Ahora, ¿qué va a pasar?
Manuel Nava
Acapulco.- Aclarar el origen de la agresión a los estudiantes de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el cual dejó un saldo de dos muertos, el pasado 12 de diciembre, se perfila como una tarea muy complicada, dada la desarticulación del cuerpo de gobierno, la serie de imprecisiones y desinformación, además de las anomalías en que se ha incurrido en los procedimientos periciales y judiciales.
Otro factor es que tanto del lado de los normalistas como del propio gobierno se ha perdido el objeto del caso, que es dar con quienes dispararon y asesinaron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Para unos, la dimisión de los funcionarios no resuelve el problema, pero enarbolan como demanda la dimisión del gobierno; para el gobierno se trató de un complot en el que participaron funcionarios del régimen recién concluido del PRI.
Tras el violento desalojo y la destitución de Alberto López Rosas, de la Procuraduría, y Ramón Almonte Borja, secretario de Seguridad Pública, y otros integrantes del cuerpo de Seguridad Pública en Guerrero, el gobierno del estado emprendió acciones que derivaron en mayor incertidumbre.
La vocería entregó a los medios un video responsabilizando a las fuerzas federales de los hechos violentos y del crimen de los estudiantes; el gobernador dijo que lo desobedecieron al filtrar el video y hacer esas acusaciones, pero mantuvo al vocero. Dio por muerto en dos ocasiones al empleado de la gasolinera incendiada, Gonzalo Miguel Rivas Cámara. López Rosas, ya como ex procurador, visitó la escena y dio conferencia de prensa volviendo a presentar videos, pero el gobierno del estado se deslindó de las declaraciones.
López Rosas afirmó en su momento que los ministeriales fueron desarmados, pero en los noticiarios nacionales de radio aceptó que en las fotografías y videos, en particular uno que difundió el mismo día el periódico Reforma en su sitio de Internet, quienes portaban armas eran agentes ministeriales; dijo además que uno de los manifestantes portaba un
rifle de asalto AK 47, del que primero López Rosas afirmó que no había “elementos para considerar que sea estudiante de la Normal”, pero este martes que fue liberado sin ninguna explicación se confirmó que sí es normalista y tiene apenas 19 años.
Luego intentó culpar a los agentes de la Policía Federal de haber sido quienes atacaron a los jóvenes, con la difusión de un video editado que no mostró el momento de la llegada de los ministeriales ni de sus disparos. Una respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que difundió una infografía con tomas satelitales y fotografías de los ministeriales al disparar, echó por tierra la argumentación del aún procurador del estado.
Se filtró la versión de que el incidente fue provocado por Rubén Figueroa Alcocer, y éste curiosamente dio una entrevista diciendo que: “el gobernador Aguirre Rivero no dio la orden de reprimir con la fuerza a los estudiantes, porque tiene la experiencia de lo que se vivió con el asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, cuando el propio Figueroa era gobernador y a consecuencia de esta masacre se vio obligado a dejar el cargo”.
Además consideró que “Son cosas que se dan en la vida pública y son errores que cometen colaboradores que no cumplen correctamente con su función, ése es el fondo de todo esto”.
El sábado 17 de diciembre hubo una reunión privada de veinte minutos entre el gobernador Angel Aguirre Rivero y Rubén Figueroa Smutny de la cual salió diciendo que ya no atacaría más al gobernador. Desde la tarde del 12 de diciembre, desde su cuenta de Facebook, Figueroa Smutny cuestionaba recurrentemente la forma en que se ejecutó el desalojo de los estudiantes de Ayotzinapa y adjudicaba la responsabilidad al Gobierno estatal encabezado por Aguirre, pero ya desde semanas antes lo cuestionaba por su actuación en materia de seguridad pública contra el crimen organizado y la política de desarrollo social.
Si un hecho como Aguas Blancas mereció la separación del gobernador, ahora ¿qué va a pasar?, cuestionaba irónico el diputado federal y se refería al gobernante como Aguikiller. Finalmente dijo que ya no atacaría más y esperaría al resultado de las investigaciones de la Procuraduría General de la República.
La tarde de sábado 17 de diciembre, el gobernador comió con los dirigentes nacionales del PRD Jesús Zambrano y Dolores Padierna, quienes viajaron expresamente para escuchar la versión de Aguirre. La reunión fue privada, pero trascendió el interés del mandatario de convencer a los perredistas de la intervención de fuerzas extrañas en la represión del lunes 12.
De acuerdo con la legislación local, el encargado de la política interna del estado es el secretario general de Gobierno, en este caso, Humberto Salgado Gómez, muy cercano a Angel Aguirre Rivero, y ocupó el mismo cargo durante el Gobierno sustituto de Figueroa Alcocer que encabezó Angel Aguirre.
En las horas siguientes a los hechos del 12 de diciembre, Salgado Gómez se jactó de estar coordinando el operativo de desalojo y de mantener el contacto directo con el gobernador del estado.
El secretario de Gobierno habría pedido al procurador intervenir con agentes de la Policía Ministerial, cuando los policías estatales que participaban en la dispersión habrían transmitido el reporte al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, de que los estudiantes pretendían “atacar” una gasolinería.
Los medios afines estuvieron diciendo que en realidad los estudiantes prendieron fuego a la bomba de la gasolinería porque los policías los acorralaron. Aun así la acción no deja de ser un acto suicida pues, de los dispositivos de control de emergencias, las consecuencias pudieron haber sido mayores dadas las condiciones del suceso.
Funcionarios del Gobierno del estado acusaron a Salgado Gómez de haber coordinado el operativo de desalojo en contra de maestros que bloquearon la avenida Costera de Acapulco, en octubre pasado, cuando demandaban seguridad por la ola de secuestros y extorsiones de presuntos narcotraficantes, principalmente en la zona suburbana del puerto.
Además le atribuyeron a él la idea de desalojar a taxistas que el mes pasado bloquearon la misma principal avenida de Acapulco, en protesta por las acciones de la Policía Federal, a la que acusaron de abusos y prepotencia en las operaciones contra el crimen organizado.
En su momento, el general Ramón Arreola Ibarría, ahora ex subsecretario de Seguridad Pública estatal, dijo que la orden del gobernador fue que se restableciera la paz aquí. “Debemos desalojar a esta gente, nosotros tenemos personal antimotines pero nos recibieron a golpes y con fuego. Por eso el personal de la Policía Federal intervino. El personal a mi cargo estaba desarmado y sólo tenía equipo antimotín, en consecuencia, no contamos con armas de fuego.”
Por su parte la Procuraduría General de la República sostuvo que existe una alteración de la escena del crimen, que el expediente no fue integrado de forma adecuada y que algunas de las armas que utilizaron los elementos de la Policía Ministerial, Seguridad Pública estatal y municipal durante el enfrentamiento no fueron registradas por el Ministerio Público; la zona de la autopista donde se registró el enfrentamiento no fue resguardada como lo marca la ley. Con base en 150 videos que fueron consultados por los peritos de la Procuraduría General de la República se pudieron registrar distintos disparos en la zona, sin embargo, no corresponden con las ojivas encontradas por los peritos.
Las actas de defunción 110251863 y 110251862 asientan que uno de los jóvenes murió al recibir un impacto de bala en la parte frontal del cráneo, mientras que el otro falleció tras un impacto en el cuello. Ambos normalistas murieron de manera instantánea. Pero no se precisa el calibre de las balas.
Además trascendió que Alberto López no aprobó los exámenes de confianza que se aplican a los mandos medios altos.
El viernes 16 de diciembre, el sistema de agencias de Naciones Unidas hizo circular el comunicado núm. 11/343 en cual condenan y expresan su consternación por el excesivo y violento uso de la fuerza contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes se manifestaban en la ciudad de Chilpancingo, el pasado lunes 12 de diciembre y que ocasionó las muertes de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, y las graves lesiones que mantienen en estado crítico al señor Gonzalo Rivas Cámara, empleado de la gasolinería incendiada en el contexto de los incidentes de dicha jornada.
Sin embargo, no reconocen el uso sistemático de la violencia que se ha ejercido sobre los estudiantes de Ayotzinapa en distintas manifestaciones.
El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, dijo en las últimas horas que pedirá al titular de Gobernación federal, Alejandro Poiré Romero, que coadyuve con las investigaciones y se incluya una comisión ciudadana que pudiera ser formada por Javier Sicilia, o por quienes tienen una gran autoridad moral y prestigio.
Un entorno de inseguridad
El jueves 15 de diciembre un grupo de maestros pertenecientes a la Coordinadora Estal de Trabajadores de la Educación en Guerrero denunció el secuestro de algunos de ellos en la zona conurbada del puerto, y advirtieron que en enero harán paro estatal en protesta por la inseguridad que, dijeron, no ha dejado de vivirse.
De acuerdo con la averiguación previa AZUE/SC/01/1145/2011, el campesino Ignacio “N” declaró ante el agente del Ministerio Público, Francisco Bello Pineda, que una vecina del lugar le informó que la madrugada del domingo llegaron a la comunidad sujetos armados y se llevaron a su hermano defensor ecologista, Moisés “N” y su esposa Lucía “N”, junto con sus hijos de 12, 6 y 2 años. Los sujetos se introdujeron en otra vivienda y se llevaron a Emiliano “N”, su esposa, Rocío “N”, y sus tres hijos, todos menores de edad.
Robos, secuestros y asesinatos regresan a las primeras páginas de los diarios locales, en tanto se comienza a cuestionar la participación de los policías federales en el operativo de desalojos a los normalistas cuando la prioridad era el programa “Guerrero seguro”.