Entrevista a Edgardo Buscaglia/Experto en seguridad nacional

Antonio Cerda Ardura

 

Lo anunciado en el libro de la periodista Anabel Hernández, Los Señores del Narco, en el que advierte que el presidente Felipe Calderón utilizaría a narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, para anular a sus principales adversarios políticos, Marcelo Ebrard (ahora sería Andrés Manuel López Obrador), del PRD, y Enrique Peña Nieto, del PRI, relacionándolos con la delincuencia organizada, está convirtiéndose en realidad.

Más tardó en perder su hermana la elección en Michoacán, que Calderón en señalar que el narcotráfico está infiltrado en las campañas políticas de partidos distintos al suyo, cuando, es público, desde hace años, que hay acusaciones contra miembros del PAN, sobre su colusión con narcotraficantes o la delincuencia organizada.

Según Anabel Hernández, Calderón, que ha sido omiso en acusaciones a panistas, pactaría con narcotraficantes, respetando sus vidas, sus propiedades y cuentas bancarias, a cambio de testimonios para asestar golpes mediáticos espectaculares contra sus oponentes.

Respecto a los recientes sucesos en México, relativos a la infiltración de narcos en campañas políticas, la operación de células terroristas, del internamiento ilegal de familiares de dictadores y de operaciones secretas de lavado de dinero y contrabando de armas, por parte de agencias extranjeras, habla a Siempre!, en entrevista, el destacado especialista en cuestiones de seguridad nacional, Edgardo Buscaglia.

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia, y profesor de Derecho y Economía visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), propone que el Congreso mexicano integre una comisión que investigue casos especiales, como ocurre en Estados Unidos o en Francia.

Advierte Buscaglia que México debe evitar quedar en manos de una mafiocracia que determine quién será el ganador de una elección.

 

Los tentáculos de Gadafi

Al parecer, México se ha convertido en la caja de Pandora, con esos males de la intervención de narcotraficantes en elecciones, la operación de terroristas en nuestro territorio, la colusión de la DEA en los cárteles y el lavado de dinero y la posibilidad de que el país se convierta en un paraíso de refugiados indeseables, como el hijo de Muamar Gadafi.

El gobierno federal mexicano, claramente en coordinación logística y de inteligencia con el de Estados Unidos, logró desmantelar una célula que pretendía introducir en México a Saadi Gadafi… ¡Felicidades! Lo interesante de este caso será saber cuáles son los canales de infiltración en el área de Gobernación-Migración y cuáles son las autoridades estatales de Nayarit que esta célula intentó utilizar. Hay que tomar en cuenta que ésta es sólo una célula, que es parte de una organización transnacional, seguramente mucho más amplia, que involucra a personas morales, empresas y autoridades de otros países, que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, no mencionó en su conferencia de prensa. Esta organización podría estar operando en áreas geográficas con distintas fronteras: las zonas de Paraguay, Argentina, Brasil; Centroamérica, México, Estados Unidos; Unión Europea, y Medio Oriente, donde se les consigue pasaportes y demás apoyos operativo-logísticos a miembros de otros grupos de Medio Oriente. Mi sugerencia al gobierno federal es que investigue qué hay más allá de esta célula y que esté pendiente de lo que surja en otras áreas de seguridad nacional que vincule posibles actos de terrorismo y delincuencia organizada transnacional.

Han surgido versiones de que agencias de Estados Unidos, como la DEA, han intervenido en operaciones de lavado de dinero. Durante su juicio en Chicago, el narcotraficante Vicente “El Vicentillo” Zambada ha indicado, incluso, que la DEA otorgó inmunidad a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Ismael “El Mayo” Zambada a cambio de que suministraran información sobre organizaciones rivales. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Previo al caso Rápido y Furioso, en el año 2006 hubo otra operación, muy parecida, llamada Wide Receiver (“Receptor Abierto”). Se utilizaron armas para conocer los canales de distribución logísticos de algunos grupos criminales. Haciendo un seguimiento de entregas controladas, se llega a los receptores y con eso se identifica a los grupos criminales, incluso en operaciones de lavado de dinero. Esa técnica de investigación, que está diseñada para ser realizada con la anuencia de los países involucrados, la utilizan no sólo la DEA, sino otras agencias de muchas otras naciones. De acuerdo con el gobierno mexicano, éste fue el problema de Rápido y Furioso, que aquí no se sabía. Es decir, el problema de utilizar esa técnica es que se ha usado de manera negligente. De repente aparece una de esas armas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la ATF, en la escena de un crimen, en la que el asesinado es un guardia de Border Control, un policía de Control Fronterizo.

Se les salió de control.

Ese es el problema. Luego hay que investigar si hubo corrupción del lado norteamericano. En Estados Unidos reaccionaron institucionalmente y hay una Comisión del Congreso monitoreando el caso. Por eso yo lo que le critico al Estado mexicano es la falta de reacción. Corrupción puede haber en cualquier parte del mundo, y quizás hay más en Estados Unidos, pero lo que uno juzga es cuando el Estado no reacciona. Sobre los dichos de El Vicentillo, en Chicago, por ejemplo, habrá que determinar si se acreditan en un proceso judicial oral, abierto al público. El Departamento de Justicia está tratando de cerrar ese proceso al público, argumentando razones de seguridad nacional. Yo creo que eso es negativo, porque se tiene que conocer la verdad a través de un proceso abierto. Pero lo cierto es que esto se investiga en estos momentos del lado americano. Ante todo, hay una comisión del Congreso que está muy activa llamando a las partes a brindar testimonio, lo que no vemos en México, donde tenemos un Congreso pusilánime que no genera comisiones de investigación adecuadas, se politizan o se esconden abajo de la mesa. Por eso, mi propuesta, que ojalá tomen en cuenta los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y Ricardo García Cervantes, del PAN, es que exista, de manera urgente, una comisión del Congreso que determine la veracidad de algunos casos, como ocurre en Estados Unidos o en Francia. Esto le daría al Congreso un rol institucional mucho más poderoso y activo. Generaría también instrumentos eficaces operativos de investigación para alcanzar mayores insumos probatorios en investigaciones de políticos relacionados con el crimen organizado y sobre terrorismo. El Congreso mexicano está muy subdesarrollado y mi propuesta va más allá de los partidos políticos. El Congreso posee atribuciones para investigar y auditar y realmente no lo está logrando, lo que le haría mucho bien al país y eliminaría mucho “sospechosismo” y las teorías de conspiración cuando cae, por ejemplo, un helicóptero con un alto funcionario. México tiene que formar una comisión, quizás hasta diría que binacional, con investigadores mexicanos y norteamericanos, para llegar al fondo de algunas cuestiones.

¿Hay antecedentes reales de colusión de agentes de la DEA con el narcotráfico y el lavado de dinero?

No. La DEA y otras agencias del gobierno estadounidense lo que hacen normalmente es que utilizan a un grupo criminal contra otro. Infiltran un grupo criminal, le empiezan a sacar información y comienzan a pegarle al bando rival con mayor ahínco. Nuevamente insisto, el problema es que lo hagan con negligencia, de manera incompetente o que haya corrupción. Eso, entonces, es un problema que México debería resolver aprovechando esta crisis de confianza para generar un rol institucional del Poder Legislativo que, aunque parezca ciencia ficción, puede generar investigaciones muy adecuadas como hacen los congresos de todas las democracias desarrolladas del mundo. Yo creo que falta creatividad y obviamente no se quieren pagar costos políticos, porque, como dicen muy bien en México: “Todos le están pisando la cola a todos” y nadie quiere tomar acciones muy activas para llegar a la verdad, que muchas veces involucra a personajes políticos.

 

Descubrir que el agua es húmeda

El presidente Calderón descubrió de repente nexos de personajes políticos con la delincuencia. Durante años se han escuchado testimonios que involucran a políticos de todos los partidos con delincuentes, pero sólo fue hasta que la hermana de Calderón perdió la gubernatura de Michoacán cuando se trató el tema.

No quiero pensar que el Presidente se haya dado cuenta realmente hasta después de cinco años de que grupos criminales infiltran campañas políticas, simplemente porque su hermana perdió una elección, porque esto motiva sospechas. Al menos así lo han expresado algunos mexicanos con los que he conversado. Esto es harto conocido desde hace cinco o seis años y los presidentes de tribunales electorales, como en el caso de Michoacán, ya tenían indicios de que grupos criminales estaban imponiendo a sus candidatos. Lo que dice el Presidente no es novedad, así que suena un poco simulado que lo anuncie a los cinco años de su mandato, como si él fuese un espectador que está sentado en la audiencia descubriendo la pólvora. Yo le diría: “¡Eureka, ya lo sabemos desde hace muchos años!”

¿Cómo prevenirse?

Esto, que es un problema antiguo en el sistema electoral mexicano, es solucionable. Es necesario que los fiscales electorales se pongan a trabajar. Se soluciona a través de mecanismos preventivos que incluyen la autorregulación de los propios partidos. Tampoco es novedad que todos los partidos han reconocido que dentro de sus filas existe compra de votos con dineros ilícitos, reparto de despensas adquiridas con recursos dudosos y un uso desmedido de cash. Así que suena ridículo que el Presidente salga a anunciar que el agua es húmeda, cuando lo importante es saber qué planea hacer al respecto.

Como cabeza del Poder Ejecutivo, el Presidente tiene en su organigrama una agencia de inteligencia, fiscales electorales, policías federales, una Secretaría de la Función Pública y corporaciones que deberían estar trabajando con mayor ahínco para llevar a  proceso judicial a los responsables del uso de dineros ilícitos que violan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estas medidas debió haberlas tomado no ahora, sino hace cinco años.

Se dice que contra la corrupción funcionan salarios dignos y los controles internos institucionales sobre honestidad. ¿Qué se hace con este elemento nuevo de la amenaza, las represalias y el asesinato de funcionarios y de sus familiares cuando no acceden a las peticiones del hampa? ¿Cómo blindar a las autoridades?

Para poder realmente comenzar a destruir la capacidad que tiene la delincuencia organizada de amenazar a funcionarios públicos, se tienen que romper su base logística operativa y sus sistemas de transporte, de compra de votos, de producción de drogas, de tráfico de personas, de contrabando de armas y de piratería. Con eso se ocupa a los grupos criminales en protegerse y se les pone a la defensiva. Hoy no hay ningún grupo criminal mexicano que esté a la defensiva. Se siguen dando a conocer operativos gorditos y flaquitos, pero no están presentando a las cúpulas empresariales y políticas de esos grupos criminales. En México son los propios políticos quienes están conspirando, con su acción u omisión, como grupos criminales, para que se asesine a otros políticos y se amenace a fiscales. La corrupción en México es la madre de la violencia organizada. Una vez que los políticos comiencen a ir a la cárcel y a ser procesados como en Colombia e Italia, ya no formaran parte de las filas de la delincuencia organizada.

Es lo que no se ha visto en México.

¡No vemos a políticos procesados y sentenciados! Esto es un hecho que el Presidente no puede negar. No puede tapar el sol con un dedo y decir que no es así. Es obvio que esto no depende sólo del Presidente: hay un Poder Judicial que fomenta la impunidad con su incapacidad y su corrupción. El gran problema es que el Presidente, en los últimos meses de su mandato, no ha tomado la delantera de generar un pacto político de proporciones históricas, con medidas que en otros países han sido enormemente exitosas.

Usted ha propuesto este pacto desde hace años, pero en realidad no ha sido considerado.

El Presidente puede llegar a diciembre de 2012 con una actitud valiente tras proponer estas medidas a la clase política. Son medidas muy costosas políticamente, porque les quita discrecionalidad a los gobernadores, los asambleístas y, en general, a los políticos. Instalar, por ejemplo, una Unidad de Investigación Patrimonial dirigida a neutralizar la corrupción al más alto nivel requiere un pacto político con el PRI y con el PRD. Lamentablemente el PRI no quiere darle el crédito a un partido con el cual va a competir en doce meses, y el PRD tampoco quiere estar asociado a un gobierno al que todavía acusa de no ser legítimo y que asumió el poder a través de un fraude electoral. Sea cierta o no esa aseveración, hoy nos encontramos con un Presidente débil que no ha podido generar un pacto político similar al que planteó el ex presidente Uribe en Colombia. Lamentablemente tampoco se ve progreso en el desmantelamiento patrimonial de los activos físicos de los grupos criminales.

¿Cómo avizora las futuras elecciones en México con la intervención de la delincuencia o el narcotráfico?

Si sigue este mismo vacío de medidas y no se desbarata la estructura patrimonial de los grupos criminales, la compra de votos a través de empresas fachada va a ser ilimitada y se va a expandir más el problema que el presidente Calderón descubrió hace unos días. Y, por desgracia, la elección mexicana, gane quien gane, va a carecer de legitimidad política, lo que va a generar inestabilidad, porque los grupos que pierdan van a empezar a actuar como el presidente Calderón, diciendo que el que ganó no es legítimo. Así entraríamos en una espiral de inestabilidad política, como producto de la infiltración electoral, lo que lleva a una mafiocracia, un sistema en el que las mafias son las que determinan quién es elegido o no y caminan sobre la alfombra del derecho al voto de los ciudadanos.