Entrevista a María del Pilar Hernández/Profesora-Investigadora del IIJ-UNAM

 

Nora Rodríguez Aceves

No hay voluntad política para designar a los tres consejeros electorales faltantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, “no la veo a menos de que, como siempre, haya una serie de negociaciones tras bambalinas que puedan satisfacer la necesidad de poner a quien los diputados quieren poner en el consejo, ésa es la única voluntad política que hay, consejeros a modo”, afirma María del Pilar Hernández Martínez, profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la especialista en Derecho Constitucional, el CGIFE “siempre ha estado partidizado sería ingenuo pensar que no es así, porque más allá no de una militancia sino de una inclinación ideológica, una simpatía hacia cierto partido político, está ahí, ése es el juez. Por eso, que digan: es por cuotas, y entonces que los ciudadanos mexicanos que somos destinatarios de la funcionalidad institucional y gubernamental estemos ciertos de que los procedimientos son transparentes.

Ellos mismos hablan de transparencia, pero lo que es menos transparente —más allá de este ‘toma y daca’ en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados— es que no quieren ser lo suficientemente claros, honestos y responsables de cara a la ciudadanía, a la cual tienen completamente abandonada; los ciudadanos no contamos para nada, aun cuando ya 32 ciudadanos mostraron el rostro en el interés, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la custodia de la legitimidad última de lo que implica la institucionalidad representativa en este país, se hizo a un lado. Cuando se pregunta ¿cuál sería la solución? No me parece que haya una solución, porque nunca habrá candidatos suficientes que satisfagan el perfil que ellos desean y que pongan ‘a modo’ en el Consejo General.”

El pasado 30 de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requirió a la Cámara de Diputados celebrar los actos propios y necesarios tendientes a la designación de los —tres— consejeros electorales faltantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de su actual periodo ordinario de sesiones, el cual concluye el 15 de diciembre próximo.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el Tribunal Electoral, “lo anterior con la finalidad de que las etapas del proceso federal electoral en marcha se desarrollen con un IFE integrado de manera óptima según lo establece la Constitución mexicana”.

Ante esta determinación, Hernández Martínez recuerda que “el nombramiento de los consejeros por parte de la Cámara de Diputados debió de haberse verificado hace 14 meses. Todavía en diciembre de 2010, los diputados acordaron que en un plazo perentorio se habrían de designar, sin embargo los acuerdos políticos no llegaron a buen término, no obstante que hay 17 personas en lista, y la última terna integrada por Cecilia Tapia, Enrique Ochoa Reza y David Gómez Alvarez fue desechada, y en aras de la transacción política por cuota que se verifica en la Cámara de Diputados, no se llegó tampoco a buen término”.

Recursos y plazos

“En este ir y venir se presenta en octubre del presente año un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por el señor Alvaro Uribe y que la Sala Superior desecha, por esto que técnicamente se denomina ‘falta de interés jurídico’; posteriormente, se interponen otros recursos que son acumulados por parte de diversos ciudadanos miembros de la Coparmex, y nuevamente la Sala Superior los desecha con el argumento de falta de interés jurídico, y no es sino hasta finales de noviembre cuando el diputado petista Jaime Cárdenas Gracia interpone un recurso de inconformidad ante la Sala Superior argumentando que, desde luego, están haciendo nugatorio su derecho a votar en términos de designación a quienes legítima y legalmente deben de integrar el Consejo General del IFE; la Sala Superior asume el recurso de inconformidad —de queja por mejor decir— y resuelve que la Cámara de Diputados tiene un plazo perentorio que se vence el 15 de diciembre y que, en caso de que no se llegue a un acuerdo para la designación de los consejeros, tendrán que celebrar un periodo extraordinario que no podrá —según las mismas declaraciones del diputado Emilio Chuayffet, miembro de la Cámara de Diputados y presidente de la Mesa Directiva— ir más allá del 16 de diciembre.”

“En toda esta encrucijada también el mismo diputado Chuayffet ya anunció que en la eventualidad que no haya un acuerdo entre las fuerzas políticas para la designación de los tres consejeros tendrá que ser, como sucedió en el caso Yucatán, la Sala Superior quien designe a los tres consejeros que en este momento no han sido designados.”

María del Pilar Hernández, comenta a Siempre! la responsabilidad que cada una de las instancias involucradas en toda esta trama tiene. “En principio, la responsabilidad es de la Cámara de Diputados que haciendo dilatoria la designación, porque particularmente juega la cuestión de las cuotas partidarias que necesariamente ellos quieren ver representadas en el CGIFE, lo que obstruye un sano proceso de designación que no tenga que ver con un peso específico en el interior del Consejo General, sino que responda a los intereses ciudadanos de poder diligenciar un proceso electoral ya de por sí difícil, porque es una contienda federal de elección del titular del Ejecutivo federal, pero además de manera concurrente con 12 entidades federativas, lo cual convierte la arena propiamente de la contienda en verdaderamente compleja.”

En cuanto al IFE, debió activar algún tipo de “mecanismo más allá de la Sala Superior o, incluso, la Suprema Corte, aunque hubiese desechado el recurso, pero que se hubiese visto actividad con la plena intención de funcionar constitucional y legalmente como un consejo integrado en la víspera no sólo de la elección, en la normalidad democrática”.

Por parte de la Sala Superior, asegura: “Desde siempre he dicho que se les hace cada vez más complicado transitar a acuerdos, porque, así como en términos partidarios hay tribus, pareciera que cada uno de ellos tiene su propia personalidad y suman en ocasiones por ciertos intereses”.

“Cuando hablo de los recursos tanto del ciudadano Uribe como de los miembros de la Coparmex —es sumamente lamentable—, tendría yo que decir que la Sala Superior los hubiese desechado, porque qué mayor interés legitimo puede existir que el del ciudadano interesado en que las instituciones republicanas democráticas funcionen, y funcionen adecuadamente. La legitimidad en nuestro país no es una cuestión menor; tenemos serios problemas, los frentes están abiertos en diversos lugares, y el que la institucionalidad misma no esté funcionando, verdaderamente pone en crisis todo el sistema jurídico nacional.”

Falta de interés jurídico

“Constitucionalmente, podría decir que los argumentos que la Sala Superior abona no están justificados. Si yo tuviese que hacer memoria del recurso, del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, Uribe precisamente ahí en la misma Sala Superior, y algunos de sus miembros sobre todo en boca del ponente que es el magistrado —Pedro Esteban— Penagos, hacen alusión a que ¿cuál es el problema, más allá de la falta de interés jurídico?, ¿cuál es el problema en que no esté integrado el Consejo General, si sigue  funcionando?, lo cual es sumamente lamentable, incluso traen al caso la situación de la no designación de uno de los ministros y que hizo que el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedara en empate.”

“¡No!, si no se trata de justificar lo injustificable, las instituciones desde luego funcionan; yo ponía el caso con mis compañeros de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, que entonces recortemos los nombramientos para que sean órganos unipersonales, y así no se verían en la encrucijada de estar negociando y paralizando el buen funcionamiento, si con uno solo basta. De esa manera, incluso, acortaríamos cuestiones presupuestales, ya no estaríamos tampoco labrando ni abonando a una situación por demás penosa: que en aras de la ausencia de tres consejeros, el mismo Consejo General del Instituto Federal Electoral aumenta a sus sueldos cantidades también agravantes para la ciudadanía, es un costo que ya no se tolera más, no la democracia, los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos.”

“De hecho —agrega María del Pilar Hernández—, una propuesta que hace tiempo yo hacía, particularmente en términos de la ausencia del presidente de la república, es este método denominado de los ‘insaculados’, es un método muy democrático que permite que, más allá de la suplencia, que desde luego es una institución que abona a eventuales ausencias de los titulares, porque de manera inmediata se llama a quien esté en la lista en orden decreciente y con todos los estándares de legalidad que se deben de cubrir.”

Por otro lado, “cuando hablo del sistema de los ‘insaculados’ es un método que debió haber sido ensayado para quitar cualesquier viso de eventual interés partidario en la designación de los consejeros.  ¿A qué me refiero?: una vez que estos ciudadanos mexicanos han pasado todos los tamices de la constitucionalidad y de la legalidad entran en un sorteo, porque todos los están satisfaciendo, no hay uno mejor que otro, y esto da por resultado que verdaderamente sean aún más fiable los consejeros que quedan, y que no estén en una negociación de quiénes quedan, no me gusta, por qué no me gusta, o que incluso de manera mediática se esté descalificando a los ciudadanos mexicanos”.

“En efecto, la reforma constitucional y legal de 2007-2008 funciona, el gran problema no es de la labor pretoriana, la labor legislativa; el problema es humano, los partidos políticos que están tan alejados de la ciudadanía solamente abonan en términos de sus intereses copulares, de sus intereses oligárquicos y en este maridaje que con otros actores de la clase política o de la iniciativa privada generan, obviamente también están custodiando sus intereses, no sólo desde la Cámara de Diputados sino también a través del CGIFE.”

Afinar un sistema

Aun cuando la situación de un IFE incompleto es nueva y la ley no prevé sanción alguna, María del Pilar Hernández, explica que “es otra vez volver a la circularidad de ‘no pasa nada si no está integrado el Consejo General’, ¡no, claro que sí pasa! Lo que se está desconociendo es la Constitución, la Constitución tiene determinado en el artículo 41 la integración del CGIFE y existe todo un sistema de responsabilidades que desde luego tiene que ser activado. Los mexicanos pareciera que estamos transitando en esta laxitud de ‘si no se integra no pasa nada’; no, sí pasa, es desconocimiento del orden jurídico y en la medida que en la parte de responsabilidades —que va del artículo 108 al 111 de la Constitución— determina un sistema, se está generando una serie de erosiones a la legitimidad institucional, lo cual es sumamente grave; no, no hay sanciones porque no quieren buscarse las sanciones; ahora mismo yo no podría decirle: la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos seguramente debe de tener alguna previsión en este sentido de fincar, no sólo a través de un exhorto del Tribunal Electoral, sino de activar mecanismos de responsabilidades que corresponden a la máxima representación de la ciudadanía en la Cámara de Diputados; no podemos seguir dejando pasar lo que no debe de pasar en este país”.

En este contexto, surge la necesidad de “afinar un sistema mucho más adecuado de designación de los órganos electorales en general para que no se vuelva a presentar esta muy desafortunada experiencia. La parte de la institucionalidad es muy importante, pero esa institucionalidad en este país está secuestrada por los partidos políticos. La otra parte que yo veo, es esta construcción de ciudadanía, hacernos ciudadanos más responsables, que verdaderamente pugnemos por que las instituciones funcionen, y funcionen de manera correcta.”

Iniciado el proceso electoral federal del 2012,  María del Pilar Hernández advierte que esta situación sí afecta aunque “hasta ahora los partidos políticos representados en el IFE, y en general los partidos políticos, están siendo muy cautelosos en hacer algún tipo de cuestionamiento toda vez que ellos mismos son los que están representados en la Cámara de Diputados, pero como siempre ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’, no tengo la mínima duda de que el año próximo esto se convertirá en argumento de descalificación, incluso, a la misma institucionalidad electoral.”
“Cómo es posible que estuvieron diligenciando todo el proceso previo a, en términos de inicio, cuando no estaba debidamente integrado el CGIFE. Ellos mismos utilizarán como argumento de descargo o de eventuales sesgos, incluso hasta en sede jurisdiccional, esta falta de integración cuando los responsables son precisamente ellos.”