Ya van 34 años

Magdalena Galindo

No sólo como una burla, según declararon algunas organizaciones de trabajadores, sino como una perversión tiene que calificarse la decisión de fijar un aumento al salario mínimo de 4.2 por ciento, que significa en promedio un alza de 2.45 pesos por día. Tal increíble incremento implica que los trabajadores que viven en la zona A que ganaban 59.80 pesos diarios, para el año 2012 recibirán 62.33 pesos, los de la zona B pasan de 58.10 a 60.57 y los de la zona C de 56.75 a 59.08.

Se trata,  pues, de otro año de aplicación de los topes salariales que formaron parte del paquete de políticas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, en la carta de intención firmada allá en los inicios de la crisis en noviembre de 1976 por el gobierno de Luis Echeverría y ratificada enseguida por la administración de López Portillo. Los topes salariales consisten en que, cada año, los aumentos a las remuneraciones de los trabajadores se fijan por debajo de la inflación, de modo que en términos reales, es decir en lo que realmente pueden comprar, hay una disminución y no un aumento de los salarios. Y, en efecto, desde 1977, con alguna excepción durante la administración de Carlos Salinas, los salarios en México han disminuido todos los años. O dicho en otras palabras, ha habido una masiva transferencia de los trabajadores a los capitalistas a lo largo de esos 34 años.

Por eso no sorprende que hoy la desigualdad en nuestro país sea una de las más graves del mundo, ya que aquí, como se advertía hace unas semanas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 10 por ciento de la población de los más ricos recibe en promedio, 26 veces lo que percibe el 10 por ciento más pobre. Lo que debe subrayarse es que no se trata de un hecho fortuito o de un problema que los sucesivos gobiernos no han sido capaces de resolver, sino de una política deliberada —y despiadada— en la que se fijan esos aumentos, en realidad descensos, a los salarios, precisamente para proteger las ganancias de los capitalistas.

La fijación del salario mínimo, con ese ínfimo aumento de 2.45 pesos para el 2012, tiene importancia, en primer lugar, porque no es cierto, como acostumbra señalar el discurso oficial, que casi no hay quien gane eso, pues los propios datos del InstitutoNacional de Estadística y Geografía, reconocen que alrededor de 6 millones de trabajadores perciben el salario mínimo. Y no sólo eso, sino que el aumento fijado al mínimo opera como una norma en todas las negociaciones contractuales, de modo que afecta al conjunto de los asalariados del país.

En el caso de los 2.45 pesos para el 2012, hay que decir que si bien el porcentaje de aumento de 4.2 por ciento será muy parecido a la inflación que se contabilice oficialmente al término de diciembre de este 2011, los trabadores que perciben el mínimo se verán muy afectados, porque la inflación se mide con una canasta amplia de bienes, en los que las alzas son diferentes, pero si atendemos sólo a los alimentos, que son a lo que se dedica el grueso del ingreso de los pobres, los aumentos de precios son mucho mayores. Por ejemplo, el kilo de frijol hasta noviembre había aumentado un 22 por ciento y la tortilla un 12 por ciento y éstos son los dos alimentos básicos del pueblo mexicano. El caso de otros alimentos es todavía peor, por ejemplo el jitomate saladette subió un 51 por ciento,  el chile poblano un 55 por ciento o la calabaza un 32 por ciento.

La comparación entre el aumento al salario y el incremento de los precios  muestra que los trabajadores del país tendrán que disminuir los alimentos que consumen, o dicho de otro modo, la administración panista ha decidido, una vez más, un salario mínimo de hambre.