Nadie merece ser asesinado
Raúl Rodríguez Cortés
Nadie, por supuesto, merece ser asesinado. Ni siquiera cuando se bloquea una autopista y se afecta a terceros. Menos aún cuando ese bloqueo que, es cierto, violenta derechos de otros fue para exigirle audiencia a una autoridad. Y jamás, cuando los peticionarios son estudiantes que quieren mejorar las condiciones de su escuela.
Pero por pedir audiencia para eso, fueron asesinados los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años y Jorge Alexis Herrera, de 21. Por eso está en coma otro de sus compañeros, y varios más, incluido un despachador de gasolina, están gravemente heridos.
Todos ellos y otros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habían bloqueado el lunes 12 de diciembre, un tramo de la Autopista del Sol que atraviesa Chilpancingo. Policías del estado y federales rompieron el bloqueo. Hasta aquí podría resultar comprensible que procedieran a liberar una importante vía federal de comunicación, pero ¿tenía que ser como lo hicieron, con exceso de violencia y un saldo de dos jóvenes muertos con tiros en la cabeza?
Angel Aguirre Rivero, el gobernador que ya en septiembre se había apersonado en la normal de Ayotzinapa para atender las demandas de sus estudiantes pero que, por lo visto, ya no quería dar otra audiencia, hizo saber el mismo lunes 12 de diciembre, a través del procurador Alberto López Rosas, que los policías estatales tenían la orden de actuar desarmados. Horas más tarde, sin embargo, se difundieron fotografías periodísticas y videos de hombres armados en el lugar de los hechos, algunos vestidos de civil del lado de la policía estatal, algunos de cuyos agentes uniformados también portaban armas largas.
Aunque la procuraduría guerrerense buscó empujar la versión de que esos hombres armados eran parte de los manifestantes ¾imputación que éstos negaron rotundamente¾ la contundencia de las imágenes levantó una ola de indignación que creció cuando se difundió el contenido del video captado por cámaras del Centro de Control y Comando (C4) del gobierno de Guerrero, que muestra el desarrollo del bloqueo, el enfrentamiento, algunos disparos al aire de uniformados y el sometimiento de los normalistas con lujo de violencia.
A Aguirre Rivero ¾ex priísta llegado al poder postulado por el PRD, sobre todo apoyado por Los Chuchos de Nueva Izquierda¾ no le quedó más que cesar al procurador López Rosas, al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borjas, y al subsecretario Ramón Arreola, así como pedir la intervención de la Procuraduría General de la República para garantizar la imparcialidad de la investigación.
La Policía Federal rechaza haber disparado contra los normalistas aunque el ex procurador de Guerrero ha presentado, como prueba de descargo, otro video que sugiere que los federales sí accionaron sus armas en el operativo, lo que autoridades federales y estatales desmienten en tanto que la Procuraduría ha arraigado a doce agentes estatales y ministeriales presuntamente involucrados en el operativo.
A su vez, algunos de los manifestantes aseguran que, por un lado, les disparaban estatales y ministeriales, y por el otro, los federales. Quedaron, aseguran, entre dos fuegos.
¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Se sabrá la verdad? ¿Qué tanto los abusos de fuerza de la autoridad son consecuencia del clima de violencia que se sembró en el país con la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia? ¿O qué tanto son una prueba más de la ineficiencia de las policías en el cumplimiento de sus obligaciones? ¿O qué tanto son provocaciones de la misma autoridad? ¿O qué tanto son grupos violentos infiltrados en grupos que plantean demandas legítimas?
Ojalá y pronto haya respuestas, pero lo que es inaceptable es que dos jóvenes caigan asesinados porque querían pedirle a su gobernador un aumento a los 35 pesos diarios que recibe cada estudiante de la normal para completar sus tres alimentos, reparación de baños, dormitorios y mobiliario de la escuela; aumento de 140 a 170 lugares para alumnos de nuevo ingreso y becas para los más necesitados.
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@RaulRodriguezC
