La demanda interpuesta por 23 mil mexicanos en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, por la responsabilidad de su gobierno en  crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, tiró sorpresivamente y de un solo golpe a la cúpula panista del altar de la democracia.

¿Quién lo iba a pensar? Ellos, que han invertido cantidades millonarias en propaganda para marcar la diferencia entre un partido —el PAN—  que se arroga el invento de las libertades y del humanismo y otro —el PRI— al que dicen representa “un pasado represor y sin libertades”, se ven de pronto colocados en el banquillo de la Corte Penal Internacional acusados de:

Crímenes de lesa humanidad, que según el artículo 7 del Estatuto de Roma puede significar lo siguiente: asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento o privación ilegal de la libertad, tortura, violación, desaparición forzada de personas, entre otros.

Y también por crímenes de guerra que, de acuerdo al artículo 8 del mismo Estatuto, debe tener la siguiente interpretación: homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, destrucción y apropiación de bienes, causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud y el hecho de forzar a una prisionero a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.

El número de muertos, torturados, desplazados y desparecidos durante la Revolución Mexicana, la Cristiada o el mismo Movimiento Estudiantil del 68 palidece frente a las casi 100 mil víctimas que ha arrojado una guerra mal declarada y mal instrumentada desde todos las vertientes y puntos de vista.

En el primer párrafo, donde se enlista a los acusados, aparece después de Calderón el nombre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Quien haya redactado el documento colocó en un lugar por demás significativo a uno de los líderes más poderosos del crimen organizado y a quien diversas fuentes señalan, con frecuencia, como aliado o protegido de las autoridades gubernamentales.

Es obvio que la demanda interpuesta tuvo la finalidad de establecer ante la opinión pública —aunque fuera de manera sugerente— la vinculación entre el gobierno y uno de los hombres, según la revista Forbes, más “influyentes” del mundo.

Aunque los especialistas en derecho internacional aseguren que la acusación contra el mandatario mexicano no prosperará, el golpe político está dado y se ha escuchado en cada rincón del orbe. Esto es lo que sacó de “sus casillas” al Presidente.

Para alguien que asegura ser un demócrata y vive para demostrar que el “pasado” es sinónimo de autoritarismo y corrupción, debe ser un contrasentido verse, de pronto, estar en compartimentos similares a los que ocupa el dictador Augusto Pinochet o el ex presidene serbio Slobodam Milosevic, el “carnicero de los Balcanes”, acusado de genocidio.

La reacción de la Presidencia de la República terminó de hermanar a Calderón con una dictadura. Amenazar con procesar judicialmente a todo aquel que, dentro o fuera del país, se atreva a acusarlo de cometer crímenes de guerra, confirmó para quienes tenían alguna duda que se trata de un político cuya mentalidad tiene vecindad con el fascismo.

El mismo presidente se encargó de explicarnos a los mexicanos las razones de su fracaso.