente incremento de “desaparecidos” en este país.

Calderón habla de “abrirse más al escrutinio de organismos internacionales”, cuando su colérica reacción fulmina con amenazas a los 23 mil mexicanos que en pleno ejercicio de su derecho de acceso a la justicia acudieron ante la Corte Penal Internacional a fin de que este organismo determine si existen o no responsabilidades imputables a quienes pudiesen ser los responsables de la crisis humanitaria más dramática de la historia del país, debacle que en tan sólo cinco años ha provocado más de 50 mil muertes violentas, miles de desaparecidos, éxodos masivos provocados por la violencia, el asesinato de mil 400 menores de edad y la trata de cientos de miles de personas.

El titular de la administración pública propone “cumplir con las sentencias de la Comisión Internacional de Derechos Humanos”, cuando los familiares de las “muertas de Juárez”, denunciaron la simulación y la mezquindad del Estado al negarse a colocar en el memorial el nombre de todas las mujeres asesinadas en esa entidad. El desagravio y el perdón públicos a Rosendo Radilla y a su familia no corrieron mejor suerte y las dificultades para cumplir con las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo parecen estar condenadas a la misma soberbia gubernamental.

El inquilino de Los Pinos habla de “capacitar y promover” el respeto a los derechos humanos dentro de la burocracia, cuando se constata en todos y cada uno de sus subalternos un desprecio abismal hacia los derechos y garantías individuales de los mexicanos, patente menosprecio que nutre las políticas de exclusión, marginación y represión que agravian los principios inherentes a los derechos humanos desde su concepción en 1789.

Sin rubor alguno Calderón proclama que se debe “proteger a defensores de los derechos humanos”, cuando en tan sólo quince días don Nepomuceno Moreno y don Trinidad de la Cruz fueron arteramente ejecutados en sus comunidades; Norma Andrade, valerosa activista juarense, fue víctima de un artero ataque, y Eva Alarcón y Marcial Bautista, dirigentes del grupo de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, fueron “levantados” por un grupo de paramilitares en su natal Guerrero.

Para cerrar su falsaria letanía de promesas oportunistas, Calderón instruye explorar caminos para que los militares acusados de violación de derechos humanos sean juzgados por jueces civiles, desconociendo las acciones que en ese sentido han adoptado las Fuerzas Armadas como respuesta institucional a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que una vez más la desidia presidencial postergó a encontrar el timing para dar mediáticamente la instrucción como parte de su acto fársico.

Constatar la simulación y el doble discurso de Felipe Calderón sobre derechos humanos permite aplicarle puntualmente la sentencia de Hebbel, pues el político michoacano “no puede honrar con su odio lo que no puede honrar con su amor”.